La Fiscalía de Georgia, controlada por el Gobierno, inicia una investigación sobre el presunto fraude electoral

La Fiscalía de Georgia ha iniciado una investigación sobre el presunto fraude electoral que —según la oposición y la presidenta del país— habría sido clave en la victoria del partido populista Sueño Georgiano (SG). De acuerdo con los resultados oficiales, SG revalidó su mayoría absoluta tras 12 años en el poder e incluso incrementó su voto hasta el 54%, seis puntos más que en los últimos comicios y casi 10 más de lo que le daba la media de encuestas. La investigación se ha abierto a petición de la Comisión Electoral Central (CEC) para solventar lo que considera “intensos ataques y críticas infundadas” contra la institución y se centrará en evaluar las denuncias sobre violación del voto secreto, fallos en el escrutinio y errores en los cálculos de los resultados.

La primera persona llamada a testificar es precisamente la jefa de Estado, Salomé Zurabishvili, quien se ha negado a reconocer los resultados, tachándolos de “robo” y de “operación rusa”. “Según la declaración de la CEC y la información publicada en medios, Zurabishvili podría poseer pruebas sobre el supuesto fraude en las elecciones parlamentarias de 2024. Por esta razón, ha sido convocada para ser interrogada el 31 de octubre”, afirma la Fiscalía en un comunicado. Esta convocatoria es un arma de doble filo, ya que la propia presidenta ha dejado claro que su falta de reconocimiento de los resultados no se basa en pruebas de las que ella disponga, sino en los informes de los observadores locales, internacionales y de la oposición.

“La población espera de ustedes que hagan una investigación inmediata [sobre el presunto fraude], no que me pidan pruebas a mí [...] ni que inicien un proceso político contra la presidenta”, afirmó Zurabishvili en una comparecencia de prensa.

La oposición no confía en la investigación iniciada por la Fiscalía. “Sueño Georgiano ha cooptado el Estado y casi todas sus instituciones, entre ellas la Fiscalía. Así que es ridículo que un fraude permitido por la Comisión Electoral sea investigado por la Fiscalía. Por eso exigimos que instituciones internacionales se involucren en la investigación”, critica Nino Dolidze, del partido opositor Droa, formación que está compartiendo con los “socios occidentales” las pruebas del fraude.

“Si las fuerzas encargadas de aplicar la ley fuesen serias sobre la protección de la integridad del voto, habría arrestado al menos a uno de los cientos de matones que pegaron a la gente durante las elecciones y los intimidaron. Presentamos cientos de protestas y el 98% no recibió respuesta”, denuncia por su parte Alexandre Crevaux, portavoz del opositor Movimiento Nacional Unido: “Por eso pedimos nuevas elecciones bajo supervisión internacional. Porque el Gobierno no va a cambiar nada investigándose a sí mismo”.

La Asociación de Jóvenes Abogados de Georgia, que monitorizó las elecciones, ha presentado una solicitud para anular los resultados de 2.263 colegios electorales (casi tres cuartas partes del total) en los que se utilizó un sistema de gestión de voto electrónico alegando que se violó el voto secreto. La asociación arguye que en muchas papeletas se veía la elección marcada cuando los votantes la introducían en las máquinas y que Sueño Georgiano instaló cámaras de vídeo para grabarlo.

La plataforma de observadores My Vote también ha recopilado pruebas y ya ha exigido a la CEC la nulidad de los resultados de 246 colegios que aúnan aproximadamente a 417.000 electores (un 12 % del total) porque en ellos se habían producido “violaciones sistemáticas”, entre ellas intimidaciones, compra de votos, votantes que depositaron más de una papeleta y personas que votaron en más de una ocasión.

La CEC ya ha rechazado dos peticiones de la oposición alegando la ley de protección de datos: una es que expertos internacionales hagan un análisis forense de las máquinas utilizadas en la votación; la otra es que se publique una base de datos donde cada ciudadano pueda comprobar a qué hora y dónde votó, para certificar si su documento de identidad fue utilizado por otra persona. En las semanas anteriores a los comicios, diversas organizaciones denunciaron que miembros del partido gobernante estaban recogiendo carnés de la población, especialmente en zonas rurales y a los funcionarios.

Las presiones de Occidente

Solo unas horas antes del anuncio de la Fiscalía, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, había criticado que las elecciones del país caucásico estuvieron ensombrecidas por irregularidades y exigió al Ejecutivo —que recibe importante financiación estadounidense, pero cuyos miembros se enfrentan a sanciones por las medidas antidemocráticas adoptadas en los últimos años— que las “investigue de forma transparente”.

En un mensaje este miércoles, el primer ministro georgiano, Irakli Kobakhidze, que ha prometido “retomar” los contactos con la UE y EE UU tras meses de desavenencias, felicitó a la CEC y a la Fiscalía por abrir la investigación y afirmó que su Gobierno se “toma en serio los llamamientos de los políticos occidentales” que les han pedido revisar las irregularidades. En cambio, el secretario general de SG, Kakha Kaladze, cargó contra el presidente estadounidense: “No puede ser Biden quien evalúe las elecciones o si el Gobierno es legítimo o no”.

En medio del choque de legitimidades —entre un Gobierno acusado de fraude electoral y una oposición y presidenta que no lo reconocen—, Estados Unidos y la UE están manteniendo contactos para coordinar su respuesta a la situación en Georgia. Por el momento, los resultados han sido reconocidos por Rusia, Armenia, Azerbaiyán, Venezuela, Turquía e, implícitamente, por China. De la UE, solo por Hungría, cuyo primer ministro, el prorruso y ultraconservador Viktor Orbán, ha visitado Tbilisi esta semana.

Del otro lado, el Gobierno de Suecia ha anunciado que corta de forma temporal toda relación con el Gobierno de Georgia, aunque seguirá financiando a las organizaciones de la sociedad civil (Canadá también está valorando una medida similar), y algunos gobiernos europeos presionan por no reconocer los resultados.

“Aparte de Orbán, el resto de la UE está bastante de acuerdo en qué hacer”, sostiene una fuente diplomática consultada por este diario. El problema es evaluar el alcance del fraude —algunos análisis sostienen que, incluso descontándolo, SG podría haber ganado— a la vez que se castiga la manipulación electoral, dado que la celebración de unas elecciones limpias y democráticas es una condición indispensable del proceso de adhesión. Georgia recibió el estatus de candidato en diciembre, pero se congeló en verano tras la aprobación de la llamada “Ley rusa” de agentes extranjeros. La cuestión es cómo hacerlo y evitar que el país —cuya población es mayoritariamente proeuropea— se deslice más bajo la influencia de Moscú. Ya se han congelado parte de las ayudas destinadas a defensa, pero podría congelarse el resto, explica la fuente: “El problema es que con la economía georgiana creciendo a más del 10 % anual, al Gobierno no le hace falta dinero”.

La oposición reclama a Occidente una postura firme frente al Ejecutivo de Sueño Georgiano, para que dé resultados su estrategia, que pasa por no legitimar el nuevo Parlamento y exigir nuevas elecciones bajo supervisión internacional. “Si nos mantenemos unidos, con protestas y comunicación constante con Occidente, y somos persistente, su régimen empezará a agrietarse. SG no puede mantener la presión interna y externa en un escenario de blanco y negro, donde sí pueden sobrevivir es en las zonas grises”, afirma una fuente opositora.