El Tribunal Supremo de EE UU sugiere que salvará la ley sanitaria de Obama

Un Tribunal Supremo de mayoría conservadora ha comenzado este martes a decidir el futuro de la Ley de Asistencia Sanitaria, conocida como Obamacare, al escuchar argumentos a favor y en contra de la demolición de la que ha sido una de las bestias negras de Donald Trump desde que llegó al poder. Es la tercera vez que la ley es llevada al máximo tribunal para ser derogada. Los dos anteriores intentos fallaron. La diferencia ahora es que existe un brutal desequilibrio en el tribunal, con seis jueces conservadores frente a solo tres liberales. Aun así, una mayoría de magistrados se ha mostrado favorable a mantener la ley.

La salud no debería de ser un asunto partidista, sino humanitario, ha dicho este martes el presidente electo, Joe Biden, en su segunda comparecencia tras su discurso de victoria el pasado sábado. En su opinión, la política destructiva de Trump respecto al Obamacare —la reforma sanitaria que fue una de las estrellas del mandado de Barack Obama— ha convertido en un asunto de “vida o muerte” la salud para muchos estadounidenses. Además ahora con el agravante de la pandemia, la falta de empleo y la inseguridad económica. Según Biden, enterrar la Ley de Asistencia Sanitaria (ACA, en sus siglas en inglés), que facilitó el acceso a los seguros médicos, sería, cuando menos, cruel.

Junto a su compañera de viaje a la Casa Blanca, Kamala Harris, Biden ha prometido a los ciudadanos que a partir del 20 de enero, cuando jure su cargo en las escalinatas del Congreso como presidente, se encargará de que la protección sanitaria llegue a la mayor parte posible de la población. “Voy a luchar por la cobertura de la salud de cualquier familia como lucho por la de la mía”, ha dicho.

El Supremo ha empezado este martes a analizar la ley esta vez a petición de un grupo de Estados gobernados por los republicanos y liderados por Texas. La iniciativa cuenta con el apoyo del Gobierno. En el primer día de exposición de argumentos, al menos cinco de los nueve jueces se han mostrado favorables a mantener la ley. Incluidos dos magistrados clave, el presidente John Roberts y Brett Kavanaugh. “No es nuestro trabajo” tumbar la reforma sanitaria cuando el Congreso no lo hizo, ha dicho Roberts durante la audiencia, que se ha desarrollado por teleconferencia y ha durado unas dos horas. La decisión del Supremo no se espera hasta la primera mitad de 2021, ya bajo el mandato de Biden, quien ha prometido defender y ampliar el alcance de Obamacare, mientras que Trump ha tratado sin éxito de derogar esa ley sanitaria durante sus casi cuatro años en el poder.

El único elemento de la ley que se ha cuestionado este martes ha sido el que contempla la penalización para aquellos que no contraten un seguro médico. “Se trataría de eliminar esa obligación y dejar el resto de la normativa en pie”, ha explicado Kavanaugh. El Supremo ya salvó en dos ocasiones —en 2012 y 2015— la pieza más importante del legado del expresidente Obama (2009-2017), una ley sanitaria que ha dado cobertura a más de 20 millones de personas en Estados Unidos.

Trump demonizó el Obamacare durante la campaña de 2016. Y ahora, aunque ya es un presidente saliente (un mandatario que ya no cuenta, por mucho que siga aferrándose al poder y no reconozca el resultado de las urnas), vuelve a hacerlo.

La polémica ley llega a un Supremo de abrumadora mayoría conservadora, con seis de sus nueve miembros designados por presidentes republicanos. Trump aprovechó la muerte el pasado 18 de septiembre de la juez progresista Ruth Bader Ginsburg para poner en marcha un nombramiento exprés que sentara antes de las elecciones del pasado 3 de noviembre en el banco de la mayor autoridad judicial del país de por vida a una mujer, Amy Coney Barrett, devota católica e intérprete ortodoxa de la Constitución, para precisamente lidiar con temas como el que ahora estudia el Supremo.

Obamacare es de vital importancia para más millones de estadounidenses a los que la ley les da cobertura médica. De producirse, su anulación llegaría cuando Estados Unidos ha superado ya los 10 millones de casos de covid-19 y continúa siendo el país más afectado por la pandemia en términos absolutos. Cuando se cumplió el décimo aniversario del buque insignia de la Administración de Barack Obama, en marzo pasado, el coronavirus se había llevado por delante 340 vidas. Hoy hay más de 240.000 muertos.

Según una encuesta de NBC News y The Wall Street Journal (otras también apuntan en esa dirección), la Ley de Asistencia Sanitaria sigue siendo igual de popular que cuando nació, a pesar de todas las embestidas que ha sufrido. No hay que olvidar que a pesar de esta ley, en Estados Unidos quedan sin cobertura médica todavía 27 millones de ciudadanos, lo que se traduce en un 8,5% de la población.

“Obamacare será reemplazada por una alternativa MUCHO mejor y MUCHO más barata si la cancela el Tribunal Supremo”, tuiteó Donald Trump en septiembre.

Según las encuestas citadas por el presidente electo, Joe Biden, el 58% de la población desea Obamacare frente al 36 que la rechaza. “Nueve de cada diez demócratas están a favor de Ley de Asistencia Sanitaria; ocho de cada diez independientes, y dos tercios de los republicanos”, dijo Biden. Al contrario que en los anteriores desafíos a Obamacare, ningún senador republicano ha expresado su respaldo a la demanda en el Supremo, en una muestra de lo polémico que sería derogar esa ley sin tener otra legislación para sustituirla en plena pandemia de la covid-19.

Pese a los intentos por tumbar el Obamacare hasta ahora, lo máximo que consiguió Trump fue que el Congreso, controlado por los republicanos, debilitara en 2017 uno de los pilares de la ley —la obligación de todos los estadounidenses de contratar un seguro médico—, al dejar en cero la multa económica que existía para aquellos ciudadanos que no lo hicieran.

El Estado de Texas argumenta ahora que ese cambio convierte la ley en anticonstitucional.

En su primera revisión de la ley en 2012, el Supremo determinó que la obligación de contratar el seguro médico, y la multa correspondiente, podía contemplarse como un impuesto, y eso era constitucional bajo el poder del Congreso de imponer tasas.

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