Bruselas quiere cerrar la puerta a que Rusia recupere el dinero inmovilizado por las sanciones
La Comisión plantea dos opciones para financiar a Ucrania: usar activos rusos congelados por el castigo al Kremlin o recurrir a un préstamo de la UE

A pesar de los obstáculos que se está encontrando, la Comisión Europea mantiene su propuesta de financiar a Ucrania a través de los activos rusos inmovilizados en la UE por las sanciones. Incluso, sube la apuesta. En la propuesta legal que ha presentado este miércoles, plantea invocar poderes de emergencia y que, sea cual sea la fórmula final con la que se le preste apoyo financiero al país invadido por las tropas de Moscú, “se prohíba cualquier transferencia de los activos inmovilizados del Banco Central de Rusia a Rusia”. Con ese órdago, que va a enfurecer a Moscú, se podría movilizar hasta 210.000 millones de euros de fondos vinculados con el Kremlin (algunos de ellos solo a partir de 2028) que están congelados en entidades financieras en territorio comunitario.
La Comisión, que trabaja in extremis dada la delicada situación financiera de Ucrania, que va camino del cuarto aniversario de guerra, ha puesto sobre la mesa dos propuestas. La primera es coger parte (unos 90.000 millones) de ese dinero inmovilizado por las sanciones contra Rusia, que se encuentra sobre todo en Euroclear, una empresa belga dedicada al depósito de valores financieros. La segunda es pedir un préstamo respaldado por el presupuesto comunitario con garantías de los Estados miembros para hacerle llegar fondos a Kiev.
Aunque la Comisión lance dos propuestas, la principal y prioritaria sigue siendo usar los activos rusos congelados en la UE para crear el llamado “préstamo de reparación” sin intereses para Ucrania y que solo tendría que devolver si Rusia paga los daños de la guerra que inició hace ya casi cuatro años. Esa fórmula no gusta en absoluto a Bélgica, el país donde está Euroclear, la entidad financiera que custodia los fondos. De ahí que Bruselas haya presentado también una segunda opción, a cuenta del presupuesto común, que no gusta a la mayoría del resto de socios.
“Tenemos salvaguardas muy fuertes para proteger a los Estados miembros y reducir los riesgos tanto como sea posible”, ha asegurado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al presentar la propuesta. Bruselas señala que esas salvaguardas también son para proteger a las instituciones financieras de posibles medidas de represalia dentro de Rusia y de expropiaciones ilegales fuera de Rusia, en particular en jurisdicciones favorables a Moscú. La conservadora afirma asegura que ha tenido en cuenta las preocupaciones de Bélgica y que el país no afrontará solo los riesgos. “Estamos aumentando el coste de la guerra de agresión de Rusia”, ha lanzado.
Bélgica, sin embargo, no está contenta con el esquema. “El texto que la Comisión presentará hoy [por este miércoles] no aborda nuestras preocupaciones de manera satisfactoria. No es aceptable utilizar el dinero y dejarnos solos ante los riesgos”, ha criticado el ministro de Asuntos Exteriores, Maxime Prévot, a su llegada a la sede de la OTAN horas, antes de que Von der Leyen y el comisario de Economía y Finanzas, Valdis Dombrovskis, presentaran el nuevo esquema de apoyo a Kiev.
“Hemos dicho repetidamente que creemos que la opción del préstamo [basado en los activos rusos congelados] es la peor de todas. Es arriesgada y nunca se ha hecho antes”, ha añadido Prévot. “Es una preocupación legítima. Nuestra puerta siempre ha estado abierta y sigue estándolo, sin embargo, tenemos la frustrante sensación de no haber sido escuchados. Se están restando importancia a nuestras preocupaciones”.
El país invadido necesita, según los cálculos del FMI, unos 136.000 millones en los próximos dos años para alimentar su maquinaria defensiva contra el ejército ruso y para el funcionamiento propio del Estado (sueldos de funcionarios, pensiones, prestaciones...) y para seguir combatiendo los ataques del Kremlin. Tras la retirada del sostén estadounidense, la UE está ahora prácticamente sola con la factura del apoyo a Kiev, pero el Ejecutivo comunitario aspira a que otros aliados ayuden ahora a completar la cifra necesaria desde los 90.000 millones que propone poner Bruselas.
La propuesta de Bruselas da un salto cuantitativo en el abordaje de los activos inmovilizados por las sanciones al Kremlin. El Ejecutivo comunitario quiere bloquearlos indefinidamente invocando poderes de emergencia y que esa condición no tenga que renovarse cada seis meses, como sucede ahora. Una medida que trata de evitar los posibles vetos a la prorroga de las sanciones de países como Hungría. Para justificar esa iniciativa, Bruselas alega que es “necesaria urgentemente para limitar el daño a la economía de la Unión”.
“Dado que Rusia sigue sin mostrar signos de voluntad de comprometerse con una paz justa y sostenible, la presión sobre los recursos de Ucrania sigue aumentando, lo que hace aún más vital el apoyo sostenido de la UE”, dice en un comunicado la Comisión, para justificar la propuesta que lanza justo un día después de que concluyera sin avance alguno la reunión entre Estados Unidos y Rusia para negociar un plan de paz.
Con las dos opciones lanzadas este miércoles y que ahora tendrán que debatir los Estados miembros, queda fuera una de las tres planteadas hace unas semanas: la transferencia directa de los Estados miembros a Kiev.
Que Bruselas plantee vetar el regreso de los activos rusos a Moscú también cambia el escenario de negociaciones futuras sobre este tema. Los fondos son un asunto controvertido que formaba parte del plan de paz de 28 puntos ruso-estadounidense, elaborado sin Ucrania y sin la UE, y que se puso sobre la mesa hace un par de semanas. Es un pedazo de pastel muy jugoso y Washington quería usar 100.000 millones de dólares de esos fondos para reconstruir Ucrania y quedarse con los beneficios. Para el dinero restante, planteaba crear “un fondo conjunto EE UU-Rusia para proyectos bilaterales que aumenten los incentivos a evitar un retorno al conflicto”.
No es el único movimiento para aumentar la presión sobre Moscú que han hecho este miércoles las instituciones de la UE. El Parlamento y el Consejo de la UE han pactado este miércoles acelerar la desconexión del gas ruso, que se completará en otoño de 2027, antes de lo inicialmente previsto. Tres meses antes, incluso de lo previsto en la propuesta inicial que hizo la Comisión, informa Silvia Ayuso.
El acuerdo de reglamento cerrado completa las sanciones aprobadas hace unas semanas, en noviembre, que ponían la fecha del 1 de enero de 2027 como el momento en que la UE dejaría de importar gas natural licuado (GNL). Esta herramienta legal afecta también al que llega por gaseoducto. Ademas, al ser un reglamento y no una sanción pasa a ser permanente: las sanciones tienen que renovarse cada medio año y, difícilmente, un castigo de este tenor recibiría el visto bueno de Hungría y Eslovaquia si tuviera que aprobarse por unanimidad de los Estados miembros, como exigen las sanciones. Este reglamento, en cambio, solo necesita la mayoría absoluta del Parlamento y la mayoría cualificada del Consejo de la UE.
Según lo acordado, la desconexión será “cuidadosa, gradual y coordinada”, ha asegurado el comisario de Energía, Dan Jorgensen. Comenzará poco a poco con la prohibición por un lado de firmar nuevos contratos de gas natural licuado (GNL) un mes y medio después de que entre en vigor el reglamento ahora pactado. Respecto a los contratos actualmente en vigor, empezarán a acabarse a partir de abril de 2026 y con fecha de fin definitivo de todos los contratos —tanto los de corto como de largo plazo, también los de gasoductos— como tarde el 1 de noviembre de 2027. “A más tardar en noviembre de 2027, la UE habrá eliminado definitivamente las importaciones de gas ruso”, subraya el Ejecutivo europeo.
Respecto del crudo ruso, los Estados miembros deberán presentar, hasta el 1 de marzo del año que viene, sus planes nacionales de “diversificación”, en los que deberán indicar las medidas que prevén para diversificar su suministro de gas y petróleo. Además, deberán notificar a la Comisión, en el plazo de un mes a partir de la entrada en vigor del reglamento ahora acordado pero que todavía debe ser ratificado por Parlamento y Consejo —con mayoría cualificada, por lo que se da por descontado que saldrá adelante dado que se elude el veto húngaro, que sí afecta a las sanciones contra Rusia—, si tienen contratos de suministro de gas ruso o prohibiciones legales nacionales en vigor.
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