La contestada amnistía de Sunak a los delitos del conflicto de Irlanda del Norte

Las dos primeras reglas a la hora de impulsar una amnistía son, por este orden, que sus beneficios superen a sus perjuicios; y que cuente con el consenso de todas las partes afectadas. El Gobierno británico conservador de Rishi Sunak logró sortear todas las enmiendas de la Cámara alta y consiguió que la Cámara de los Comunes aprobara la semana pasada su polémica Ley de Legado y Reconciliación de los Problemas en Irlanda del Norte. Se trata, básicamente, de una amnistía general —con cierta condicionalidad— para todos aquellos delitos cometidos durante los 30 años de conflictos sangrientos y sectarios conocidos como The Troubles (los problemas o los disturbios). Más de 3.500 personas murieron durante ese periodo histórico, en el que el ejército británico acabó implicándose de lleno en la guerra que enfrentaba al terrorismo del IRA provisional y al terrorismo de las organizaciones paramilitares unionistas y protestantes.

La determinación de Downing Street por sacar adelante su borrón y cuenta nueva, destinado exclusivamente a exonerar a los veteranos que siguen perseguidos penalmente por actos de guerra sucia, ha logrado poner en su contra a todas las partes directa o indirectamente afectadas: los principales partidos políticos de Irlanda del Norte, la oposición laborista británica, el Gobierno de Dublín y hasta la Administración estadounidense.

“Hay pocas cosas que logren poner de acuerdo a las cinco principales formaciones de Irlanda del Norte, y esta es una de ellas. Todos coinciden en considerar esta ley como algo erróneo, que desaloja a las víctimas del centro del debate y que no respeta los derechos humanos”, ha asegurado el primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar. Su Gobierno ha solicitado a los expertos un análisis jurídico de la norma, y no descarta recurrirla ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una maniobra que incorporaría tensión a las relaciones entre Dublín y Londres en un momento de relativa cordialidad y estabilidad.

Menos posibilidades de reconciliación

“Imponer una amnistía sin consultar y sin buscar consenso va en contra de las buenas prácticas internacionales y aporta un contexto estructural en el que se reducen las posibilidades de una reconciliación, al ser algo impuesto en vez de facilitado”, asegura Laura McAtackney, profesora del Laboratorio de Humanidades Radicales de la Universidad de Cork.

Quedan al menos 1.000 asesinatos por resolver heredados de los 30 años de conflicto norirlandés. El propósito del Gobierno conservador es “poner fin a todos los procesos judiciales relacionados con conductas de la era de los troubles y otorgar inmunidad condicional frente a la investigación a todos los que cooperen con los trabajos que lleve a cabo la nueva Comisión para la Reconciliación y la Recuperación de Información”, según el texto de la nueva ley.

Ese nuevo organismo, que presidiría el magistrado Declan Morgan, se inspira en la Comisión de Verdad y Reconciliación de Sudáfrica, puesta en marcha por el Gobierno de Nelson Mandela después del final del régimen racista y segregador del apartheid. Los críticos con la nueva ley señalan que la comisión sudafricana se puso en marcha de inmediato, cuando los recuerdos aún estaban frescos. En el caso de Irlanda del Norte, han pasado ya 25 años desde la firma del Acuerdo de Viernes Santo, que puso fin al conflicto, pero situó a las víctimas en el centro de la discusión, y preservó la posibilidad de hacer justicia respecto a las atrocidades pendientes de ser aclaradas.

“Debemos ser honestos sobre nuestras posibilidades reales de cumplir con los familiares de las víctimas, en unas circunstancias en las que la posibilidad de hacer justicia en el sentido tradicional de este término es cada vez más reducida, casi inexistente”, ha defendido el ministro británico para Irlanda del Norte, Chris Heaton-Harris.

Más allá de esa frustración, sin embargo, la razón detrás de la urgencia del Gobierno reside en el caso del llamado “soldado F” (su identidad ha sido preservada hasta la fecha), acusado de asesinar a dos manifestantes del famoso Bloody Sunday (Domingo sangriento) de 1972, cuando 13 personas que participan en una convocatoria en defensa de los derechos civiles en Londonderry, en Irlanda del Norte, murieron a manos del Regimiento Paracaidista del ejército británico. Los conservadores han cerrado filas con la mayoría de asociaciones de veteranos para impedir que la actuación de las tropas británicas en territorio norirlandés sea juzgada.

La legalidad de la amnistía

En el caso de leyes que suscitan la sospecha de provocar futuras fricciones con la Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH), es costumbre parlamentaria en el Reino Unido que el ministro responsable del texto ponga su firma por delante, en el preámbulo, para dejar clara su convicción de que la medida respeta el derecho internacional. Heaton-Harries lo ha hecho con la amnistía propuesta. Más allá del posible desafío ante la justicia europea que Dublín o asociaciones de víctimas puedan impulsar —la ley podría exonerar actos contra la vida, o de tortura, expresamente excluidos de una amnistía general por la CEDH—, en ningún momento se han planteado dudas sobre la constitucionalidad de la maniobra del Gobierno de Sunak.

El Reino Unido ha echado mano en ocasiones anteriores del mecanismo de la amnistía, cuyo contenido —como toda decisión fundamentalmente política— puede ser éticamente defendible o rechazable. De hecho, Downing Street considera que su propuesta entra dentro de la categoría que el académico jurista estadounidense Ronald Slye, de la Universidad de Seattle, llamó “amnistía correctiva”, diseñada para “evitar la aplicación de una ley que, aunque siga siendo legítima, ya no sea útil”. Suele darse, explica Slye, “después de un cambio dramático en el entorno social y político”, y se aplica a delitos contra el Estado como la traición, la sedición, la rebelión.

El Gobierno británico, al igual que el estadounidense, ha utilizado el término amnistía, por ejemplo, para regularizar la situación en el país de los inmigrantes —siempre definidos como “ilegales”, aunque no hayan sido condenados por un tribunal— en 2008, 2009 y 2017. El propio Ejecutivo de Sunak, agobiado por el incremento de personas llegadas al Reino Unido a través del canal de la Mancha, se ha planteado una nueva amnistía.

La Ley de Vigilancia Policial y Delincuencia de 2017, conocida como la “ley Alan Turing”, amnistió a todos los condenados en las décadas anteriores por actos de homosexualidad. El matemático responsable de descifrar el código de comunicaciones alemán durante la II Guerra Mundial fue condenado en 1952 por actos de indecencia. Dos años después, Turing se suicidó. Desde la aprobación de la ley, casi 50.000 personas en el Reino Unido se han beneficiado de la amnistía.

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