El emporio en Latinoamérica del conseguidor de las constructoras españolas

El complejo Ocean Reef Islands se presenta como un desafío de la construcción e ingeniería. Erigido sobre dos islas artificiales de 190.000 metros, este refugio de caprichosas fortunas en el corazón de Panamá ofrece vistas al Pacífico, helipuerto, marina privada y espacio para el atraque de yates.

El abogado panameño-español Mauricio Cort se hizo en 2013 con dos áticos en el exclusivo enclave. Pagó más de cuatro millones de dólares [unos 3,7 millones de euros] por estas propiedades de hasta 508 metros. Así lo confirman decenas de contratos y registros de transferencias a los que ha tenido acceso EL PAÍS.

A sus 54 años, Cort levantó un emporio en el país centroamericano sustanciado en centros comerciales, viviendas de lujo y millonarios proyectos urbanísticos. Las inversiones en ladrillo fraguaban mientras el letrado cobraba presuntamente sobornos de hasta el 10% a constructoras a cambio de adjudicaciones. El español tenía mano con los gobiernos de Ricardo Martinelli (Panamá), Daniel Ortega (Nicaragua) y Mauricio Funes (El Salvador). En su cartera de clientes, o lo que es lo mismo, de empresas que tocaban a su puerta para conseguir el maná de la obra pública del poder corrupto, figuró FCC. La constructora española ha declinado dar su versión a este diario, que tampoco ha logrado recabar el testimonio de Cort.

Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas y con un MBA por la Universidad de Valencia, Cort hizo del sigilo su principal virtud. Y prueba de ello es que movió presuntamente el dinero de maletines y constructoras por un alambicado tinglado de cuentas y sociedades pantalla (sin actividad) en Panamá, Suiza y Andorra. Su esquema financiero operó entre 2010 y 2014.

Para desgranar la primera parada del inversor, hay que dirigir la mirada al oeste de Panamá. El centro comercial Westland Los Pueblos tiene 230 comercios. Una treintena son restaurantes. A través de la opaca sociedad panameña Fundación FCJJ, Cort se hizo en 2013 con un lote de 3.762 metros en este complejo de tiendas al aire libre y franquicias. Desembolsó tres millones de dólares, según el contrato de promesa de compraventa con la firma Desarrollo Oeste, SA.

También aterrizó el abogado en 2013 en una sociedad para desarrollar un proyecto inmobiliario. La piedra angular del negocio fue un terreno de 4.000 metros valorado en 12 millones. Cort participó con seis millones al 50% en esta iniciativa, según el contrato.

La torre Star Bay es un acristalado enjambre de oficinas de más de 60 alturas. Tiene hotel de cinco estrellas y casino. El letrado compró en 2013 dos inmuebles en este edificio de la panameña avenida de Balboa por 1,2 millones.

Siguiente destino: isla Pedro González. Radicada en el archipiélago Las Perlas, en el golfo de Panamá, este enclave concitó también el apetito inversor del abogado. En 2012, desembolsó 500.000 dólares a través de su fundación panameña FCJJ para participar en un proyecto que planeaba levantar “76 unidades inmobiliarias”, según la documentación.

Los contratos revelan, además, que el letrado del poder firmó un acuerdo en 2010 para adquirir un apartamento de 220.000 dólares en el distrito panameño de Bella Vista. Lo hizo a través de la coraza de su sociedad instrumental Camino del Rey. Una pantalla integrada en la maraña financiera de este abogado que también controla la panameña Fundación Glock, donde figuran desde 2011 sus dos hijos como beneficiarios en caso de fallecimiento, según sus actas.

El análisis de sus movimientos en Andorra ―donde Cort manejó cuatro cuentas entre 2010 y 2013 que captaron más de siete millones― aflora prominentes lagunas. Una transferencia de un millón que el abogado ordenó desde la entidad financiera andorrana para comprar un lote de apartamentos en Panamá fue a parar a Jayland Consultants. Se trata de una sociedad radicada en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes. Y que tiene entre sus cinco accionistas a Federico Suárez Cedeño, quien fuera ministro de Obras Públicas de Panamá durante el mandato presidencial de Ricardo Martinelli (2009-2014). Y es precisamente este último político ―un exmandatario condenado a más de 10 años por lavado de activos― con el que Cort presuntamente tenía hilo directo en materia de maletines y constructoras, según reconoció en 2019 ante dos fiscales el que fuera director en Latinoamérica de FCC, Eugenio del Barrio.

El exejecutivo de la constructora admitió también que la compañía desembolsó 40 millones en comisiones para ganar licitaciones en Panamá entre 2010 y 2014. FCC consiguió siete adjudicaciones por 434 millones de dólares tras contratar a Cort, según reveló este diario.

El tinglado financiero del ‘abrepuertas’

Una de las cuatro cuentas del conseguidor en Andorra, un depósito inscrito a nombre de la sociedad instrumental uruguaya Arados del Plata, SA, cobró de Suiza 3,5 millones de dólares en 2012. Cort justificó el dinero en el marco de un acuerdo de comisiones con FCC. En concreto, dijo al banco que percibía fondos por cada obra que la constructora española captaba en Panamá.

Junto a FCC, el letrado también prestó sus servicios de abrepuertas del poder a Odebrecht, el gigante brasileño de la construcción en el centro de la mayor trama de sobornos de Latinoamérica. Se dejó supuestamente 677 millones en corromper voluntades.

Entre 2001 y 2016, la firma regó de maletines, prebendas y viajes en Latinoamérica a 145 políticos y altos funcionarios a cambio de adjudicaciones de obra pública, principal fuente de ingresos de esta mole de la construcción, que llegó a tener 168.000 empleados en 28 países.

A cambio de los enjuagues, el gigante brasileño recompensó al conseguidor. Las cuentas en el principado pirenaico del abogado recibieron 7,5 millones de dólares de las sociedades que Odebrecht usó para comprar voluntades: Aeon (Panamá) y Klienfield (Antigua y Barbuda).

Tanto trasiego de millones, transferencias a paraísos fiscales y compra de inmuebles despertaron las sospechas de la BPA (Banca Privada de Andorra), una entidad que ―pese a estar hoy investigada en Andorra por el blanqueo de fondos de sus clientes― alertó de las sospechosas transacciones del elegante conseguidor. El departamento de cumplimiento de la institución financiera, una especie de policía interna dedicada a evitar que se cuele en el banco dinero inconfesable, acordó en mayo de 2013 no aceptar “la operativa” financiera de Cort. El abogado decidió entonces transferir su saldo, de seis millones de euros, al banco UBS, “donde no le ponían problemas”, según reconoció un empleado de la BPA en un correo electrónico. “Solo para que quede constancia, este cliente supone una pérdida de seis millones de dólares”, alertó el trabajador en el mensaje.

Imputado junto a dos de sus sociedades instrumentales desde el pasado marzo por blanqueo en un juzgado de Andorra, un país de 77.000 habitantes blindado hasta 2017 por el secreto bancario, Cort manejó entre 2010 y 2013 su maraña financiera en el país pirenaico sin acreditar sus fondos y transacciones. “Se detectan importantes defectos de forma en la documentación contractual y facturas”, recoge un informe del pasado enero de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand), el organismo público del pequeño Estado que indaga el blanqueo de capitales.

investigacion@elpais.es

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