¿Qué pasa con los funcionarios? ¿Abrirán los museos?... Preguntas y respuestas sobre el cierre parcial del Gobierno en Estados Unidos

Washington es una ciudad acostumbrada al drama del cierre del Gobierno. Después de todo, es un drama se representa cada pocos meses en el Capitolio de Estados Unidos. Desde hace casi siete años, la capital, sus políticos, sus periodistas y, sobre todo, sus funcionarios, han vivido acostumbrados a sobrellevar con distancia esos enredos, acostumbrados a que se resolvieran en el último minuto con un acuerdo entre republicanos y demócratas para aplazar el problema de la financiación de la Administración federal hasta el siguiente debate a cara de perro, hasta la próxima negociación a tumba abierta.

Este miércoles, el drama se consumó, lo que significa que se cierra −parcialmente y hasta nuevo aviso− el grifo del gasto público en Estados Unidos. El mecanismo por el cual Washington llegó de nuevo a esa parálisis es difícil de entender para alguien no familiarizado con la política de Washington (y también, para muchos de los que sí lo están). Y fue diseñado en un tiempo en el que los políticos dominaban mejor el arte de hacer concesiones y la polarización aún no era el idioma de una sola palabra que se habla a diario en el Congreso.

He aquí una serie de preguntas y respuestas para comprender qué supone un cierre parcial del Gobierno estadounidense, conocido en la jerga del Capitolio como shutdown; qué consecuencias tiene; y por qué llega precisamente ahora.

¿Qué demonios es un ‘shutdown’?

Un cierre parcial del Gobierno se hace inevitable cuando demócratas y republicanos no se ponen de acuerdo para aprobar una o varias de las leyes presupuestarias que incorporan las provisiones de gasto público de la Administración. También, cuando, como este caso, uno de los dos partidos se niega a firmar una prórroga que sirva hasta alcanzar el acuerdo definitivo.

El shutdown de este miércoles se debe a que los demócratas no han querido apoyar un aplazamiento hasta el 21 de noviembre sin contar antes el compromiso de sus rivales de que estos acordarán una prórroga de parte de los subsidios contemplados desde la pandemia en el programa de salud de Obamacare, que expiran a final de año, y de que darán marcha atrás en los recortes de Medicaid, algo así como una seguridad social de los más desfavorecidos. Esos recortes los contemplaba la reforma fiscal promovida por el presidente Donald Trump que pasó el trámite de las dos cámaras en julio pasado. El presidente de Estados Unidos y los republicanos la bautizaron como “Una ley grande y hermosa”.

¿Cuál es el cálculo demócrata?

Básicamente, la conveniencia de aprovechar la oportunidad de plantarle cara a Trump tras meses de críticas por su inacción frente a la apisonadora de la actual Administración, así como la fe en que defender las prestaciones sanitarias para los estadounidenses menos favorecidos les puede ayudar en las elecciones de 2026.

¿Por qué un cierre ahora?

Porque el 1 de octubre es el día en el que empieza el nuevo año fiscal. El sistema actual funciona desde mediados de los setenta, y prevé que el Capitolio apruebe antes de esa fecha 12 leyes con provisiones de gasto “discrecional”; es decir, son normas dependen de la voluntad del Congreso. En total, se trata de una cuarta parte del presupuesto gubernamental anual y deja fuera el pago de las prestaciones sociales o de la deuda federal, que es automático.

Cuando, como es costumbre, esas 12 leyes no se aprueban a tiempo los congresistas acuerdan una medida provisional que se conoce como “resolución de continuidad” y básicamente supone mantener el grifo abierto hasta llegar a una solución definitiva. Eso es lo que querían los republicanos: sacar adelante uno de esos parches para evitar la suspensión de pagos, hasta el 21 de noviembre.

Esos aplazamientos son comunes, y hacen que esas leyes de gasto discrecional acaben aprobándose en enero o en febrero. En 2017, batieron un récord, cuando la norma de turno no salió adelante hasta mayo… y solo faltaban cinco meses para la obligación de aprobar otra. Desde 1977, nunca se han vuelto a aprobar esas 12 leyes a tiempo.

Durante años, las reglas del decoro parlamentario aseguraban que esas discusiones estuvieran por encima de los intereses partidistas. Hace tiempo que no es así, y cada vez que llega uno de los vencimientos recurrentes relativos al gasto, la bronca en el Capitolio está garantizada. También, los nervios, las prisas de última hora, y, en ocasiones como la de esta semana, el cierre parcial.

¿Tiene precedentes esto?

Muchos. El Gobierno ha cerrado 21 veces en los últimos 50 años. Es también la tercera ocasión en la que sucede con Trump en la Casa Blanca. En 2018, el mandatario republicano se convirtió en el primer presidente en ver cómo se clausuraba su Administración pese a tener el control del Congreso. Volvió a pasarle a finales de ese año. Y le toca de nuevo ahora, en su vuelta a la Casa Blanca.

Los republicanos controlan la Cámara de Representantes, donde les bastaba una mayoría simple para sacar adelante la prórroga que habría evitado el shutdown. El Senado era otro asunto: en la Cámara alta, tienen 53 escaños, frente a los 47 demócratas, y necesitaban una mayoría cualificada de 60.

La última votación de este martes arrojó un resultado de 55 contra 45. Se pasaron cuatro senadores de bando: los demócratas John Fetterman (Pensilvania), Catherine Cortez Masto (Nevada) y el independiente Angus King (Maine). Y Rand Paul, republicano disidente de Kentucky, que votó con los rivales.

¿A quién afectará?

Cualquier cierre del Gobierno supone normalmente que los funcionarios quedan suspendidos de empleo y sueldo hasta que los políticos en el Capitolio se ponen de acuerdo. Esta vez es diferente, porque Trump ha prometido que aprovechará el shutdown para despedir definitivamente a miles, tal vez decenas de miles, de ellos, como, por otra parte, viene haciendo desde que regresó al poder en enero y puso en marcha el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) para adelgazar la Administración. Este martes también amenazó con aprovechar el impasse en el Capitolio para tomar “decisiones irreversibles” con respecto a programas sociales que considera superfluos.

¿Qué servicios se verán interrumpidos?

No está tan claro esta vez como en ocasiones anteriores, porque la Administración de Trump no ha hecho los deberes a la hora de informar sobre lo que seguirá funcionando y lo que no.

Es de esperar que los museos, parques nacionales y monumentos cierren, y eso incluye desde los centros Smithsonian o el monumento a Lincoln, todos ellos en la capital, hasta, por ejemplo, la estatua de la Libertad o atracciones turísticas que atraen a viajeros de todo el mundo como Joshua Tree o Yosemite. También se prevé que se vean afectados los trámites de visados o de expedición de pasaportes, así como las tareas de control e inspección alimentaria.

Muchos servicios “esenciales” seguirán su curso habitual: el servicio postal, la seguridad social, las ayudas médicas incluidas en Medicare, los subsidios al desempleo, el apoyo a los veteranos, los agentes migratorios, la patrulla fronteriza o la previsión oficial del tiempo.

El tráfico aéreo también se considera parte de esos asuntos prioritarios, pero en shutdowns pasados muchos controladores (autorizados a trabajar, pero obligados a esperar a que pase el cierre para cobrar) optaron por no hacerlo. Así que se dan por descontado más retrasos y cancelaciones de vuelos que los habituales en los aeropuertos estadounidenses.

¿Cuánto está previsto que dure?

Nadie lo sabe. Hakeem Jeffries, líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, confió en una entrevista con la CNN el martes por la noche en que serían “días o tal vez horas”. Teniendo en cuenta el enconamiento que rige la vida en le Capitolio y la intransigencia de Trump, que declaró en las horas previas al cierre que un “shutdown trae cosas positivas”, el cálculo de Jeffries tal vez sea demasiado optimista. El último cierre, que terminó a principios de 2019, duró 34 días.

Y esto, ¿cuánto cuesta?

Es difícil responder a esa pregunta sin saber cuánto durará este shutdown. La Oficina Presupuestaria del Congreso calculó que el cierre de 2019 redujo el PIB en 8.000 millones de dólares en el primer trimestre, con una pérdida permanente de 3.000 millones. Los más afectados son, obviamente, los trabajadores que no cobran su salario, los prestadores de servicios que ven sus contratos anulados y quienes estén pendientes de resoluciones de la Administración para continuar con sus negocios.

Así que muchos perderán, pero... ¿quién saldrá ganando?

Buena pregunta. Antes del inicio del cierre parcial del Gobierno, ya comenzó la batalla por ver quién cargará con las culpas. Los republicanos acusan a los demócratas de haber forzado esta situación con su intransigencia, mientas que estos aducen que un partido con el poder que tiene el de Trump ahora siempre está en condiciones de evitar un shutdown. Dependiendo de cuál sea la respuesta a esta pregunta, este acabará pasando a la historia de Washington como “el cierre parcial de Trump” o “el cierre parcial de los demócratas”. Se admiten apuestas.