El ‘conseguidor’ español que sedujo a las constructoras en América

Cuando en los encorbatados cenáculos de la Cámara de Comercio de España en Panamá se pregunta por el abogado Mauricio Cort García, se hace el silencio. Ninguno de los empresarios consultados quiere pronunciarse sobre este apuesto letrado español asentado en Panamá y especializado desde hace dos décadas en el hermético negocio de la compra de voluntades. O, lo que es lo mismo, en cobrar sobornos de hasta el 10% de una obra a constructoras en nombre de corruptos mandatarios de Latinoamérica.

Desde Odebrecht, el gigante brasileño de la construcción que perpetró la mayor trama de sobornos de América, a la multinacional española FCC, que se hizo con siete adjudicaciones por 434 millones de dólares tras fichar al letrado en 2010. Los principales tótems del ladrillo tocaron a la puerta del discreto conseguidor.

“Es educado, presumido, siempre va trajeado y luce buenos relojes”, concede un antiguo compañero de la universidad católica Santa María La Antigua de Panamá, donde Cort se licenció en Derecho y Ciencias Políticas. Cuando se inquiere a este letrado sobre aspectos menos superficiales de su colega, corta educadamente la conversación. “Es un perfecto desconocido en el ámbito jurídico”, añade otro prestigioso jurista. “Perteneció a la Cámara de Comercio de España en Panamá, pero ya no es miembro”, matizan desde este organismo sin descender al detalle.

La pericia de Cort, de 52 años, para conectar a constructoras con el lado más oscuro del poder es casi tan prominente como su capacidad para pasar desapercibido. Un perfil que le permitió colarse con sigilo en los enmoquetados despachos de decisión y conseguir adjudicaciones de los gobiernos de Ricardo Martinelli (Panamá), Daniel Ortega (Nicaragua) y Mauricio Funes (El Salvador) entre 2010 y 2014. Y también, sacar partido de la gran infraestructura del sexenio presidencial de Felipe Calderón en México (2006-2012), la Central Hidroeléctrica La Yesca en el Estado de Nayarit. Cort cobró tres millones en Andorra por un misterioso informe sobre esta obra adjudicada a la mexicana ICA que, a juicio de la policía del país europeo, camufló un esquema de cobro de comisiones, según reveló EL PAÍS.

El embrión del imperio del soborno de Cort hay que buscarlo en el primer piso de un acristalado edificio de la calle Manuel María Icaza de Ciudad de Panamá. Corre mayo de 2003. Y este abogado, un tipo presumido y con aires de triunfador, ya lleva una década fogueándose en los bufetes panameños. Ha trabajado en dos despachos, tiene un MBA de la Universidad de Valencia y cree que es el momento de volar solo. Crea Cort Business Brokers and Consultors, una firma que, bajo el paraguas de “asesoría en licitaciones y contrataciones públicas”, ofrece a sus clientes una vía directa de acceso al poder. Sin atajos.

Panamá, una diminuta nación de 4,4 millones de habitantes que ha encabezado durante décadas la lista de paraísos fiscales por su opacidad, es el lugar idóneo para emprender el proyecto.

Un español en Las Garzas

El desembarco en el Gobierno del país centroamericano del empresario Ricardo Martinelli, en 2009, dispara el negocio de la misteriosa firma del español. El abogado comienza a moverse como pez en el agua en el palacio de Las Garzas, sede del gobierno. Se convierte presuntamente en el intermediario oficial y, en cierto modo, consejero áulico de Martinelli en materia de maletines.

Eugenio del Barrio, que hasta 2013 fue director en Latinoamérica de FCC –una multinacional investigada en Andorra y España por pagar presuntamente comisiones a Cort para conseguir contratos en Panamá, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica- reconoció la esfera de influencia del español en el Ejecutivo de Martinelli. “Nunca habíamos oído hablar de este señor…. El propio ministro Federico Suárez, que era titular de Obras Públicas, le indicó al director general de la constructora que contratara a Mauricio Cort”, explicó Del Barrio en junio de 2019 ante dos fiscales panameñas durante un acuerdo secreto, que posteriormente se declaró nulo por tecnicismos formales.

Fraguado en la embajada de Panamá en Madrid, la frustrada colaboración permitió aflorar los manejos inconfesables del abogado. Y conocer que Cort cobraba un 10% a FCC por adjudicación, tomaba decisiones y ajustaba márgenes de obras, según Del Barrio. El exejecutivo aseguró que la constructora española desembolsó 40 millones en comisiones por hacerse con licitaciones entre 2010 y 2014 en el país centroamericano.

Y es que, tras contratar a Cort, FCC ganó las obras del Hospital Luis Chicho Fábrega (127 millones de euros), la sede del tribunal electoral (27,6) el acceso del cauce del Pacífico del Canal (187) –en consorcio con las firmas ICA y Meco— y la rehabilitación del puente Centenario (27,6). EL PAÍS ha intentado sin éxito recabar la versión de FCC.

Para revestir de legalidad el negocio, Cort camuflaba sus mordidas con supuestos informes de consultoría que facturaba a través de su sociedad instrumental Arados de Plata. Una firma creada en Montevideo (Uruguay) en 2004 y en la que figuró como testaferro el ciudadano de esta nacionalidad Juan Carlos Siekavica Costa.

La llave que usó el abogado para desembarcar en el círculo de los Martinelli es un enigma. El letrado indicó a la Fiscalía de Panamá que conoció en 2012 a Ricardo Martinelli Linares, hijo del expresidente, en Estados Unidos y que planeó con él un negocio de compra de barcos tanqueros valorados en 17,7 millones de dólares. El desenlace de esta empresa es otro misterio.

La ascendencia de Cort en el palacio de Las Garzas dio giro inesperado en pleno mandato de Martinelli (2009-2014). El entonces presidente anunció a los directivos de FCC que preveía cesar a Federico Suárez del Ministerio de Obras Públicas, y que el nuevo interlocutor con la compañía sería Riccardo Francolini.

La caída en desgracia no impidió al español hacer caja durante su etapa de hombre influyente. En 2010, un año después del aterrizaje de Martinelli en el Ejecutivo de Panamá, Cort se convirtió en cliente de la Banca Privada d’Andorra (BPA) para ingresar sus honorarios profesionales, de 10 millones de dólares anuales. Llegó a manejar cuatro cuentas a nombre de empresas instrumentales en esta entidad. Usó una para cobrar mordidas presuntamente de FCC y otra para mover el dinero de Odebrecht. Y nunca ocultó sus intenciones. “Canalizar comisiones de empresas españolas en Latam”, desveló el fundador de Cort Business Brokers and Consultors en el know your customer (conozca a su cliente), una suerte de tercer grado que rellenaban los clientes de la BPA para aclarar el origen de su riqueza.

Pero tanto éxito, trasiego de millones y transferencias hicieron saltar las alarmas. Los planes del español de ingresar en Andorra fondos procedentes de Bahamas y Suiza y de usar el país europeo para “comprar bienes inmuebles” y abonar “inversiones inmobiliarias y financieras” a terceros le pusieron bajo el foco de la sospecha. Así lo reveló un informe confidencial de la BPA, que advertía en 2010 del riesgo de aceptar al letrado como cliente y recomendaba rastrear sus pasos. Y así lo confirman también los movimientos bancarios del conseguidor, que usó su entramado financiero andorrano para comprar en Panamá una propiedad en el residencial de lujo con helipuerto Ocean Reef e invertir en un proyecto inmobiliario en la isla Pedro González.

Hoy, la estela del triunfador se ha desvanecido. Tras ser condenado en 2018 por un tribunal de Panamá a 48 meses de prisión por mover comisiones de Odebrecht, Cort aguarda en libertad condicional en el país centroamericano el desenlace de sus embrollos judiciales. Se enfrenta a causas en Panamá, Andorra y España. En los tres países le persiguen por su principal habilidad: conectar a constructoras con el lado más pestilente del poder. El hermético abogado ha declinado responder a las preguntas de este periódico.

investigacion@elpais.es

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