El Constitucional de Corea del Sur confirma la destitución de Yoon Suk-yeol como presidente

Cuatro meses después de que Yoon Suk-yeol sorprendiera al mundo decretando la ley marcial en Corea del Sur y desatara la mayor tormenta política en décadas, el Tribunal Constitucional ha dictado por unanimidad su futuro este viernes: Yoon ha sido oficialmente depuesto como jefe del Estado. El fallo llega tras una tensa espera que ha mantenido a la nación en vilo desde mediados de diciembre, cuando la Asamblea Nacional (el Parlamento) suspendió a Yoon de sus funciones, pendiente de que el máximo garante constitucional emitiera una sentencia firme. El juicio político ha profundizado aún más las divisiones internas en la que se considera una de las democracias más sólidas de Asia y aliado tradicional de Estados Unidos en la región.

Ahora, deberán celebrarse elecciones presidenciales en el plazo máximo de 60 días, para lo que se ha iniciado este mismo viernes el registro de candidatos. Ha habido vítores, aplausos, suspiros de alivio y cánticos de “¡hemos ganado!” entre los detractores de Yoon. El Partido del Poder Popular, por su parte, ha expresado que acepta “humildemente” el veredicto.

Yoon, de 64 años, no ha estado presente cuando el presidente en funciones del Constitucional, Moon Hyung-bae, ha leído el veredicto. Los letrados consideran que Yoon violó “el orden constitucional”, ya que las acciones de la oposición surcoreana no constituyen una crisis nacional lo suficientemente grave como para justificar la declaración del estado de excepción, el 3 de diciembre de 2024. El juez Moon ha afirmado que Yoon también incumplió su deber como comandante en jefe al movilizar tropas con el objetivo de impedir la revocación de la ley marcial en la Asamblea Nacional la misma noche.

El tribunal debía determinar la legalidad del proceso de destitución y si Yoon había vulnerado la Constitución cuando anunció el estado de excepción, lo que justificaría su cese. Estaba acusado de los delitos de abuso de poder, sedición, vulneración del principio de soberanía popular, obstaculización del desempeño de funciones oficiales y obstrucción del ejercicio de derechos. Los ocho magistrados han estado 73 días revisando el caso y evaluando su legitimidad. Este viernes, después de 11 sesiones, han corroborado la decisión de la Asamblea Nacional.

La vista, que ha sido televisada, duró apenas 25 minutos. Se necesitaban al menos seis votos para que el impeachment saliese adelante, que lo ha hecho finalmente por unanimidad. Así, Yoon se ha convertido en el segundo presidente en la historia de Corea del Sur cesado tras un juicio político. La primera fue la de Park Geun-hye, en 2017, implicada en el mayor escándalo de corrupción y tráfico de influencias del país en décadas.

Yoon ha emitido una disculpa a través de sus abogados, recoge la agencia Yonhap. “Lamento profundamente no haber estado a la altura de sus esperanzas y expectativas. Servir a nuestra nación ha sido el mayor honor de mi vida. Estoy sinceramente agradecido por su inquebrantable apoyo y aliento, incluso cuando no cumplí con lo esperado”, ha expresado.

La decisión de este viernes supone un punto de inflexión en una crisis institucional que ha sacudido los cimientos de la cuarta economía asiática. Tal y como se esperaba, la noticia ha provocado reacciones inmediatas en todo el país. Aunque en un primer momento los partidarios del expresidente han expresado su enojo, acusando al Constitucional de ceder ante la presión política, ya en la tarde —por la mañana en horario peninsular español— han cancelado una concentración que tenían previsto celebrar en la residencia presidencial. Mientras, la oposición celebra lo que considera una victoria de la justicia.

Las tensiones entre ambos bloques han sido palpables en estos meses. Millones de personas se han manifestado desde diciembre a favor y en contra del ya expresidente. Aunque, según las encuestas, una mayoría de los ciudadanos quería el cese de Yoon, ese respaldo había disminuido desde los primeros días tras la declaración de la ley marcial. Un sondeo de Gallup Korea publicado hace una semana indicaba que el 60% de los encuestados creía que debía ser apartado del cargo; en diciembre, lo pedía el 73,6% de los votantes.

La Policía calcula que 100.000 personas podrían tomar en esta jornada las calles y ha reforzado las medidas de seguridad. Ha instalado barricadas y desplegado unos 14.000 efectivos en toda Seúl, además de a las fuerzas especiales. El primer ministro, Han Duck-soon, restituido desde la semana pasada como presidente en funciones, ha instado a los políticos a “mostrar una actitud responsable” y a “no realizar declaraciones polarizadas que pudieran incitar a la violencia”.

En la noche del 3 de diciembre de 2024, Yoon declaró en un discurso televisado y sin previo aviso la ley marcial de emergencia. A pesar de que no existían indicios claros de conflicto armado ni de crisis nacional para recurrir a semejante medida, como han estimado los jueces, justificó la decisión acusando a la oposición de controlar el Parlamento y paralizar al Gobierno, ejercer actividades antiestatales y simpatizar con Corea del Norte. Seis horas después, ante la presión política y social, anunció que retiraba la ley marcial. Para entonces, la asamblea ya había revocado la medida en una votación extraordinaria, celebrada de madrugada y sin todos los diputados presentes, mientras unos 300 agentes intentaban acceder al hemiciclo para interrumpir la sesión. En el juicio, algunos militares testificaron que seguían las órdenes del jefe del Estado, que les ordenó detener a sus oponentes políticos.

La imposición de la ley marcial por primera vez desde 1980 hizo contener el aliento a una nación sobre la que pesa un oscuro pasado militar. Además, las referencias al hermético vecino del norte pusieron en guardia a las capitales de todo el planeta, ya que, técnicamente, las dos Coreas siguen en guerra a pesar del armisticio de 1953.

Las imágenes de políticos forcejeando con soldados dieron la vuelta al mundo, mientras miles de manifestantes se lanzaban a las calles de Seúl. En los días posteriores, las protestas se intensificaron y se dividieron en dos bloques: los que apoyaban a Yoon, convencidos de que sus acciones eran necesarias para restaurar el orden, y los que lo acusaban de atentar directamente contra la democracia. Desde entonces, la crispación solo ha aumentado y distanciado ―aún más si cabe― a los dos principales partidos políticos, el gobernante Partido del Poder Popular (PPP) y el Partido Demócrata (PD).

Yoon ha estado suspendido de sus funciones por la Asamblea Nacional desde mediados de diciembre, pero la decisión final sobre su porvenir político correspondía al Tribunal Constitucional. Yoon, antiguo fiscal general del país, ha negado en todo momento los cargos que se le imputaban. En su alegato final ante los jueces, afirmó que decretó la ley marcial en un “intento desesperado” de hacer frente a la oposición, a la que acusó de socavar sin descanso a su Gobierno gracias a su mayoría parlamentaria. También aseguró que nunca tuvo la intención de bloquear la Asamblea y que no ordenó la detención de dirigentes políticos. Según su versión de los hechos, el despliegue de las tropas buscaba “informar a la ciudadanía sobre el comportamiento peligroso” del Parlamento.

Además de este juicio político, Yoon se enfrenta a un proceso penal en el que está acusado de conspirar para incitar una insurrección con el ya exministro de Defensa, Kim Yong-hyun, y otros aliados. En Corea del Sur, el delito de rebelión está castigado con la cadena perpetua o la pena capital, aunque sobre esta última hay una moratoria desde 1997. Yoon estuvo detenido desde mediados de enero hasta principios de marzo por este caso. El arresto, el primero de un líder en ejercicio en la historia democrática surcoreana (técnicamente, lo estaba), se produjo tras días mostrando resistencia en su residencia, donde se atrincheró con su equipo de seguridad mientras las autoridades intentaban ejecutar la orden de detención y miles de sus seguidores se congregaban para mostrar su respaldo. Finalmente, se entregó “para evitar un derramamiento de sangre”, afirmó entonces. Los expertos opinan que el veredicto emitido por el Constitucional este viernes influirá de manera negativa para Yoon en este otro caso.

El futuro que se abre ahora para un país que lleva cuatro meses sumido en una confusa polarización política es incierto. Los conservadores deberán elegir un candidato lo antes posible y buscar una dirección clara hacia la que avanzar y pasar página. El proceso electoral parece que estará reñido, aunque se perfila como favorito para ganar la carrera presidencial Lee Jae-myung, el jefe del opositor Partido Demócrata. Lee, una figura controvertida que también ha tenido causas pendientes con la justicia, ha ido adoptando recientemente una postura más moderada con el fin de atraer a votantes de centro e indecisos. No obstante, en caso de ganar, la polarización política en la que está sumida Corea del Sur podría limitar su capacidad para gobernar de manera efectiva.

La falta de liderazgo estable ha afectado gravemente a las relaciones exteriores del país, especialmente a los lazos con Estados Unidos. Un claro ejemplo es que, en la agenda de Donald Trump, está más presente reunirse con Kim Jong-un, líder del Norte, que con el nuevo dirigente surcoreano. La ausencia de un presidente ha erosionado la interacción directa con Washington, fundamental para negociar con la Administración de Trump. Corea del Sur ha sido golpeada recientemente con una batería de aranceles estadounidenses que afectan a sectores clave como los semiconductores, además de los anunciados en la víspera, del 26%.