La guerra de Gaza activa una bomba de relojería económica en Cisjordania

Recorrer la veintena de kilómetros que separan Jerusalén de Ramala puede llevar más de dos horas en medio del caos de los atascos, en la única vía hacia la capital administrativa palestina que Israel ha dejado abierta. “El bloqueo de nuestra economía no empezó el 7 de octubre [cuando Hamás lanzó el ataque desde Gaza], pero se ha agravado desde entonces”, asegura Atef Alawneh, exviceministro de Finanzas y profesor universitario, en la sede de Instituto Palestino de Investigación y Política Económica.

Desde el estallido del conflicto en la Franja mediterránea, Cisjordania, parcialmente controlada por la Autoridad Nacional Palestina (ANP), se ha convertido en una bomba de relojería económica a punto de estallar. La prohibición de entrada de unos 200.000 trabajadores palestinos contratados por empresas israelíes y la retención de los tributos que Israel recauda en nombre de la ANP (unos 1.000 millones de euros al mes, que suponen unos dos tercios de sus ingresos) amenazan la estabilidad del territorio palestino. El recorte del sueldo de los empleados públicos y la desaparición de los 400 millones de euros que los trabajadores transfronterizos inyectaban cada mes en la demanda local han colocado a la economía palestina al borde del colapso, mientras las empresas echan el cierre con las cajas registradoras vacías y agobiadas por las deudas.

Alawneh, de 74 años, fue hace ahora tres décadas uno de los negociadores del Protocolo de París, que regula las relaciones económicas entre Israel y la ANP, en las que se impuso el shéquel como moneda única tras el nacimiento del autogobierno en los Acuerdos de Oslo. “Hay varios factores que están golpeando de lleno la economía palestina en plena guerra de Gaza”, explica este experto analista. “El primero es la retención de las transferencias desde Israel por las tasas aduaneras y el IVA que recauda en nombre de la ANP. Los 200.000 empleados y pensionistas públicos, que han visto recortadas sus retribuciones, no tienen ya dinero que gastar, y la demanda interna se resiente”, advierte. Las deudas del Gobierno con los hospitales privados, las compañías eléctricas y los proveedores de servicios se elevan, según sus cálculos, por encima de los 2.500 millones de shéqueles (más de 600 millones de euros).

“El dinero es nuestro”, clama Suha Awadalá, de 47 años, directora general de relaciones internacionales del Ministerio de Economía palestino, después de que Israel haya anunciado que va a entregar los tributos retenidos, pero no a la ANP, sino al Gobierno de Noruega, como mediador en los acuerdos de 1993. El objetivo de esa decisión es no transferir fondos a Gaza.

Awadalá afirma que el bloqueo financiero practicado por Israel es “ilegal”, según los pactos suscritos en Oslo y París, y que por esa razón se ha rechazado la oferta del Gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu. Las tasas y el IVA que recauda Israel en las aduanas suponen más del 65% de todos los ingresos palestinos. Como detalla esta responsable ministerial, los tributos locales (20%) y las donaciones recibidas de la comunidad internacional (15%) son las únicas vías restantes para aportar fondos a las arcas de la ANP.

Subidas de precios

“Con 10 shéqueles (2,5 euros) antes de la guerra se compraban tres kilos de tomates en Ramala, ahora solo dan para un kilo”, recuerda el profesor Alawneh. “La separación económica entre Gaza y Cisjordania a causa del conflicto está teniendo graves repercusiones”, precisa, “sobre todo al haber cesado las transacciones agrícolas”.

De acuerdo con las estimaciones oficiales que maneja este analista, la economía de Gaza se ha desplomado en un 85%, además de haber sido destruidas casi todas las infraestructuras con un resultado “catastrófico”. En Cisjordania, mientras tanto, la caída de la actividad ha sido de un 30% en los tres últimos meses. “No creo que nos vayamos a recuperar a corto plazo”, pronostica, “y llevará muchos años de trabajo. Lo que está ocurriendo en Gaza se está trasladando Cisjordania”. La inflación, que antes del 7 de octubre se situaba en el 1,7% se eleva ya por encima del 5%.

El exviceministro y exconsejero del Banco de Palestina resalta que la separación interna impuesta por Israel en Cisjordania ha cortado los flujos entre Nablus (norte), Ramala (centro) y Hebrón (sur), los tres grandes polos económicos: “Ahora hay 600 barreras internas, puestos de control y retenes militares que fuerzan a soportar largas esperas por las vías que conectan las poblaciones palestinas”.

En su despacho del Ministerio de Economía, Suha Awadalá reconoce que, como el resto de los funcionarios palestinos, aún no ha cobrado la nómina de diciembre. “En octubre recibimos solo el 50% del salario, y en noviembre se elevó hasta el 66%, por un complemento... pero no estoy segura de que vayamos a percibir las retribuciones de enero ante la penosa situación de los ingresos palestinos”.

La responsable de relaciones internacionales no cree, sin embargo, que se vaya a producir un estallido social. “Si no hubiese guerra, ya habría habido manifestaciones en el centro de Ramala, pero todos sabemos que tenemos que esperar a que vengan tiempos mejores”, razona, mientras menea la cabeza al referir cómo sobrevive gracias a préstamos familiares. “Todos nos estamos apretando el cinturón, la Administración y los ciudadanos”, admite.

Después vuelve a arremeter contra Israel por pretender deducir de las transferencias a la ANP las subvenciones a las familias de presos palestinos en cárceles israelíes, así como las facturas de suministros de electricidad y agua de empresas públicas de Israel. “Se quedan con una cuarta parte de nuestros ingresos cada mes y esto se refleja también en los salarios públicos, que llevan tres años recortados al 80% de su importe real”, precisa.

Destrucción del sector privado

“La Administración palestina ha desaparecido de Gaza, junto con todo lo demás. Y en Cisjordania está a punto de colapsar, en paralelo al incremento del desempleo y la paralización de la economía”, concluye. “Y estamos siendo testigos, además, de la destrucción de nuestro sector privado, donde los cierres de empresas se concentran en el sector de los servicios, y en menor medida, en la industria”, puntualiza Awadalá.

Los trabajadores palestinos en Israel aportaban una inyección de ingresos fundamental en la economía de Cisjordania, donde la tasa de desempleo se ha elevado del 18% al 29% en tres meses de guerra en Gaza. Bilal Jaled, de 30 años, casado y con dos hijos, soñaba con comprarse un terreno y construirse una casa a las afueras de Ramala. Llevaba cuatro años trabajando en una fábrica de caramelos y dulces de Atarot, en Jerusalén Este, la zona de la ciudad que fue ocupada por el ejército israelí en 1967. Ganaba cerca de 2.500 euros al mes y repartía dinero a manos llenas entre sus familiares, y pagaba los estudios de sus hermanos pequeños. “Ese sueño ya se ha desvanecido”, reconoce, mientras sirve bebidas y prepara cachimbas para fumar en un café de Ramala por menos de 400 euros al mes.

“Mi jefe israelí me llamó el 7 de octubre y me dijo que no fuera a trabajar hasta nuevo aviso. No sé si volverá a contactarme algún día, pero ahora se ha hundido mi mundo”, dice abatido en el rincón del café donde guarda las shishas o pipas de agua. Como otros cerca de 200.000 palestinos empleados en Israel, no todos con contrato legal, echa de menos los madrugones para acudir a trabajos a las seis de la mañana tras atravesar los controles de seguridad en dirección a un polígono industrial israelí.

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