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Los casos penales contra Trump reaparecen en la recta final de la campaña de EE UU

El impacto de las imputaciones es incierto: el expresidente juega el papel de mártir mientras los demócratas le cuelgan la etiqueta de delincuente

Donald Trump
El candidato republicano, Donald Trump, en la 146ª Conferencia General de la Asociación de la Guardia Nacional de EE UU, el 26 de agosto, en Detroit.Paul Sancya (AP/LaPresse)
Miguel Jiménez

Donald Trump no solo compite por volver a la Casa Blanca y recuperar el poder en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Es posible que para él esté en juego evitar ir a la cárcel por las decenas de delitos de que le acusa un fiscal especial nombrado por el Departamento de Justicia en dos casos diferentes. Ambos casos parecían en el limbo. El de los papeles clasificados de Mar-a-Lago por la sorprendente decisión de la jueza de archivarlo. El de la interferencia electoral de Washington, por la sentencia sobre inmunidad presidencial del Tribunal Supremo. Los dos han reaparecido esta semana a poco más de dos meses de las elecciones. Junto con la sentencia pendiente del caso de Nueva York y la instrucción del caso de Atlanta, pueden marcar la recta final de la campaña electoral, aunque su impacto es incierto.

Hace unas décadas, una acusación penal como alguna de las que pesa contra Trump habría acabado con la carrera de cualquier político. Ningún presidente ni expresidente había sido imputado por un gran jurado hasta el republicano, que lo ha sido en cuatro casos diferentes por decenas de delitos. Un jurado popular declaró a Trump culpable de 34 delitos por falsedades en facturas, cheques y apuntes contables para ocultar pagos a la actriz de cine porno Stormy Daniels —para que guardase silencio y no perjudicase sus opciones electorales en las presidenciales de 2016—. Además, otros jurados le han declarado culpable de fraude, abuso sexual y difamación en casos civiles. Pese a ese historial, Trump maneja con maestría sus dotes de comunicación, sus bulos y sus redes de propaganda para presentarse como un mártir, una víctima de la persecución política.

Ese es el guion que ha seguido esta semana. Dos casos que parecían aparcados vuelven al primer plano, aunque ninguno de ellos irá a juicio antes de las elecciones del 5 de noviembre. La jueza federal Aileen Cannon, nombrada por el propio Trump, decidió archivar en julio de forma sorprendente el caso de los papeles de Mar-a-Lago con la tesis de que el nombramiento del fiscal especial, Jack Smith, era ilegal porque no lo había designado el presidente (lo hizo el fiscal general) ni había sido ratificado por el Senado. Trump celebró la decisión de la jueza, que rompía con todos los precedentes al respecto. Sin embargo, Smith presentó el lunes un recurso ante el Tribunal de Apelaciones del undécimo circuito o división judicial, que ya ha propinado varios varapalos jurídicos a la jueza por sus decisiones favorables a Trump. El caso, por tanto, sigue vivo y coleando.

El otro caso que había quedado en el alero es el del mismo fiscal ante un juzgado de Washington D. C. en el que se acusa a Trump por sus intentos de alterar el resultado de las elecciones de 2020, que perdió contra Joe Biden. El juicio estaba fijado para comienzos de marzo, pero los abogados del expresidente recurrieron una y otra vez alegando inmunidad presidencial. El Tribunal Supremo, de mayoría conservadora, le concedió una amplia inmunidad por los actos realizados en ejercicio de su cargo, convirtiendo en papel mojado parte del escrito de acusación inicial, pero dejando que los tribunales inferiores continuasen con el caso y trazasen la frontera.

El fiscal ha conseguido una nueva imputación votada por otro gran jurado que considera que se adapta a la nueva doctrina y que mantiene la acusación por los cuatro delitos de la anterior. En ella, deja al margen aquellos actos que, en su opinión, quedan amparados por la sentencia del Supremo, principalmente sus interacciones con el Departamento de Justicia, y se presentan como actos privados de un candidato las presiones sobre autoridades para alterar el resultado. Trump y sus abogados creen que la nueva acusación sigue violando su inmunidad. La jueza Tanya Chutkan, nombrada por Barack Obama, tendrá que decidir, al menos en primera instancia.

Donald Trump da un discurso a simpatizantes el 6 de enero de 2021, antes del asalto al Capitolio.
Donald Trump da un discurso a simpatizantes el 6 de enero de 2021, antes del asalto al Capitolio.Jim Bourg (REUTERS)

A la espera de condena

La misma sentencia del Supremo sobre inmunidad llevó al juez Juan Merchan a aplazar la sentencia por el caso Stormy Daniels, inicialmente prevista para el 10 de julio. El juez la aplazó hasta el 18 de septiembre para dar tiempo a las partes a alegar si dicho fallo del alto tribunal afectaba a su caso o no y tomar una decisión, esta prevista para el 16 de septiembre. Los abogados de Trump solicitaron la semana pasada al juez que aplazase la condena hasta después de las elecciones. En teoría, la decisión de Merchan podría poner a Trump entre rejas durante años, aunque lo más habitual en casos como el suyo es que quede en libertad condicional.

Que Trump prefiera que la condena se aplace es señal de que cree que le puede perjudicar electoralmente, aunque el efecto sobre los votantes no está del todo claro. El expresidente cayó algo en las encuestas después de ser declarado culpable a finales de mayo, pero con frecuencia ha utilizado sus problemas judiciales para movilizar a los suyos y lograr donaciones para su campaña. Tras las decisiones del fiscal especial, Trump ha insistido sin fundamento en que se trata de una “caza de brujas”. Ha dicho que la acusación de Washington es “ridícula” y debería ser desestimada inmediatamente y que todo es un intento de “interferir en las elecciones”.

Curiosamente, la campaña demócrata, por lo general muy agresiva contra Trump, ha guardado silencio sobre las últimas decisiones de Smith. Durante la convención de Chicago de la semana pasada, varios dirigentes del partido trazaron el contraste entre la fiscal Kamala Harris y el delincuente convicto Donald Trump. Es una comparación que muchos en el partido esperan que emerja también en el debate del próximo 10 de septiembre. Sin embargo, los demócratas no han hurgado esta semana en la herida, acaso temerosos de dar credibilidad a la tesis trumpista de la persecución política.

Los mítines de esta semana servirán para medir qué aproximación hacen a la cuestión los candidatos. Harris está de campaña en autobús por Georgia, uno de los Estados decisivos, junto a su candidato a vicepresidente, Tim Walz, y dará un mitin en Savannah este jueves. Trump tiene programado un mitin La Crosse (Wisconsin) este jueves y otro en Johnstown (Pensilvania) para el viernes, en otros dos Estados decisivos.

Harris, además, ha concedido por fin su primera entrevista desde que el presidente Joe Biden se retiró y le dio paso como candidata hace más de un mes, en la que también puede aparecer la cuestión de las imputaciones de Trump. Se emitirá en la CNN este jueves a las 21.00 horas del Este de Estados Unidos, las 3.00 de la madrugada del viernes en la España peninsular, con la peculiaridad de que Harris la da acompañada por Tim Walz.

J. D. Vance, candidato republicano a la vicepresidencia, se burló de ello este miércoles, diciendo que es como si un adolescente llevara a su madre o a su padre a su primera entrevista de trabajo. “Esa es un poco la sensación que da”, dijo Vance en WISN-AM, una radio conservadora de Wisconsin, según recoge AP. “Kamala Harris está un poco demasiado nerviosa, un poco demasiado ansiosa, por esta entrevista. Así que va a llevarse a Tim Walz para que la ayude y asegurarse de que si se mete en un charco, él pueda sacarla de apuros”, añadió.

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Sobre la firma

Miguel Jiménez
Corresponsal jefe de EL PAÍS en Estados Unidos. Ha desarrollado su carrera en EL PAÍS, donde ha sido redactor jefe de Economía y Negocios, subdirector y director adjunto y en el diario económico Cinco Días, del que fue director.
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