El Tribunal Supremo de Israel dictamina el fin de la exención militar para los ultraortodoxos

El Tribunal Supremo de Israel ha dictaminado este martes, por unanimidad de sus nueve magistrados, que el Gobierno tiene la obligación de alistar a los ultraortodoxos ―exentos del servicio militar que cumple obligatoriamente el resto de judíos del país― y dejar de financiar a las yeshivot (seminarios religiosos) en las que estudian. La sentencia añade presión sobre el primer ministro, Benjamín Netanyahu, porque su coalición depende del apoyo de las dos formaciones que representan a este colectivo y que han salido en tromba contra la decisión por rechazo al alistamiento general.

En su sentencia, los jueces subrayan que la exención de los ultraortodoxos “genera una discriminación grave” respecto a quienes sirven y carece de marco legal. En junio de 2023, el Gobierno aprobó a toda prisa una prórroga de 10 meses (que los jueces consideran además inválida) que expiró el pasado marzo sin acuerdo para prorrogarla.

La sentencia recoge argumentos previos, pero está marcada por una novedad importante: la invasión de Gaza. “En estos días, en medio de una guerra grave, la carga de la desigualdad es más aguda que nunca y requiere promover una solución sostenible a este asunto”, asegura el texto.

Es un nuevo punto sensible en uno de los temas que más divide social y políticamente al país y que lleva más de una década en los tribunales. Ya en 2002 el Parlamento intentó regularlo, pero el Supremo lo tumbó y declaró inconstitucional la exención en 2017. La movilización masiva (la mayor de reservistas de la historia de Israel) de los últimos meses ha vuelto a ponerlo en primer plano.

Difícilmente esperaba el secular David Ben Gurión, el padre fundador del país, que la exención que pactó con los líderes ultraortodoxos en 1948, al nacer el Estado judío, sería siete décadas más tarde tan divisiva y emocional. Apenas afectaba entonces a 400 estudiantes. Los ultraortodoxos eran entonces el 5% de la población. Hoy, son el 13% y, con casi siete hijos de media, llegarán al 32% en 2065, según las proyecciones de la Oficina Central de Estadísticas. El Israel más liberal y secular pide en las manifestaciones desde hace años lo que llama “la igualdad en la carga”: que se alisten (o hagan servicio social sustitutorio), paguen impuestos y tengan derecho a los mismos fondos públicos que ellos.

Estos días, sin embargo, el debate ha cambiado: ya no es solo un tema de principios, sino también práctico. El 7 de octubre, una milicia con pocos medios convirtió en un coladero la cara y tecnológica barrera en torno a Gaza. Faltaban tropas sobre el terreno y de poco sirvió el poderío aéreo. Luego, la devastadora invasión de la Franja, el despliegue de otras decenas de miles de soldados en las fronteras con Siria y Líbano, y en Cisjordania y la perspectiva de una guerra total con varios frentes han alimentado en la opinión pública y en el estamento militar un sentimiento de urgencia para el alistamiento de los ultraortodoxos que no existía antes. Es la línea en la que ha reaccionado el anterior primer ministro y jefe de la oposición, Yair Lapid: “Israel está en una guerra en siete frentes. Su ejército no tiene suficientes soldados. Si no luchamos juntos, moriremos juntos”.

Los dirigentes ultraortodoxos han criticado la decisión, aunque sin cerrarse a un acuerdo. “Israel fue creado para ser el hogar del pueblo judío, que tiene en la Torá la base de su existencia. La Torá Sagrada prevalecerá”, dijo el ministro de Vivienda, Itzhak Golknopf. “No hay poder en el mundo que pueda obligar a una persona cuyo alma desea estudiar la Torá a abstenerse de hacerlo”, subrayó el titular de Asuntos de Jerusalén, Meir Porush. “El pueblo judío ha sobrevivido a persecuciones, pogromos y guerras gracias a que mantuvo su singularidad: la Torá y los mandamientos. Es nuestra arma secreta contra todos los enemigos”, dijo Arie Deri, líder del partido sefardí Shas.

Los magistrados no indican cómo debe cumplirse la decisión, ni cuántos ultraortodoxos se deben alistar. Se calcula que la sentencia afecta a unas 63.000 personas de 18 a 24 años, de los que el ejército ya esperaba contar este año con unos 3.000. Los jueces abren la puerta a un “reclutamiento gradual”, que aleja la inminencia de una crisis de Gobierno. El Movimiento para la Calidad del Gobierno de Israel, que llevó el tema al Supremo, ha calificado la sentencia de “victoria histórica” y ha pedido la llamada a filas inmediata de los 63.000.

Aliados

La decisión no es una sorpresa, pero sí un golpe para Netanyahu. Quedaría en minoría sin sus dos socios ultraortodoxos: Shas y el asquenazí Judaísmo Unido de la Torá. Integran la coalición desde 2022, junto con la ultraderecha, y lo acompañan fielmente desde hace años. No siempre ha sido así en el pasado, pero los haredim (los que temen a Dios, como se conoce en hebreo a los ultraortodoxos) han encontrado acomodo en la derecha política y un socio fiel en Netanyahu, que los mantiene al margen del alistamiento y otorga subsidios y financiación a cambio del sí de sus diputados.

Netanyahu ―un experto en ganar tiempo y en frenar crisis políticas con concesiones o promesas que luego incumple― se enfrenta ahora a un dilema. Si impulsa el cumplimiento del dictamen judicial, puede perder a sus aliados tradicionales y se verá forzado a convocar unas elecciones anticipadas que exige una mayoría de israelíes y que él rechaza, por considerar un “regalo a Hamás” en tiempo de guerra. Solo “puede”, ya que los líderes ultraortodoxos son conscientes del frío que hace en la oposición o cómo son vistos por los seculares partidarios del alistamiento para todos. Netanyahu perdió a principios de este mes el apoyo de Benny Gantz por diferencias sobre el curso de la invasión de Gaza. Era un ministro procedente de la oposición que se sumó durante ocho meses al Ejecutivo de unidad creado para gestionar la guerra.

Su partido, Likud, ha reaccionado a la defensiva a la sentencia: “Es extraño que el Supremo, que durante 76 años se ha abstenido de forzar con un fallo el reclutamiento militar de los [estudiantes] de yeshivot, lo haga ahora, cuando estamos a punto de legislar un proyecto de ley histórico de reclutamiento y el reclutamiento más reciente de los ultraortodoxos fue el mayor jamás registrado”.

Se refiere, por un lado, al fracasado intento del Ejecutivo de alcanzar un acuerdo que pondría negro sobre blanco la exención. Si lo intenta sacar adelante, dando la cobertura legal que pide el Supremo, puede perder a otra parte de su coalición. Entre ellos, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, también del Likud, pero muy claro sobre la necesidad de que los haredim arrimen el hombro en el aspecto militar.

El “reclutamiento histórico” al que alude el Likud está marcado por las circunstancias. Hasta octubre, unos 1.000 ultraortodoxos solían servir como voluntarios en el ejército. Pertenecían, además, generalmente a las ramas más cercanas al ultranacionalismo, lejos de las corrientes antisionistas que rechazan la existencia del Estado de Israel por ser una creación humana previa a la llegada del Mesías. No llegaban al 1% por ciento de los soldados. El ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, con cerca de 1.200 muertos, llevó a unos 2.000, de distintas edades, a presentarse voluntarios en apenas tres meses.

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