La violencia yihadista y el descontento popular erosionan a las juntas militares del Sahel

Las juntas militares que asaltaron el poder en Malí, Burkina Faso y Níger entre 2020 y 2023 están inmersas en una ola de violencia terrorista y represión sin precedentes que ha abierto un ciclo de creciente descontento popular e inestabilidad interna. Impulsados por la promesa de atajar una insurgencia yihadista que comenzó hace 12 años y recibidos entre manifestaciones de apoyo y vítores, giraron hacia Rusia como nuevo aliado militar en detrimento de Francia, pero sus escasas victorias en el campo de batalla y su hostilidad contra todo atisbo de crítica alimentan un malestar interno cada vez más difícil de silenciar.

“No hay dudas de que la desilusión está ahí. Tras su llegada al poder, una parte de la población decepcionada por los regímenes anteriores se mostró entusiasta. Pero pasan los meses y los años y no se ven resultados claros en la lucha contra el yihadismo”, asegura Gilles Yabi, responsable del centro de análisis Wathi. “Otro de los problemas es que no se ha logrado asociar a los actores de la sociedad civil con estos regímenes. Los procesos de diálogo nacional emprendidos han sido más para validar las decisiones de los militares que un verdadero espacio de debate. Finalmente, está el impacto económico para la población que lo tiene muy difícil para sobrevivir, como por ejemplo los constantes cortes de luz y la carestía de la vida en Bamako, la capital maliense, que lo perturban todo”, añade.

El pasado 11 de junio, Burkina Faso vivió uno de los peores ataques yihadistas de su historia. Cientos de radicales tomaron a la fuerza la base militar de Mansila, cerca de la frontera con Níger, y arrasaron el pueblo. La brutal ofensiva, cuya autoría fue reclamada por el principal actor yihadista en la región, el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), vinculado a Al Qaeda, dejó tras de sí un centenar de militares y decenas de civiles asesinados y siete soldados secuestrados, así como numeroso armamento capturado, según los propios terroristas. Aunque la junta militar presidida por el capitán Ibrahim Traoré no ha facilitado información oficial sobre el incidente, el duro golpe se dejó sentir en la capital en forma de un tiroteo cerca de la sede de la presidencia que no ha sido aclarado del todo.

“Existen serias divisiones internas en el ejército de Burkina Faso”, asegura Ibrahim Yahaya, coordinador para el Sahel del International Crisis Group. “Les faltan medios materiales y económicos para hacer frente al desafío, incluso cosas muy básicas como fusiles”. A juicio de este experto, se trata del régimen más débil de los tres. “Los grupos armados están presentes en más de la mitad de su territorio y no hay grandes avances. Su estrategia se ha basado en el enrolamiento de voluntarios, pero están mal dotados y se han convertido en las principales víctimas de los yihadistas. Al final, han recurrido a mercenarios rusos, pero más para protegerse ellos mismos que para combatir a los grupos armados”, añade el experto.

Epicentro del terrorismo mundial

El ataque de Mansila no fue un hecho aislado. El Sahel se convirtió en 2023 en el epicentro del terrorismo mundial con una de cada tres muertes en el mundo por esta causa, según el Índice de Terrorismo Global publicado por el Instituto para la Economía y la Paz. Por primera vez, Burkina Faso lidera la estadística, con 1.907 de los 8.352 fallecidos en total, mientras que Malí está en tercer lugar con 753 asesinados. “No es sorprendente, porque los militares subieron al poder para hacer frente al yihadismo de manera más ofensiva que los gobiernos anteriores. Esto significa más confrontación y más muertos”, explica Yabi. Sin embargo, les está costando mucho recuperar el terreno perdido frente a los radicales.

Mientras tanto, cientos de ciudadanos y miembros de la clase política que se han atrevido a criticar a la junta militar sufren un acoso sin precedentes. El pasado noviembre, un colectivo de periodistas, activistas y líderes de opinión denunciaba amenazas, acoso judicial, encarcelamientos arbitrarios, detenciones ilegales, exilio e incluso el envío forzoso al frente de activistas. “En lugar de concentrarse en la recuperación del territorio, la junta militar está empeñada en la conservación de su poder y la demolición de la democracia”, aseguraba dicho colectivo mediante un comunicado. Uno de los casos más recientes ha sido el del abogado Guy Hervé Kam, fundador del movimiento Balai Citoyen, detenido desde el pasado 29 de mayo en una prisión militar y acusado de conspiración contra el Estado, según Amnistía Internacional

En la vecina Malí, el ejército y sus aliados rusos han lanzado una amplia ofensiva militar tanto en el centro como en el norte del país que ha logrado algunas victorias simbólicas, como la toma de Kidal de manos de los rebeldes tuaregs el pasado 2023. Sin embargo, amplias zonas del país, sobre todo en las regiones de Mopti y Menaka, siguen siendo escenario frecuente de ataques yihadistas. Los asesinatos, abusos y violaciones cometidos contra civiles por el ejército y mercenarios rusos, según atestiguan informes de Naciones Unidas como el de Moura o quienes huyen del país hacia Mauritania, revelan la violencia indiscriminada del régimen. En el norte, los independentistas tuaregs se están reorganizando para devolver el golpe.

Por su parte, en Bamako, el régimen del coronel Assimi Goïta ha suspendido toda actividad política y aplasta cualquier crítica interna. El pasado marzo, unos 80 partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil exigieron el anuncio de elecciones libres y transparentes para poner fin al régimen militar. “El malestar crece e incluso aquellos que dieron su visto bueno al golpe de Estado se sienten hoy traicionados”, asegura un activista maliense que no revela su identidad por temor a represalias. Once altos cargos de diferentes partidos fueron detenidos el pasado 20 de junio cuando intentaban organizar una serie de manifestaciones contra el régimen y se enfrentan a una acusación de intento de desestabilización del Estado.

En Níger, donde los militares están a punto de cumplir un año en el poder, a la amenaza del JNIM y del Estado Islámico, muy presente en la región de Tillabéri, se ha unido ahora una incipiente rebelión que ha estallado en el norte, capitaneada por miembros de las etnias tubu y tuareg. El pasado 16 de junio, el Frente Patriótico de Liberación (FPL) dinamitó un tramo del oleoducto que transporta crudo desde Níger hacia Benín. El régimen militar del general Abdourahamane Tiani ha reforzado la seguridad en Agadez con mercenarios rusos, según Reuters, mientras mantiene detenido al expresidente Mohamed Bazoum, a quien acaba de levantar su inmunidad para juzgarlo por alta traición. Este viernes, otro grupo armado atacó un convoy militar y secuestró al prefecto de Bilma para exigir la liberación de Bazoum.

“El ambiente en Niamey es tenso”, asegura un periodista nigerino que no revela su identidad. “El Gobierno no solo expulsa o prohíbe los medios franceses. Acaban de endurecer una ley que prohíbe la difusión digital de datos que pueden perturbar el orden público, incluyendo la pena de prisión. Esto es una puerta abierta a encarcelar a periodistas”, añade. Idrissa Soumana Maïga, director del periódico L’Enquêteur, está preso desde el pasado 29 de abril por informar sobre la supuesta instalación de dispositivos de escucha rusos en edificios públicos. Numerosos periodistas y medios franceses han sido vetados en los tres países.

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