La última disputa marítima entre Pekín y Manila agita de nuevo las aguas del mar del Sur de China

La tensión en torno al mar del Sur de China ha ido creciendo en la última década, en la que Pekín ha extendido poco a poco su dominio en la región con la construcción de islas artificiales e instalaciones militares, así como con el frecuente despliegue de patrullas. Los rifirrafes se han intensificado especialmente con Filipinas, y el incidente más reciente, ocurrido el pasado 17 de junio y durante el que varios marineros filipinos acabaron heridos, ha elevado la preocupación en Manila y Washington, que alertan de que una escalada del conflicto podría involucrar a países de todo el Indo-Pacífico. La semana pasada, el presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., recalcó la necesidad de “hacer algo más” que “presentar protestas” contra Pekín, aunque no aportó más detalles.

Manila acusó en junio a la Guardia Costera china de embestir y abordar embarcaciones de la Armada filipina que intentaban reabastecer a la pequeña guarnición militar del Sierra Madre, un oxidado buque de la II Guerra Mundial encallado en el atolón de Ayungin desde 1999 por el Gobierno de Manila para mantener sus intereses en este enclave en disputa con China. El Ejército filipino asegura que los guardacostas chinos “perforaron de forma deliberada” sus botes inflables “con cuchillos, hachas y otros objetos puntiagudos” y “saquearon” las armas de sus tropas. El herido más grave es un marinero que perdió el pulgar de la mano derecha.

Según la versión de Pekín, sus guardacostas tomaron “medidas de control” y “de acuerdo con la ley” contra una embarcación de suministros y dos lanchas motoras que habían “accedido sin permiso del Gobierno chino a las aguas adyacentes al arrecife de Ren’ai Jiao” (como el gigante asiático denomina Ayungin). “Las maniobras fueron profesionales, moderadas, justificadas y legítimas”, insisten desde la Cancillería china.

China culpa a Filipinas de enviar material de construcción al Sierra Madre para reparar el barco y evitar que termine de desintegrarse en el arrecife, situación que Pekín aguarda desde hace 25 años. Aunque Manila declara que sus navíos solo están proveyendo de suministros a la pequeña guarnición de militares allí destacados, el diario Financial Times confirmó que el país ha logrado reforzarlo en secreto y alargar su vida útil, citando fuentes familiares con dicha operación. El buque es un puesto avanzado de Filipinas para reforzar sus reclamaciones sobre el atolón, que dista apenas 105 millas náuticas de la provincia filipina de Palawan, por lo que Manila lo considera parte de su zona económica exclusiva, que, según el derecho internacional, se extiende hasta 200 millas náuticas de la costa de un Estado soberano.

El líder filipino ha condecorado con medallas a los 80 marineros que fueron atacados y los instó a “seguir cumpliendo con su deber de defender la nación”. Marcos Jr. aseveró que su país “no cederá ni será intimidado” ante “ninguna potencia extranjera”, y enfatizó que el archipiélago “no busca instigar ninguna guerra”, sino “resolver todos estos asuntos de forma pacífica”. No obstante, insinuó una línea roja: cualquier acción china que acabe con la vida de un soldado filipino se considerará “muy cercana a un acto de guerra”.

El tsunami también ha llegado a Washington. La Casa Blanca ha recordado que el tratado de defensa mutua firmado en 1951 con Manila “se extiende a los ataques armados contra las Fuerzas Armadas, embarcaciones públicas o aeronaves filipinas —incluidas las de su Guardia Costera— en cualquier lugar del mar del Sur de China”, según el comunicado emitido por el Departamento de Estado el 17 de junio. El miércoles, el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, reafirmó a su homólogo filipino, Gilberto Teodoro Jr., “el férreo compromiso de Estados Unidos con Filipinas tras las peligrosas acciones chinas”. El vicesecretario de Estado estadounidense, Kurt Campbell, ha afirmado que la crisis se debía a una de las “muchas provocaciones chinas que pueden desencadenar conflictos capaces de devastar la economía mundial”.

The Wall Street Journal recoge que, desde el incidente, “funcionarios estadounidenses del más alto nivel” han estado debatiendo “una respuesta adecuada”, según fuentes de seguridad. La semana pasada, el embajador filipino en Estados Unidos, Jose Manuel Romualdez, calificó la situación de “incendiaria” en una entrevista con el Financial Times, en la que aprovechó para advertir que Pekín está poniendo a prueba la determinación de Washington: “Creo que China no debería desestimar la seriedad [del tratado de defensa mutua], porque es muy serio”.

Wang Zaibang, investigador sénior del think tank Taihe Institute, con sede en Pekín, considera que Estados Unidos “busca el bombo mediático, nada más”. “Las dinámicas de poder y la situación en la región son bastante claras”, escribe a través de un mensaje. “Estados Unidos está en una posición complicada: apoyar totalmente a Filipinas significa confrontar directamente a China, lo que es muy arriesgado y no aporta a Washington ningún beneficio. Y si permite que se recrudezca la situación, pero sin intervenir, perdería credibilidad internacional, especialmente con sus aliados”, estima Wang.

China reclama “soberanía indiscutible” sobre un 90% del mar del Sur de China, alegando “razones históricas”. Las aguas de esta estratégica vía navegable son ricas en recursos naturales y pesqueros, y por la zona transita anualmente un tercio del comercio mundial. En 2016, el Tribunal Permanente de Arbitraje en La Haya negó por unanimidad la base legal a sus argumentos y dictaminó que el expansionismo de Pekín viola los derechos soberanos de muchos de sus vecinos. Aunque la República Popular es firmante del tratado de la ONU sobre el que se basa el fallo, cuestiona la autoridad de esa decisión y no la reconoce. Además del atolón de Ayungin, China y Filipinas se disputan la soberanía sobre el banco de arena de Scarborough, cerca de la isla filipina de Luzón, y varias islas del archipiélago de las Spratly, donde también mantienen reclamaciones Brunéi, Malasia, Vietnam y Taiwán.

Los altercados entre los navíos filipinos y chinos no son ninguna novedad: se incrementaron significativamente durante el Gobierno de Benigno Aquino III (2010-2016), quien presentó la histórica demanda de arbitraje. Aunque se apaciguaron durante el mandato de Rodrigo Duterte (2016-2022), más proclive al acercamiento a Pekín, desde la llegada al poder de Marcos Jr., Filipinas ha reforzado su relación militar con Estados Unidos con la vista puesta en China.

Y los encontronazos se han vuelto más recurrentes. Según datos analizados por la Iniciativa para la Transparencia Marítima en Asia del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, los guardacostas chinos patrullaron las aguas del atolón de Ayungin 302 días durante el año pasado, 23 jornadas más que en 2022.

El secretario de Asuntos Exteriores del archipiélago, Enrique Manalo, expresó el pasado martes durante una audiencia del Senado que Filipinas está comprometida a trabajar con China para desarrollar “medidas para fomentar la confianza”, aunque reconoció que es “un reto”. Al día siguiente, el Consejo de Seguridad Nacional de Filipinas adelantó que se están utilizando “canales oficiales y no oficiales” para resolver los problemas, pero pidió al Gobierno “ser realista” ante las exigencias chinas, según informó la radiotelevisión filipina GMA.

Abdul Rahman Yaacob, investigador del Programa del Sudeste Asiático del laboratorio de ideas australiano Lowy Institute, manifiesta en una videollamada que “el punto de partida de cualquier negociación es muy complicado, porque ninguna de las partes va a renunciar a su soberanía”. “Traducir las políticas en un compromiso real con China es difícil”, concluye.

El panorama que Yaacob plantea está, de momento, alejado de una contienda a gran escala, aunque admite que entre fuentes diplomáticas “la mayor preocupación es que una pequeña chispa provoque un incendio, como ha ocurrido en otros momentos de la historia”. En el futuro cercano, cree que Pekín continuará empleando tácticas de intimidación. “China podría empezar a confiscar navíos filipinos y a detener a su tripulación próximamente”, apunta, en referencia a la actualización de la ley china de guardacostas, que entró en vigor el 15 de junio, dos días antes del incidente en el atolón de Ayungin. Las nuevas regulaciones detallan el procedimiento para reprimir “actividades ilegales en aguas bajo jurisdicción china” y estipulan que se podrá detener durante un máximo de 60 días a ciudadanos extranjeros sospechosos de entrar ilegítimamente en las aguas que Pekín reclama.

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