Macron viaja a Nueva Caledonia tras una semana de graves disturbios y seis muertos
El presidente francés intentará abrir un diálogo ante el rechazo a la reforma constitucional que amenaza con diluir la fuerza de los independentistas
Emmanuel Macron anunció por sorpresa este martes su intención de viajar a Nueva Caledonia, el archipiélago francés en el océano Pacífico sumido desde el 13 de mayo en graves disturbios que han costado la vida a seis personas, cuatro civiles y dos gendarmes. El objetivo del presidente francés, que tenía previsto despegar por la noche, es desactivar una crisis que ha llevado al Gobierno a declarar el estado de urgencia, a cerrar aeropuertos y a desplegar a las fuerzas armadas para proteger instalaciones estratégicas.
La adopción por el Parlamento francés de una reforma constitucional que ampliará el censo electoral —y complicará a la población local alcanzar un día la mayoría para la independencia— ha encendido los ánimos. Las protestas han derivado en violencia. Y en lo que algunos testimonios describen como de caos generalizado, con civiles armados, carreteras y barrios bloqueados por barricadas y riesgo de enfrentamiento civil entre la población de origen autóctono, los kanakos, y la de origen europeo, los caldoches. Los primeros representan un 41% de la población; los segundos, un 24%.
El de Macron es, literalmente, un viaje a las antípodas. Nueva Caledonia se encuentra a 16.500 kilómetros de la Francia metropolitana. El vuelo del presidente durará unas 24 horas. La distancia física también es mental y permite hacerse una idea de las dificultades que tiene París para gestionar el territorio.
La visita, la tercera del presidente al archipiélago desde que en 2017 llegó al poder, llega cuando, según las autoridades locales, la situación se está calmando tras varias noches de tensión extrema. El comisario de la República en Nueva Caledonia, Louis Le Franc, llegó a hablar hace unos días de “situación de insurrección”.
El ministro del Interior, Gérald Darmanin, ha explicado este martes ante la Asamblea Nacional que ha habido 276 detenidos desde el inicio de los disturbios y que 84 policías y gendarmes han resultado heridos. Australia y Nueva Zelanda han empezado a evacuar por aire a turistas que se encontraban atrapados en Nueva Caledonia. El aeropuerto internacional, cerrado desde la semana pasada, no prevé reabrir como mínimo hasta el sábado.
El ministro Darmanin acusó la semana pasada a Azerbaiyán de injerencia extranjera en Nueva Caledonia y de “cerrar acuerdos con una parte de los independentistas”. También calificó al grupo independentista Célula de Coordinación de Acciones de Terreno (CCAT) de “organización mafiosa, violenta, que saquea comercios y dispara balas reales sobre los gendarmes”. Christian Tein, responsable de la CCAT, declaró a la cadena pública local La 1ère: “Condenamos los desbordamientos”.
“Es una revuelta de la juventud, nos ha desbordado”, explicó al diario Libération Roch Wamytan, presidente independentista del Congreso de Nueva Caledonia y miembro del Frente de Liberación Nacional Kanako y Socialista (FLNKS). “Hay una población kanaka extremadamente joven que masivamente votó por la independencia, que vive mal la situación actual, que sufre la violencia institucional, que está estigmatizada”, afirmó.
Las fuerzas del orden francesas pusieron el domingo en marcha una operación para retomar el control de la carretera que conecta la capital, Nouméa, con el aeropuerto, situado a 52 kilómetros. En la operación abrieron más de 67 barreras y detuvieron a 200 personas, según informo este martes en París la portavoz del Gobierno francés, Prisca Thévenot.
En la misma rueda de prensa, al término del Consejo de Ministros, Thévenot dijo que Macron había explicado a los ministros sus planes para volar esa misma noche a Nueva Caledonia “para instalar ahí una misión”. El presidente se había mantenido a distancia de la crisis y había delegado su gestión en el Gobierno. Ahora retoma el control.
No está claro en qué consistirá la “misión” que Macron quiere “instalar” en Nueva Caledonia. En los días pasados ha expresado el deseo de abrir un diálogo entre independentistas y no independentistas que permita encontrar una alternativa a la reforma constitucional y rebajar la tensión. Pero ha avisado de que, si este diálogo no da resultados, antes de finales de junio someterá la reforma al voto definitivo del Congreso, que reúne a la Asamblea Nacional y al Senado.
La semana pasada, la Asamblea Nacional adoptó en París un proyecto de ley que amplía el llamado cuerpo electoral. Es decir, el número de residentes en Nueva Caledonia con derecho a votar en las elecciones provinciales y posiblemente en un referéndum de independencia, si hay otro.
El cuerpo electoral es el nudo de muchos conflictos de este territorio colonizado en 1853 e inscrito en la lista de la ONU de territorios no autónomos pendientes de descolonizar. Ahora el censo lo integran las personas inscritas antes de 1998. La reforma prevé que se inscriban los nacidos después de esta fecha y quienes lleven más de 10 años de residencia, lo que en teoría engrosará las filas no independentistas y diluirá influencia de los que pretenden la secesión.
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