México se suma a la protección de los defensores ambientales con el tratado de Escazú

El 6 de noviembre, la ecologista mexicana Teresa Roldán encontró en su casa una botella con un mensaje. “Te metiste con la gente de Jalisco, pero nunca pensaste en tu familia. Te vamos a hacer pedazos”. La amenaza llegó acompañada dos días después de un aviso más palpable: un comando incendió los alrededores de su casa mientras sus hijos dormían dentro.

Roldán lleva años luchando contra los cambios de uso de suelo en áreas naturales del Estado de Querétaro y sabe que su voz incomoda a quienes buscan construir desarrollos inmobiliarios en esas zonas. Duda que detrás de las intimidaciones esté realmente el Cártel Jalisco Nueva Generación: “ellos llegan y actúan, no te avisan”.

Pero sea quien sea el agresor, lo más probable es que el caso quede impune. Según el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), el año pasado se registraron 39 ataques contra defensores del medio ambiente y casi en la mitad de los casos ni siquiera se supo el culpable. Además, México es el cuarto país del mundo con más asesinatos a ambientalistas, de acuerdo con el último informe de Global Witness.

La misma semana que Teresa Roldán fue amenazada de muerte, el pleno del Senado de México aprobó por unanimidad un tratado regional que tiene el potencial de reducir los conflictos ambientales en América Latina y aumentar la presión sobre los Gobiernos para que protejan a los defensores de la tierra como ella.

El Acuerdo de Escazú fue adoptado en marzo de 2018 en Costa Rica con el objetivo de garantizar el acceso a la información, a la participación ciudadana y a la justicia en asuntos ambientales en Latinoamérica. Sin embargo, todavía no ha entrado en vigor porque solamente lo han ratificado diez de los once países necesarios para hacerlo.

Tras la aprobación en el Senado, México está a punto de convertirse en la última pieza del engranaje para que se ponga en marcha el tratado. El Ejecutivo lo publicó este miércoles en el Diario Oficial de la Federación y solo falta que deposite el instrumento de ratificación en Naciones Unidas, algo que podría ocurrir en los primeros meses del próximo año, según prevé Tomás Severino, director de Cultura Ecológica y representante electo del público en la negociación del tratado.

Las políticas del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador no se han distinguido por su compromiso con el medio ambiente, ya que se han enfocado a dar prioridad a los combustibles fósiles y en aplicar recortes a las instituciones dedicadas a preservar la biodiversidad del país. Sin embargo, Severino explica que la entrada de México a este acuerdo está “en la intención del Ejecutivo de recuperar el protagonismo regional en los temas de derechos humanos”.

Escazú es un tratado pionero, entre otras cosas, porque contiene la primera disposición vinculante del mundo para proteger a los defensores ambientales. El texto urge a los Estados miembros a “prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones”. Como las sufridas por Teresa Roldán.

“El hecho de que el tratado sea vinculante lo hace exigible. Si no sería una declaración de buenas intenciones muy bonita”, dice Juan Carlos Carrillo, doctor en Derecho de CEMDA, una de las organizaciones que formó parte de las negociaciones. La exigibilidad, como en todo tratado, es complicada. “No hay una policía internacional que te pueda sancionar por un incumplimiento”, explica Carrillo. Sin embargo, destaca que “da herramientas para luchar por su cumplimiento”. Y, al ser vinculante, se podría acudir a la Corte Penal Internacional.

La situación de los defensores en México se volvió aún más delicada en octubre pasado cuando el Congreso acabó con el fondo que financiaba un mecanismo de protección que, aunque insuficiente, incluía un botón de pánico y cámaras de seguridad. Escazú, argumenta Tomás Severino, podría ayudar a revertir este tipo de acciones. “Por ejemplo, si han pasado 4 o 5 años de Escazú y México no le ha metido [fondos] al mecanismo, entonces nosotros [desde la sociedad civil] podemos hacer una demanda y además decir esto en los foros de una eventual Conferencia de las Partes de Escazú”. Ahí es donde la presión pública se haría más evidente.

Además, el acuerdo ofrece detalles que no se encuentran en las leyes de muchos países de la región. Por ejemplo, el artículo 7 establece cómo deben realizarse las consultas públicas sobre temas ambientales, un asunto espinoso en México ante el uso que ha hecho el Gobierno de López Obrador de estos procesos.

La ONU criticó duramente la consulta sobre uno de los proyectos estrella del Ejecutivo, el Tren Maya, afirmando que las autoridades decidieron “unilateralmente” el método del proceso sin la participación de las comunidades y la información que presentaron “solo hacía referencia a los posibles beneficios del proyecto”.

Escazú estipula que las consultas tienen que ser previas, deben explicar de manera comprensible el posible impacto ambiental del proyecto, la información debe ser traducida a los idiomas de la población afectada y tiene que ofrecer la oportunidad de que las comunidades presenten observaciones.

En una región como América Latina, la más letal del mundo para los ambientalistas desde hace años, las garantías que ofrece este tratado pueden ser un asunto de vida o muerte. Severino reconoce que en países como México “ni siquiera se cumple la legislación nacional”, pero está convencido de que la presión pública tras la entrada en vigor de Escazú “va a ser fuerte”. De ser así, es posible que el Gobierno tome cartas en el asunto para evitar que el caso de Teresa Roldán sea un número más en las estadísticas.