La presidenta surcoreana Park Geun-hye, destituida por los tribunales
El país tendrá que celebrar elecciones en un máximo de 60 días, según lo previsto en la Constitución
La convulsa situación en la península coreana añadió este viernes un ingrediente más a su agitación. Por unanimidad, y bajo una tremenda presión popular, el Tribunal Constitucional surcoreano aprobó la destitución de la presidenta Park Geun-hye, implicada en el mayor escándalo de corrupción y tráfico de influencias del país en décadas. Es una decisión histórica: nunca hasta ahora en Corea del Sur un líder elegido en las urnas había sido depuesto. Ahora, según lo previsto en la Constitución, se celebrarán elecciones en un plazo máximo de 60 días. Y su resultado puede alterar el equilibrio geopolítico de la región. Tres personas han muerto por enfrentamientos con las fuerzas de seguridad tras la destitución de Park.
La vista había suscitado una enorme expectación. Desde primeras horas de la mañana, y en previsión de altercados, la Policía había rodeado la Casa Azul, la residencia presidencial en la que aún habitaba Park. En contra de las normas habituales se permitió televisar la lectura del veredicto.
El proceso duró apenas 20 minutos. Los ocho jueces corroboraron la decisión de la Asamblea Nacional en diciembre y declararon que Park ha “perjudicado seriamente el espíritu democrático y de respeto a las leyes”. “La presidenta Park Geun-hye … ha quedado destituida”, declaró el presidente del tribunal, Lee Jung-mi.
La ya expresidenta está acusada de haber colaborado con su amiga Choi Soon-Sil, apodada la “Rasputina surcoreana”, para presionar a las grandes multinacionales surcoreanas y que estas firmas donaran fuertes sumas de dinero a las fundaciones y compañías que Choi controlaba. Buena parte de esas cantidades, según la acusación, acabaron en el bolsillo de la empresaria.
“La presidenta debe usar su poder según la Constitución y las leyes, y mostrar transparencia en el ejercicio de su poder, para que el pueblo pueda evaluar su trabajo”, agregó Lee. Pero “Park —sostuvo— ocultó por completo la injerencia de Choi en los asuntos de Estado y la negó cada vez que surgieron sospechas. Incluso llegó a criticar a quienes plantearon esas sospechas”.
La decisión del tribunal, recibida con júbilo entre los detractores de la presidenta, suscitó manifestaciones de protesta de los defensores de Park. Tres personas murieron en enfrentamientos con la Policía durante las movilizaciones para protestar por la destitución de la presidenta.
Park, de 65 años, llegó al poder como la primera mujer presidenta de su país en 2012, con un programa conservador y la promesa de mantener mano dura contra Corea del Norte. Pese a que la hija del dictador militar Park Chung-hee fue elegida con el segundo porcentaje más alto de la historia democrática del país, se marcha como la más impopular. Su aprobación ha llegado a rondar apenas el 4% y, en un ejemplo de los resultados que puede lograr la presión cívica, centenares de millares de personas se lanzaron a las calles durante semanas para exigir su destitución hasta que la Asamblea Nacional votó a favor de la destitución.
El futuro de la expresidenta se presenta poco halagüeño. Su inhabilitación elimina su inmunidad como jefa de Estado, por lo que puede ahora ser llevada a juicio. Una encuesta la semana pasada encontraba que un 78% de los surcoreanos estaban a favor de que vaya a la cárcel.
El escándalo ha salpicado a Samsung, el principal conglomerado empresarial surcoreano, cuyo heredero, Lee Jae-Yong, ha sido detenido como sospechoso de delitos de soborno y malversación.
La confirmación de la destitución y la convocatoria de nuevas elecciones según lo previsto en la Constitución surcoreana llegan en un momento complicado para el país. Corea del Norte sigue adelante con su programa de armamento, y esta semana lanzó cuatro misiles de alcance intermedio al mar de Japón. China amenaza con una guerra comercial tras el comienzo del despliegue del escudo antimisiles estadounidense THAAD en suelo surcoreano, que ve como una amenaza contra su territorio. Ese sistema de defensa podría estar completamente operativo a finales de abril, meses antes del calendario previsto inicialmente. El gobierno saliente, encabezado por el presidente en funciones Huang Kyo-ahn tras la recusación de Park, dio un impulso a su instalación para lograr que entrara en funcionamiento antes de las elecciones anticipadas.
Hasta el momento no se ha fijado una fecha concreta para la celebración de elecciones, aunque lo más probable es que ocurran a finales de abril o en los primeros días de mayo. Los principales partidos celebrarán primarias para elegir a sus candidatos, algo que podría suceder a finales de este mismo mes.
El principal partido de la oposición, el Partido Democrático de Corea (PDC), de centro-izquierda, se perfila como favorito. En las encuestas, Moon Jae-in, representante del ala izquierdista de la formación, aparece como el candidato más popular.
Históricamente, el PDC ha favorecido una política más flexible hacia el norte. “Un nuevo gobierno de centro-izquierda puede moderar las duras posiciones adoptadas por el gobierno de Park hacia Corea del Norte y adoptar un punto de vista más propicio a China”, indica la firma de análisis de riesgo Eurasia Group en una nota.
Aunque incluso en ese caso, apunta el profesor Chen Xiaohe, de la Universidad Popular, Pekín se encuentra en una posición poco envidiable. Con independencia del cambio de Gobierno, es improbable que Seúl dé marcha atrás sobre el THAAD. “China tiene pocas cartas que jugar. Presiona a Corea del Sur, algo que no va a cambiar hasta la llegada del nuevo gobierno. Pero esa presión también es una prueba para China: si aplica demasiada, es improbable que las relaciones avancen. Y si aplica demasiada poca, y Corea del Sur no se siente perjudicada, tampoco se resolverán los problemas en la relación”, opina.
En el terreno interno, el nuevo gobierno tendrá que asumir entre sus prioridades una reforma para recortar el poder político y económico de los “chaebol”, los todopoderosos conglomerados empresariales surcoreanos que se han visto inmersos en el escándalo. Aunque, según recuerda el grupo de valoración de riesgo Capital Economics, una reforma en profundidad se presenta difícil: para llevar adelante un proyecto de ley en solitario en la Asamblea Nacional, es necesaria una mayoría de tres quintos, algo con lo que hoy por hoy no cuenta ningún partido.
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