La coalición de Tusk denuncia al gobernador del banco central polaco por favorecer al Gobierno anterior

La coalición liberal encabezada por Donald Tusk tenía a Adam Glapinski en el punto de mira desde antes de llegar al Gobierno de Polonia en diciembre pasado. Le acusaban de haber faltado al precepto constitucional que exige independencia al gobernador del banco central (Narodowy Bank Polski, NBP), al haber tomado decisiones que favorecían al entonces Ejecutivo de Ley y Justicia (PiS), como bajar los tipos de interés en plena campaña electoral. Tusk prometió entonces que llevaría a Glapinski, nombrado por PiS, ante el Tribunal Estatal, un órgano judicial reservado a los más altos cargos del Estado. Este martes la coalición ha iniciado el proceso, presentando una moción en el Sejm, la Cámara baja del Parlamento, que incluye ocho acusaciones.

En la solicitud para que el Sejm apruebe llevar al gobernador ante la justicia, se le acusa de ser partícipe de actos de “agitación pública” durante la campaña electoral “a favor del partido político Ley y Justicia”. También, de “comprar activos en condiciones de alta inflación” y de “bajar los tipos de interés del NBP”, una decisión contraria a la doctrina habitual de subida de los tipos para contener el alza de los precios. El texto presentado considera que las rebajas de los tipos en septiembre y octubre pasado estuvieron “directamente relacionadas con la campaña electoral” y provocaron “el debilitamiento de la moneda polaca”, el esloti. En septiembre, el NBP bajó los tipos 75 puntos básicos y en octubre, a pocos días de las elecciones, 25. Desde entonces, no se han movido del 5,75%. La inflación sí está en caída, sin embargo, hasta el 2,8% de febrero, una tendencia que Glapinski, que niega cualquier conducta inapropiada, usa en defensa de su política.

Exigir responsabilidades a altos cargos del anterior Ejecutivo ultraconservador era una de las principales promesas electorales de la coalición encabezada por Tusk, líder del partido de centroderecha Plataforma Cívica. El caso de Glapinski, un viejo amigo del líder de PiS, Jaroslaw Kaczynski, estaba entre las 100 medidas que tenían previsto emprender en los 100 primeros días de Gobierno. El plazo para cumplir esas promesas expiraba la semana pasada y del centenar, los medios polacos aseguran que se han cumplido una docena.

Kaczynski ha considerado “un abuso de la ley” el inicio del proceso contra su aliado. “Es más, es sencillamente un crimen contra la economía polaca y la credibilidad polaca. Y eso es algo que puede tener efectos durante décadas y no es mi opinión, que no soy economista, sino que es la opinión de los economistas”, dijo la semana pasada el líder de la oposición en declaraciones a la televisión pública. Los mercados no han dado señales de preocupación hasta ahora.

El traspaso de poderes del Gobierno ultraconservador al liberal se ha desarrollado en un ambiente político extremadamente convulso. El Ejecutivo de Tusk llegó con la intención de hacer una limpieza profunda en instituciones y empresas públicas de altos cargos colocados por PiS. Sus métodos no se han ajustado siempre a la ley, como en su primer intento para cambiar la cúpula de los medios de comunicación públicos.

El documento con las acusaciones, de 68 páginas, también achaca al gobernador haber asegurado la financiación indirecta al Estado y de realizar estas actividades sin autorización del Consejo de Política Monetaria. Los partidos del Gobierno le acusan además de haber realizado “intervenciones monetarias” y de “engañar” al Ministerio de Finanzas en la preparación del proyecto de ley de presupuestos generales de 2024. El banco ha publicado en su web una serie de documentos y opiniones para defenderse de “los ataques políticos”. En una entrevista con el Financial Times publicada este lunes, Glapinksi pidió una tregua a Tusk y tildó de “idiotez” las acusaciones en su contra.

El proceso para llevar a Glapinski ante el Tribunal Estatal puede llevar varios meses. Tras la recogida de 191 firmas de diputados —de los 459 en activo—, el caso recae en la comisión parlamentaria de responsabilidad constitucional. Este órgano escuchará al acusado y a los testigos pertinentes y decidirá si recomienda al pleno del Sejm enviar al gobernador ante la justicia. Si se aprueba la moción, Glapinski, cuyo mandato termina en 2028, quedaría suspendido.

Justicia europea

El gobernador del banco central informó a Christine Lagarde de las acusaciones en su contra en noviembre pasado, cuando los liberales aún no habían tomado posesión. La presidenta del Banco Central Europeo le recomendó por carta acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para “solicitar valorar la legalidad” de las actuaciones en su contra. “Cualquier medida que afecte su capacidad para desempeñar sus funciones como gobernador del PNB puede, si no es legal, afectar a su independencia y, por extensión, a la independencia del Consejo General”, escribió la banquera francesa. Pocos días después, el banco colgó una gran lona en la fachada de su sede con el mensaje: “Todas las actividades del PNB se ajustan a la ley y cumplen con los más altos estándares internacionales”.

Los intentos reformistas del Gobierno liberal, que quiere restaurar el Estado de derecho en Polonia, se topan sistemáticamente con el presidente, Andrzej Duda, y el Tribunal Constitucional, ambos cercanos a PiS. En el caso de Glapinski, el Constitucional intentó blindarle en enero pasado al dictaminar que para citarle ante un Tribunal estatal se necesita una mayoría de tres quintos en el Parlamento y no una mayoría simple. Como con otras decisiones del alto tribunal, Tusk afirmó entonces que el fallo no era vinculante y señaló que había otras formas de exigirle responsabilidades.

Duda defendió el miércoles pasado a Glapinski y pidió a los miembros del Gobierno reconsiderar su postura. “Apelo al sentido común, porque la estabilidad financiera de Polonia y la estabilidad de la posición polaca en los mercados internacionales son de vital importancia”, dijo.

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