La acusación de financiación irregular del ultraconservador PiS tensa el inicio del curso político en Polonia

El curso político en Polonia arranca en un clima de alta tensión. La Comisión Nacional Electoral de Polonia (PKW, en sus siglas en polaco) ha encontrado irregularidades en la financiación de la campaña electoral de octubre pasado del partido ultraconservador Ley y Justicia (PiS). La autoridad electoral denuncia que la formación de Jaroslaw Kaczynski gastó ilegalmente 3,6 millones de eslotis (unos 840.000 euros) en actividades relacionadas con las legislativas. Como castigo, le obliga a devolver esa cantidad, le resta 2,3 millones de euros de la subvención de 8,9 millones a la que tenía derecho para cubrir los gastos electorales y le recorta la financiación estatal durante tres años, hasta un total de 7,6 millones.

La decisión de este jueves de la autoridad electoral, más allá del posible impacto en las finanzas de PiS, marca el inicio de la campaña para las elecciones presidenciales de mayo de 2025, claves para desatascar la actual parálisis por la cohabitación de un primer ministro liberal y un presidente ultraconservador. Kaczynski y otros dirigentes del partido que gobernaba el país hasta diciembre del año pasado la consideran un acto de venganza de la coalición de Gobierno liberal y un ataque a la democracia en el país. El primer ministro, Donald Tusk, en un mensaje tan breve como contundente en la red social X, ha declarado: “PiS está aprendiendo el verdadero significado de las palabras ley y justicia”.

El ex primer ministro polaco Mateusz Morawiecki ha tachado de “vergonzoso” el fallo de la autoridad electoral. “Es parte del juego político del actual Gobierno, cuyo objetivo es la venganza y la marginación de la oposición”, ha escrito también el dirigente de PiS en X en un mensaje en el que ha afirmado que el dictamen está motivado por las elecciones presidenciales del año que viene. Para el exdirigente, el castigo que impone la PKW supone un intento de eliminar a la oposición y de “destruir la democracia polaca”.

Con las declaraciones de Morawiecki y otros políticos, PiS ya intenta capitalizar la decisión en su contra para lanzar la precampaña para los comicios de 2025. Además de presentarse como víctima de un ajuste de cuentas que supuestamente ataca a los cimientos de la democracia y de anunciar acciones legales, llama a la movilización de sus votantes mediante la recaudación de fondos para la próxima campaña. El partido tiene un plazo de 14 días para recurrir la decisión ante el Tribunal Supremo, cuyo dictamen será definitivo.

Uso de fondos públicos

La decisión del órgano que vigila la legalidad de los comicios ―donde los miembros nombrados por los liberales son mayoría frente a los ultraconservadores— le sirve a la coalición liberal para apuntalar el mensaje de que las elecciones de octubre de 2023 no fueron justas. PiS resultó ser la primera fuerza, pero no sumó mayoría para gobernar, pese a emplear recursos del Estado en su campaña, como concluye la PKW. El partido aprovechó eventos y material publicitario financiado con fondos públicos para hacer campaña, según las conclusiones de la Comisión Nacional Electoral.

Una de las principales promesas electorales de Tusk y los suyos fue hacer una limpieza en profundidad de las instituciones controladas por PiS. También, llevar ante la justicia a los responsables de los desmanes de los ultraconservadores. Como parte de esos esfuerzos, este mismo jueves el fiscal general, que es también ministro de Justicia, Adam Bodnar, ha pedido al Parlamento Europeo retirar la inmunidad al eurodiputado Michal Dworczyk, mano derecha de Morawiecki, para acusarle de obstrucción a la justicia.

Polonia ha encadenado unas elecciones tras otras desde octubre de 2023. Después de las legislativas de otoño, la primavera de este año celebró comicios regionales y locales, en los que PiS demostró que mantenía su base de votantes pese a no lograr mayorías de gobierno. En las europeas de junio, Tusk por fin logró el sorpasso a los ultraconservadores que ansiaba, pero fue por la mínima. En mayo de 2025 el Gobierno se juega la gobernabilidad con las elecciones presidenciales. El jefe de Estado no tiene grandes competencias, pero tiene el poder de vetar la legislación y los nombramientos del Gobierno. Es exactamente lo que está haciendo Andrzej Duda —miembro de PiS hasta que accedió a la presidencia—, impidiendo en la práctica que el Ejecutivo realice las reformas que prometió a sus votantes.

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