La Fiscalía emite una orden de aprehensión contra el exgobernador de Nayarit Roberto Sandoval
El Ministerio Público ha pedido la detención del político y de su hija por el delito de “operaciones con recursos de procedencia ilícita” y ha asegurado que solicitará a la Interpol emitir una ficha roja
La Fiscalía General de la República (FGR) ha emitido una orden de aprehensión contra el exgobernador del Estado mexicano de Nayarit Roberto Sandoval y su hija por un presunto delito de “operaciones con recursos de procedencia Ilícita”, según ha informado el Ministerio Público este lunes. Las autoridades han asegurado que tienen pruebas de la presunta vinculación del político “con diversas personas que han sido detenidas en un país extranjero por delitos relacionados con la delincuencia organizada” y han comunicado que pedirán a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) la emisión de ficha roja para la localización del político prófugo. Sandoval gobernó Nayarit entre 2011 y 2017, un periodo en el que el Estado sufrió una ola de torturas, secuestros y desapariciones. Tras el fin de su mandato, fue inhabilitado para ocupar un cargo público porque se comprobó que en su Gobierno acumuló riqueza de un origen incierto.
El juez ha valorado que “solo a través de una orden de aprehensión se logrará atraer ante la justicia a estas personas”, ya que “los investigados probablemente cuentan con una alta capacidad económica y tienen nexos con un grupo delictivo organizado”. En noviembre, cuando un juez del Estado ordenó la captura de Sandoval las autoridades informaron de que el exgobernador ya no se encontraba en Nayarit. El magistrado ha considerado, además, que el delito por el que se pide la captura de Sandoval y su hija “es de especial relevancia e impacto social” debido a la cantidad “desmesurada” de operaciones reportadas “en detrimento económico de las finanzas públicas de Nayarit”.
Sandoval, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), gobernó el Estado entre 2011 y 2017. Dos años después de terminar su mandato, el político fue inhabilitado para ocupar un cargo público por el Congreso de Nayarit al comprobarse que durante su Gobierno acumuló riqueza de un origen incierto. En septiembre de 2017, el fiscal local durante el mandato de Sandoval, Edgar Veytia, había sido condenado en Nueva York a 20 años de prisión por permitir el trasiego de heroína, cocaína, metanfetaminas y marihuana de México a Estados Unidos.
Las sospechas sobre la conducta criminal de Sandoval no son recientes. La justicia mexicana le ha seguido los pasos desde 2017, cuando la riqueza del mandatario local no correspondía a la de un funcionario público de una entidad que no llega a los dos millones de personas. Desde el sexenio de Enrique Peña Nieto, la fiscalía había comenzado a documentar la bonanza de funcionarios y familiares del político, quienes habían comprado bienes, caballos, ganado y habían recibido contratos de obras públicas.
Ya desde entonces, el Gobierno de Estados Unidos había cancelado la visa del gobernador cuando pretendió visitar la Feria del Caballo Español en California. En 2019, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos congeló las cuentas bancarias del exgobernador y de un juez del Estado tras encontrar vínculos entre el origen de sus recursos y su relación con organizaciones criminales, principalmente con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El Estado se encuentra entre Sinaloa y Jalisco, territorios de los dos grandes carteles que controlan el tráfico internacional de drogas en México, y es, además, la puerta de entrada al conocido como triángulo dorado, una enorme red de campos de cultivo dedicados a la amapola. El exgobernador había recibido varios sobornos por parte del CJNG a cambio de protección e información, según la investigación del Gobierno estadounidense. En enero de 2020, Estados Unidos prohibió el acceso al exgobernador por sus lazos con el narcotráfico.
Meses después, en noviembre, un juez del Estado pidió una orden de aprehensión para Sandoval. La fiscalía local informó entonces de que se le investigaba por “probables delitos de peculado y ejercicio indebido de funciones” vinculados a un fondo de inversión para empresas sociales. “En los últimos días estuvo en los Estados de Jalisco y Nuevo León, además de que presuntivamente el objetivo prioritario ya tiene conocimiento o sospecha de la orden de aprehensión en su contra”, comunicaron las autoridades de la fiscalía local.
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