Dublín recurre ante la justicia europea la amnistía de Sunak para los delitos del conflicto de Irlanda del Norte

El Gobierno de Dublín fue actor fundamental en la consecución de la paz en Irlanda del Norte, y es garante, junto a Londres, del cumplimiento de los Acuerdos de Viernes Santo de 1998. Con esa responsabilidad, el vice primer ministro irlandés y ministro de Exteriores —conocido como tánaiste—, Micheál Martin, ha anunciado este miércoles la puesta en marcha de los trámites necesarios para recurrir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo la Ley de Legado y Reconciliación de los Problemas [Troubles, en su término histórico] en Irlanda del Norte, que impulsó Downing Street y fue aprobada el pasado septiembre por la Cámara de los Comunes.

Desde el inicio de su tramitación, la ley fue criticada con dureza, y rechazada por los familiares de las víctimas, así como por los propios supervivientes de la violencia, por un lado, terrorista de republicanos y unionistas, y, por otro, resultado de la guerra sucia llevada a cabo por las tropas del Reino Unido en la región. La amnistía provocó también el rechazo de los principales partidos políticos de Irlanda del Norte, la oposición laborista británica, el Gobierno de Dublín y hasta la Administración estadounidense. Más de 3.500 personas murieron durante ese periodo histórico.

“Lamento que nos encontremos en esta posición, pero nuestro único recurso ha sido emprender la vía legal”, ha explicado Martin en un comunicado. El vice primer ministro pertenece al Fianna Fáil, uno de los dos principales partidos históricos de Irlanda junto al Fine Gael. Ambas formaciones, por lo general rivales, acordaron un Gobierno de coalición en 2020 para frenar el ascenso del Sinn Fein, el brazo político del IRA, que fue el más votado aquel año por primera vez en toda su existencia. Los tres partidos, sin embargo, coinciden en su postura en contra frente a una amnistía que, según ellos, pone en peligro los acuerdos de paz de Irlanda del Norte. “Nos preocupan en concreto las disposiciones de la ley que permiten la concesión de inmunidad, y que suponen cerrar el paso a la consecución de verdad y justicia en casos históricos, al impedir investigaciones policiales, instrucciones judiciales o demandas civiles”, ha señalado el ministro.

Amnistía ‘condicional’

Quedan al menos 1.000 asesinatos por resolver heredados de los 30 años de conflicto norirlandés. El propósito del Gobierno conservador es “poner fin a todos los procesos judiciales relacionados con conductas de la era de los troubles y otorgar inmunidad condicional frente a la investigación a todos los que cooperen con los trabajos que lleve a cabo la nueva Comisión para la Reconciliación y la Recuperación de Información”, según el texto de la nueva ley.

Ese nuevo organismo, que preside el magistrado Declan Morgan, se inspira en la Comisión de Verdad y Reconciliación de Sudáfrica, puesta en marcha por el Gobierno de Nelson Mandela después del final del régimen racista y segregador del apartheid. Los críticos con la nueva ley señalan que la comisión sudafricana se puso en marcha de inmediato, cuando los recuerdos aún estaban frescos. En el caso de Irlanda del Norte, han pasado ya 25 años desde la firma del Acuerdo de Viernes Santo, que puso fin al conflicto, pero situó a las víctimas en el centro de la discusión, y preservó la posibilidad de hacer justicia respecto a las atrocidades pendientes de ser aclaradas.

La ley impulsada por el Gobierno de Sunak fue en realidad una iniciativa del ex primer ministro británico, Boris Johnson. La anunció en julio de 2021 como una ley que “permitiría trazar una línea y dejar atrás el legado de los troubles”. Johnson sufría directamente la presión de muchos diputados conservadores que querían poner punto final a los juicios contra soldados británicos por su participación en aquel conflicto. La urgencia por impulsar la ley derivó directamente del caso del llamado “soldado F” (su identidad ha sido preservada hasta la fecha), acusado de asesinar a dos manifestantes del famoso Bloody Sunday (Domingo sangriento) de 1972, cuando 13 personas que participaban en una convocatoria en defensa de los derechos civiles en Londonderry, en Irlanda del Norte, murieron a manos del Regimiento Paracaidista del ejército británico.

“El Gobierno del Reino Unido ha mostrado un desprecio absoluto ante el rechazo de la ley expresado de modo vehemente por las víctimas y los supervivientes. Ambos grupos señalan que solo los causantes de la violencia se beneficiarán con esta medida”, ha celebrado la organización humanitaria Pat Finucane Centre, dedicada durante años a la reconciliación en Irlanda del Norte.

La Comisión para la Administración de Justicia en Irlanda del Norte (CAJ, en sus siglas en inglés), otra organización centrada en impedir la impunidad de los crímenes perpetrados durante las décadas de violencia sectaria, ha aplaudido también la decisión del Gobierno de Dublín: “Una demanda entre Estados es el mejor modo de desafiar la ley, y el modo más rápido de llevarla ante un tribunal internacional como es el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo”, ha dicho el director de la CAJ, Daniel Holder.

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