El Acuerdo de Escazú entra en vigor para frenar los asesinatos de ecologistas en Latinoamérica

Berta Cáceres, Isidro Baldenegro, Cristina Bautista. Paulo Paulino Guajajara, Yolanda Maturana, Homero Gómez. La macabra y larga lista de líderes medioambientales asesinados en Latinoamérica ha forzado a la región a impulsar un tratado que, por primera vez, obliga a protegerlos. Después de años de negociaciones y pese a la ausencia de importantes países como Colombia, Brasil o Chile, el Acuerdo de Escazú ha entrado en vigor este jueves.

El tratado tiene el potencial de revertir la espiral de violencia contra los ecologistas que ha convertido a América Latina en la región con mayor mortalidad del mundo para ellos. Pero también corre el riesgo de convertirse en papel mojado si los 12 países que lo han ratificado, entre ellos Argentina y México, no toman las medidas necesarias para implementarlo. De ser así, teme la defensora del medio ambiente mexicana Leydy Pech, este día será una simple fotografía para el recuerdo.

“Hay muchos intereses en la ocupación de los territorios de los pueblos indígenas. No podemos decir: el acuerdo ya está y mi problema está solucionado. Hay que trabajar para que se traduzca en una realidad”, dice esta aguerrida apicultora maya, reconocida el año pasado con el Premio Goldman, el Nobel del medio ambiente. Pech ha vivido en carne propia lo que es tener tratados y leyes de su lado que se violan impunemente.

Su lucha por frenar la siembra de soja transgénica de Monsanto en Campeche consiguió en 2015 una victoria sin precedentes en los tribunales, que llevó a la cancelación de los contratos del gigante agroquímico en siete Estados del país. Sin embargo, ese tipo de cultivos se sigue sembrando de forma ilegal junto a sus comunidades. “¿Qué está faltando? ¿Por qué siguen sembrando? ¿Dónde están estos vacíos?”, se pregunta. “Eso mismo podría suceder con el Acuerdo de Escazú”.

En una de las regiones más biodiversas del mundo, repleta de problemáticas socioambientales, Escazú se enfrenta a un reto mayúsculo. El texto no solo busca proteger a los defensores ambientales, sino reducir los conflictos al exigir tanto a empresas privadas como a gobiernos que permitan el acceso a la información y la participación pública en cualquier proyecto que pueda tener un impacto sobre el medio ambiente.

Si bien el camino para su implementación será un reto, tanto Pech como las organizaciones de la sociedad civil que impulsaron el tratado aplauden que se haya logrado su entrada en vigor. “Es una celebración incompleta, en construcción, pero lo importante es que sucede, porque bien hubiera podido ser que no se hubiera celebrado nada”, dice Astrid Puentes, codirectora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).

El acuerdo empezó a perfilarse en 2012 y las negociaciones duraron seis años. Puentes recuerda cómo la cláusula que exige proteger a los ambientalistas estuvo a punto de no ser incluida en el texto por la reticencia de algunos países. Sin embargo, la indignación que causó el asesinato de Berta Cáceres en Honduras logró la presión necesaria para que se incorporase. El tortuoso camino hasta la entrada en vigor continuó con las ratificaciones en los congresos.

“Hubo toda una iniciativa a nivel regional de sectores industriales y privados para meter ruido. Se han dicho muchas mentiras del Acuerdo de Escazú, como que incluye derechos nuevos que van a impedir el desarrollo”, lamenta. Eso fue lo que ocurrió en casos tan llamativos como los de Chile, Perú y Costa Rica, que pasaron de ser los impulsores del tratado a no ratificarlo. De hecho, de los 24 países que firmaron Escazú, tan solo 12 lo han aprobado en sus congresos.

Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de la ONU, reconoce que existe “un temor entre algunas empresas en la región” por el acuerdo. “Pero no deberían tenerlo, porque una mejor economía se construye con transparencia e información a la población. Un proyecto tiene mejor rendimiento si se hace con el acuerdo de las comunidades”.

Entre los países que faltan por sumarse al pacto destacan Colombia y Brasil, que precisamente lideran la lista de asesinatos a ecologistas en la región. Bárcena espera que la entrada en vigor del texto sea un “llamado” que impulse a más países a ratificarlo y logre cobrar la fuerza necesaria para poner un alto al drama que viven los líderes ambientales en Latinoamérica.

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