Polonia se enzarza en una guerra política por el control de los medios de comunicación públicos

Nadie se sorprende de que el partido ultraconservador Ley y Justicia (PiS) se aferre al poder para no perder el control de los medios de comunicación públicos polacos, que le han servido durante ocho años como herramienta de propaganda. Pero ninguno esperaba que ocuparan las sedes y se atrincheraran durante días para impedir el acceso a sus despachos a los nuevos jefes, nombrados la semana pasada por el nuevo Gobierno de coalición liderado por el liberal Donald Tusk en un movimiento que genera dudas legales. También tomó por sorpresa una nueva batalla abierta en esta guerra, el veto al presupuesto de los medios que lanzó el pasado sábado el presidente, Andrzej Duda, para impedir in extremis su financiación. El motivo es que, en su opinión, el ente público ha sido tomado ilegalmente. Con esa contienda en marcha, el primer ministro ha aprovechado este miércoles para anunciar que ese dinero se destinará al tratamiento de la oncología infantil y la salud mental de los menores. El ministro de Cultura, Bartlomiej Sienkiewicz, ha anunciado poco después que había decidido poner los medios en liquidación, para añadir a continuación que la medida pretende “garantizar la continuidad del funcionamiento de estas empresas”. Es el primer gran choque de lo que se preveía como una convivencia difícil entre el Ejecutivo y Duda, que viene de las filas de PiS.

La semana pasada Tusk presentó un proyecto de presupuestos para 2024 que no contenía ninguna partida para los medios públicos. El nuevo primer ministro habría dado señales durante la campaña de querer desmantelar la TVP, la cadena de televisión pública que se ensañó con ataques contra él durante los años de Gobierno de PiS. “La televisión pública, tal y como existe ahora, no merece ser financiada por el bolsillo de los contribuyentes”, dijo el primer ministro. El viernes, sin embargo, se votó en el Sejm, la Cámara baja del Parlamento polaco, una propuesta de ley asociada a los presupuestos que incluía 3.000 millones de eslotis (unos 691 millones de euros) de financiación para los medios en forma de subvenciones sujetas a condiciones. Es el proyecto de ley que el 23 de diciembre Duda dijo que vetaría y que incluye otras muchas partidas, como provisiones para el aumento de un 30% del salario de los profesores.

“No puede haber consentimiento a esto ante la flagrante violación de la Constitución y de los principios de un Estado democrático de derecho. Primero hay que reparar los medios públicos de forma fiable y legal”, afirmó el presidente en relación al dinero. Como en una partida de ajedrez, Tusk avanzó este miércoles su siguiente movimiento: una iniciativa legislativa en respuesta al veto de Duda. “Hemos preparado una nueva propuesta de ley en la que los 3.000 millones de eslotis se pondrán a disposición del Fondo de Salud Nacional para la oncología pediátrica y la psiquiatría infantil”, anunció después de la reunión del Consejo de Ministros.

El siguiente movimiento fue el anuncio del proceso de liquidación de los medios. En un comunicado compartido en X, antes Twitter, Sienkiewicz argumentó que el veto de Duda obligaba al Ejecutivo a tomar esta medida. “En la situación actual, esta acción garantizará la continuidad del funcionamiento de estas empresas, permitirá llevar a cabo la reestructuración necesaria y evitar despidos de empleados en las empresas mencionadas por falta de financiación”, afirmó el ministro. Como explicó, el dueño de las empresas, es decir, el Estado, puede retirar el “estado de liquidación” en cualquier momento. Con esta argucia, el Gobierno se garantiza el control de los medios sin dudas legales.

Como señala la edición polaca de Business Insider, el anuncio del ministro, con las matizaciones que introduce, “no significa necesariamente el fin de TVP o Polskie Radio en la forma en que operan actualmente”. El diario económico interpreta el movimiento como “un intento de presionar a la oposición y convencerle de que deje de bloquear los cambios”.

El diario digital cita a Katarzyna Bilewska, profesora del Departamento de Derecho Mercantil de la Universidad de Varsovia, que ya había reflexionado sobre el veto del presidente y cómo la falta de los 3.000 millones de eslotis podían significar “insolvencia o, al menos, amenaza de insolvencia”. La experta sugirió que esta sería la base para presentar una solicitud de reestructuración y, como parte de ella, una solicitud de nombramiento de un administrador en el procedimiento de reestructuración. Y esto, subrayaba, abría la puerta a cambios de personal que no generen dudas legales.

Doble presidencia

Sienkiewicz, hombre cercano a Tusk bregado como titular de Interior en mandatos anteriores, cesó a los presidentes de la televisión, la radio y la agencia de noticias PAP la semana pasada y nombró una nueva cúpula. Lo hizo utilizando una artimaña legal, basándose en el código mercantil como accionista del 100% de los entes públicos y saltándose al Consejo Nacional de Medios (RMN, en sus siglas en polaco). Este órgano creado por PiS en 2016 y controlado por fieles al anterior Ejecutivo, tiene entre sus atribuciones las competencias para hacer esos nombramientos. En la mañana del martes, el canal informativo de la televisión, TVP Info, dejó de emitir y el apagón azuzó aún más la protesta de los diputados de PiS.

El movimiento del ministerio generó preocupación inmediata entre algunas voces que defienden el imperio de la ley y llevan tiempo advirtiendo de que la restauración del Estado de derecho y la reparación de los abusos cometidos por PiS debe hacerse con cuidado, sin atajos. El Comité Helsinki para los Derechos Humanos, una reconocida organización por su lucha por los valores democráticos y azote de los Ejecutivos de Ley y Justicia, que defiende la necesidad de cambios en los medios públicos, criticó sin embargo la actuación del nuevo Gobierno, que en su opinión “plantea serias dudas a la luz de las normas constitucionales”.

El Consejo Nacional de Medios respondió a los nombramientos con una reunión extraordinaria este martes, jornada festiva en Polonia, en la que nombró un nuevo presidente de la TVP. Para el diputado de Plataforma Cívica, el partido de Tusk, y abogado Roman Giertych, “el anuncio del propietario de la liquidación de TVP pone fin al litigio”, porque el administrador quedará recogido en el registro nacional.

Este miércoles, el grupo parlamentario de Ley y Justicia ha registrado una moción de no confianza contra el ministro de cultura por su “intento de tomar los medios públicos por la fuerza”, antes del anuncio sobre la liquidación. En la misma jornada, la primera laboral tras el parón navideño, Duda había presentado su propuesta de presupuestos a las cámaras con la petición de que se reúnan de urgencia antes de que finalice el año. El presidente del Sejm, Szymon Holownia, colíder de Tercera Vía, la coalición de centroderecha miembro del Ejecutivo, dio acuse de recibo pero ha contestado que la Cámara no se reunirá hasta el 10 y 11 de enero, como está previsto. Tras el anuncio del ministro, Marcin Mastalerek, jefe de la oficina de Duda, ha considerado la liquidación un fracaso en su intento de hacerse con el poder de los medios y ha recordado que esta “era una de las ideas originales de la coalición de Gobierno, descrita muchas veces en los medios”.

En su rueda de prensa de este miércoles, Tusk ha asegurado que el Gobierno seguirá financiando a los medios a través de una reserva para emergencias a disposición del primer ministro creada por su antecesor, Mateusz Morawiecki. “Recibirán apoyo, pero no será bizantino”, afirmó el dirigente, que criticó que los millones que antes inyectaba el Gobierno de PiS acababan en los bolsillos de los suyos. “Los medios públicos bajo el mandato de PiS envenenaron la vida pública”, ha zanjado.

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