La extraña manía de usar a Europa contra España

El envite del PP contra la vicepresidenta Teresa Ribera como candidata a convertirse en la número dos de la Comisión Von der Leyen es fuego graneado en el Parlamento de Estrasburgo. Contrapuntea la promesa de Alberto Núñez Feijóo: “Debemos cambiar, necesitamos una política autocrítica y colaborativa”, prometió el día 4, 24 horas después del altercado violento en Paiporta contra el Rey y Pedro Sánchez. Es el tercer gran intento de cargar la responsabilidad de la imprevisión autonómica al Gobierno. Primero fue atribuirla a una pasividad de la Aemet, que chirrió con la realidad de sus alertas rojas previas. Luego, a la Confederación del Júcar, que también chocó con la evidencia de sus informes continuados. Y finalmente, a la candidata española para el Ejecutivo de la UE.

Es la cacería mayor emprendida contra una candidatura (rival) a un cargo europeo. No la única. Este partido cultiva una larga tradición. Pidió en junio de 2012 la dimisión del vicepresidente de Asuntos Económicos Joaquín Almunia, por mencionar que había un banco español vulnerable, sin peligro: cinco días después de aprobado por la Comisión el rescate bancario y tras un semestre de que el ministro Luis de Guindos desvelase al Financial Times un “agujero” de 50.000 millones en el sector. El propio Guindos empujó públicamente a dimitir a la vice del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Magdalena Álvarez, consejera andaluza cuando los ERE fraudulentos…, recientemente exonerada de prevaricación. Y el coordinador Elías Bendodo consideró (agosto 2023) “anomalía democrática” la candidatura de Nadia Calviño a presidir el BEI: luego el partido la felicitó, pero por “no contribuir al crecimiento de la economía española” (sic). Cierto que el PSOE se opuso a Miguel Arias Cañete para comisario —por sus conflictos de interés—, pero fue un caso aislado, pues digirió la de Guindos para segundo del BCE, pese a haber presidido Lehman Brothers-España y protagonizar el escándalo de las preferentes.

Tanto empaque como las cuestiones personales lo tienen las políticas. Es la extraña manía, insólita entre los Veintisiete, de elevar a Bruselas o a Estrasburgo asuntos domésticos, apelando a Europa contra el Gobierno, a veces perjudicando el evidente interés de España. Lo hizo el propio Feijóo en marzo de 2023, calificando de “parche” la reforma española de pensiones. Se vio en Bruselas con la presidenta de la Comisión y otros miembros de la misma. Y al final, el titular de Economía, Paolo Gentiloni, le conminó a hacer “oposición constructiva”: España se jugaba la entrega de 10.000 millones de los fondos Next Generation, para lo que el presunto “parche” era requisito clave.

También el PP se alineó antes de su aprobación con los Gobiernos austeritarios, proponiendo severas condiciones a los programas de recuperación. Y trató de forzar una evaluación crítica de la misión parlamentaria a España sobre su ejecución, otro riesgo para la recepción de recursos. A su término (febrero de 2023), la superderechista que la presidió, Monika Hohlmeier, declaró: “No hemos descubierto ningún fraude ni infracción”. Algo similar ocurrió con la “excepción ibérica” que rebajó a españoles y portugueses la factura eléctrica, y a la que el PP calificó, para impedirla, de “timo ibérico”.

En esta tarea patriótica destacan la eurodiputada Dolors Montserrat y el vicesecretario Esteban González Pons. Sus campañas contra la amnistía y el idioma catalán, sobre Venezuela, y sus peligrosas comparaciones con la (antes) iliberal Polonia divierten al jefe de la tribu, el alemán Manfred Weber, que promete comisiones parlamentarias de investigación jamás creadas. Y son baza y carnaza para los diplomáticos europeos de gobiernos opuestos a las propuestas de España: el grueso del trabajo se lo hacen algunos… españoles. No sucede en ningún otro país serio.