El ‘Gran Hermano’ de la UE en los campos de refugiados en Grecia: cámaras con inteligencia artificial, concertinas y normas draconianas

Cientos de refugiados palestinos y sirios iniciaron una protesta en octubre de 2023 por la guerra de Gaza, que entonces vivía sus primeros días, en el campo de refugiados de Samos, en Grecia. En una escena similar a la de una película de ciencia ficción, las cámaras de seguridad del recinto, dotadas de un sistema de inteligencia artificial que interpreta alteraciones del orden, lanzaron una alerta de seguridad a un centro de control situado en Atenas y a otro en el propio campo. Un dron, también equipado con inteligencia artificial, sobrevoló a los manifestantes y envió en directo las imágenes a Atenas. Inmediatamente, varias compuertas del campo se cerraron para impedir el avance de los manifestantes, que quedaron bloqueados. Ni siquiera hizo falta que interviniera la policía.

“Las cámaras tienen un algoritmo de inteligencia artificial que les permite centrarse en donde se produce una alteración y envían alertas tanto al Ministerio de Migración como la sala de monitoreo del campo,” declaró entonces un funcionario de ese departamento que prefirió no revelar su identidad.

Los campos de refugiados de Samos, Kos y Leros fueron inaugurados en 2021 gracias a la financiación de la UE, y han recibido alabanzas de la Comisión Europea y el Gobierno griego por su sofisticación tecnológica. Cuentan con un doble vallado con concertinas que cumplen el estándar de la OTAN y un entramado de cámaras que vigilan cada centímetro del mismo. Su nombre oficial es Centros de Acceso Cerrado y Controlado (CCAC por sus siglas en inglés). Las autoridades sostienen que dicha tecnología ofrece seguridad a los solicitantes de asilo y ya no hay incidentes violentos, lo que contrasta con la peligrosidad que sufrían antes los campos de refugiados.

Este argumento obvia que la continua vigilancia a estas personas no solo viola su derecho a la privacidad, sino que infringe otros derechos fundamentales y las propia legislación europea sobre protección de datos. Los residentes deben atenerse, además, a normas internas draconianas que, de ser infringidas, llegan hasta a la suspensión de la entrega de alimentos o la expulsión del campo, lo que conlleva la interrupción del procedimiento de asilo, según revela una investigación internacional en la que ha participado EL PAÍS junto a los medios Solomon, Tagesspiegel, Inkstick y Wochenzeitung. Este trabajo ha examinado en nueve países inteligencias artificiales y tecnologías de vigilancia automatizada en las fronteras exteriores y en los campos de refugiados y ha entrevistado a responsables políticos, policías, refugiados, informadores anónimos y defensores de los derechos humanos, ademas de en la revisión de miles de páginas de documentos, públicos y confidenciales.

Estos CCAC se establecieron como respuesta a la crisis de refugiados que estalló en marzo de 2020. En febrero de ese año, el campo de Moria, en Lesbos, llegó a albergar a 20.000 personas, mientras que el de Samos contaba con 7.500. Estas cifras se acercaban al total de la población de las respectivas capitales de ambas islas: Mitilene y Vathi.

El hacinamiento extremo en los campos fue consecuencia de las primeras medidas adoptadas por el Gobierno conservador de Kyriakos Mitsotakis tras su victoria electoral en julio de 2019, cuando decidió detener los traslados masivos de refugiados desde los campos de las islas hacia el continente. Como resultado, la población de los campos insulares se disparó a cifras sin precedentes, superando las 42.000 personas, lo que provocó protestas, una huelga general de dos días y disturbios liderados por grupos de extrema derecha.

El Ejecutivo de Mitsotakis respondió con dos políticas que han definido su gestión: la generalización de las devoluciones en caliente, con el objetivo de reducir al máximo las llegadas a las islas, y la construcción de nuevos campos de refugiados alejados de los núcleos urbanos y equipados con estrictas medidas de seguridad para restringir los movimientos de sus residentes.

En estos nuevos campos operan dos sistemas de inteligencia artificial, financiados por la Unión Europea: Centauro e Hiperión. El primero cuenta con cámaras, sensores y algoritmos que detectan supuestas amenazas a la seguridad de las que alerta a las autoridades. Hiperión es el sistema que regula las entradas y salidas del campo mediante datos biométricos.

Esta investigación incluyó entrevistas con cuatro personas que trabajan en distintas áreas del campo de Samos. Todas coincidieron en describirlo como un entorno de estricta vigilancia. Una de ellas recordó que, durante una reunión de trabajo, el director comentó: “Tenemos ojos en todas partes”.

Los residentes deben cumplir con un toque de queda a las nueve de la noche. Quienes no regresan a su sector asignado a esa hora se enfrentan a dos opciones: si están fuera del recinto, deben permanecer fuera hasta el día siguiente; si están dentro pero en un sector distinto, quedan bloqueados en él hasta que la mañana siguiente se levantan las restricciones. El manual de funcionamiento interno, al que esta investigación tuvo acceso, establece sanciones para quienes incumplan las normas. Estas van desde una simple amonestación, pasando por la suspensión de la entrega de alimentos y otros suministros básicos, hasta la expulsión del campamento, lo que conlleva la interrupción del procedimiento de asilo.

Los solicitantes de asilo del campo no son, además, informados sobre esta vigilancia extrema. No hay carteles que indiquen la existencia de cámaras, ni se les da ninguna explicación sobre el propósito, la base legal o el destino de los datos que se recopilan. Los solicitantes de protección internacional entrevistados durante esta investigación en Samos no eran conscientes de la vulneración de su derecho a la privacidad porque desconocían que estaban siendo vigilados.

En abril de 2024, la Autoridad de Protección de Datos (DPA) de Grecia impuso una multa récord de 175.000 euros al Ministerio de Migración por “graves deficiencias” en el cumplimiento de las normas de protección de datos. El Gobierno respondió entonces con alegaciones que aún no han sido resueltas.

Christos Kalloniatis, profesor de la Universidad del Egeo y miembro de la junta de la DPA, sostiene que es “problemático” que los solicitantes de asilo, que se encuentran en una clara situación de desequilibrio de poder, no estén suficientemente informados sobre sus derechos, de lo que ocurre con sus datos, de quién tiene acceso a ellos. También que no se les pida consentimiento para ello.

Sin control judicial

Esta investigación ha constatado —mediante entrevistas a agentes de seguridad y migrantes—, que es habitual que los guardacostas y la policía griega accedan al contenido del teléfono de los refugiados recién llegados, después de requisar los terminales y requerir a sus propietarios las contraseñas. Los agentes utilizan algunas veces un programa informático para volcar el contenido de los dispositivos. Otras, simplemente fotografían con sus propios móviles lo que quieren del teléfono intervenido.

La Guardia Costera ha admitido que confisca teléfonos, pero defiende que sus agentes siguen “estrictos procedimientos legales” bajo supervisión judicial, porque esos celulares se examinan en investigaciones criminales que tienen por objetivo las redes de trata y tráfico de personas. “Los teléfonos pueden contener pruebas cruciales, incluidas grabaciones de comunicación, datos GPS o información de contactos, para ayudar a las autoridades a rastrear y desarticular redes de tráfico”, asegura la Guardia Costera.

Los refugiados creen que no es cierto. Tres jóvenes solicitantes de asilo sirios entrevistados en Samos relataron que las autoridades confiscaron sus teléfonos y los de todas las personas que conocían. Los dispositivos fueron devueltos más tarde sin ninguna explicación ni indicios que permitieran sostener que sus propietarios estaban implicados en actividades delictivas. A estos potenciales refugiados no se les informó en ningún momento del motivo de la incautación. Tampoco firmaron formularios de consentimiento ni se les comunicó cuándo podrían recuperar sus teléfonos. “Tuvieron el mío durante una semana después de pedirme que lo desbloqueara. A otros les pidieron escribir sus contraseñas junto con el modelo del teléfono”, dijo uno de los solicitantes de asilo. Fuentes de seguridad familiarizadas con estas prácticas confirmaron que las confiscaciones ocurren regularmente sin supervisión judicial ni documentación adecuada.

Los datos extraídos de los teléfonos no se utilizan solo en procedimientos penales, sino también en evaluaciones de riesgo e informes que comparten la policía griega, Frontex e Interpol. “El análisis de datos tiene como objetivo ayudar a las autoridades a identificar individuos, descubrir redes criminales y garantizar el orden y la seguridad pública”, dijo la Guardia Costera.

Esta investigación tuvo acceso a tres informes realizados con datos extraídos de teléfonos. Uno, redactado por Frontex, incluía información e imágenes de redes sociales y mensajes de aplicaciones de mensajería encontrados en los móviles de migrantes para mapear redes de contrabando. Un segundo informe, esta vez de la policía griega, incluía datos de geolocalización, mensajes con facilitadores y fotos de billetes e itinerarios. El tercero indicaba que los migrantes habían ofrecido sus contraseñas “voluntariamente”.

Policías griegos aseguraron, bajo anonimato, que a menudo tienen acceso a fotos privadas de los refugiados aunque estos las hayan borrado antes del viaje, gracias a que “a veces”, por desconocimiento o despiste, siguen siendo accesibles en la nube.

Otros agentes griegos admitieron que, en ocasiones, comparten información sobre migrantes sin respetar las normas de protección de datos con policías de países fuera de la Unión Europea mediante aplicaciones de mensajería de sus teléfonos particulares. Según declararon, lo hacen de manera informal para agilizar el intercambio sin necesidad de cumplir las regulaciones legales que consideran engorrosas e incómodas.

La sofisticación de la tecnología en los campos de refugiados contrasta con las pésimas condiciones de vida en su interior. Cuando en 2021 el Gobierno griego presentó los CCAC, proclamó que no se repetirían las escenas de insalubridad y hacinamiento que habían hecho de Moria, en Lesbos, uno de los más famosos del mundo por sus terribles condiciones de habitabilidad.

Un joven sirio que prefiere mantener el anonimato relató que en el campo de Samos hay serpientes, basura por todas partes, y que los barracones donde viven los refugiados como él no cuentan con agua caliente en invierno. “Dentro solo hay agua fría. A veces la puerta está rota y tardan semanas en arreglarla. Está muy sucio, es un desastre, no hay nadie que limpie y desinfecte las zonas comunes”, cuenta este joven, que añade que en verano tampoco hay ventiladores y que la dirección les prohibe meter aparatos de aire acondicionado comprados fuera del campo.

La clínica del recinto, completamente nueva y financiada por los contribuyentes de la UE, sigue sin estar en uso. Aunque está completamente equipada, incluso con salas de rayos X y equipos odontológicos, nunca se ha utilizado porque no hay personal médico para ello. Los sofisticados equipos de vigilancia de los que dispone el campo parecen ser la prioridad de la inversión en sus instalaciones.