El Tribunal Constitucional de Polonia desafía a la UE en el último día de mandato del Gobierno ultraconservador
Una sentencia considera que las multas impuestas al país por el Tribunal de Justicia de la UE son incompatibles con la ley fundamental polaca
El Tribunal Constitucional polaco ha desafiado de nuevo a la UE con una sentencia que considera incompatibles con la Constitución polaca las multas impuestas por no cumplir con medidas cautelares decididas por el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). La decisión se ha hecho pública el mismo día en que el país entierra el mandato del partido ultraconservador Ley y Justicia (PiS) en el Sejm (la Cámara baja), después de que el alto tribunal permaneciera paralizado durante prácticamente un año por disputas internas. El fallo del Constitucional se une a decisiones anteriores que han declarado la supremacía del derecho nacional frente al europeo. Horas después, el pleno ha declarado también inconstitucional la reforma judicial que aprobó el Parlamento polaco en enero pasado para desbloquear los fondos europeos suspendidos por la Comisión Europea.
El caso lleva en manos del Constitucional dos años, y se ha ido retrasando una vez tras otra. La última, el martes pasado. Fue el ya exministro de Justicia, Zbigniew Ziobro, del ala más euroescéptica del Gobierno liderado por PiS, que ocupaba también el puesto de fiscal general del Estado, quien inició la cuestión de inconstitucionalidad ante el tribunal.
El Constitucional ha fallado que el artículo 279 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea es incompatible con la Constitución Europea y por lo tanto, Varsovia no está obligada a pagar las multas ordenadas por el TJUE. También considera incompatible el artículo 39 del estatuto del tribunal europeo y afirma que su presidente no puede dictar medidas cautelares relativas a la estructura y el funcionamiento del poder judicial polaco.
Sanciones económicas
El TJUE impuso sanciones económicas a Varsovia después de que el Gobierno de PiS ignorara las medidas cautelares de ese tribunal. En el caso más conocido, la multa ascendía a un millón de euros al día por no suspender cuando se ordenó las actividades de la sala disciplinaria de los jueces del Tribunal Supremo, uno de los principales motivos del choque con Bruselas a cuenta del Estado de derecho. La sanción de un millón de euros se redujo después a la mitad.
El tribunal europeo también castigó a Polonia con otros 500.000 euros diarios por no parar la extracción de lignito en la mina de Turów. La penalización económica se suspendió cuando República Checa retiró su demanda. La sanción por la sala disciplinaria acumuló 550 millones de euros y la de la mina, 69 millones, según medios locales.
El Constitucional polaco ya había declarado las medidas cautelares del alto tribunal europeo incompatibles con la Constitución polaca en julio de 2021. Pero en octubre de ese año, lanzó su mayor pulso del país hasta entonces frente la UE, al dictaminar que varios artículos de los tratados son inconstitucionales en su país. La decisión chocaba contra uno de los pilares fundamentales de la UE: la primacía del derecho comunitario sobre el nacional. La entonces oposición liberal salió a la calle a protestar en masa al considerar que la medida constituía un Polexit legal en toda regla, es decir, la salida de Polonia de la UE, al menos en lo que respecta al derecho. La Comisión Europea demandó a Polonia ante la justicia europea por este caso el pasado febrero.
El Tribunal Constitucional llevaba bloqueado meses por una disputa interna entre jueces asociados a las dos corrientes del Gobierno ultraconservador saliente. Seis de ellos no reconocían la legitimidad del mandato de la presidenta, que consideraban expirado, y se negaban a participar en las decisiones, impidiendo así alcanzar el quorum necesario. El enfrentamiento ha dejado en el limbo casos como el de la reforma del Tribunal Supremo, aprobada por el Gobierno saliente y el Parlamento para desbloquear los más de 35.000 millones de euros de los fondos de recuperación suspendidos por Bruselas. Este lunes, los jueces han decidido también sobre ese dosier, que abrió el pasado febrero el presidente, Andrzej Duda, y han declarado la inconstitucionalidad de los cambios legislativos que el Ejecutivo de PiS había acordado con la Comisión.
La oposición liberal que ahora llega al poder en Polonia y expertos jurídicos llevan años denunciando que este tribunal es una herramienta al servicio de Ley y Justicia. Sus decisiones, critican, se han tomado en los últimos años al dictado del Gobierno ultraconservador saliente. Esta es una de las instituciones consideras más problemáticas de la era de PiS, que ha tomado decisiones polémicas como la práctica prohibición del aborto en 2020. El nuevo Ejecutivo liderado por Donald Tusk, que se espera que tome posesión este miércoles después de recibir el apoyo de la mayoría parlamentaria el martes, lo tiene en el punto de mira, consciente sin embargo de que no es una cuestión sencilla de solucionar. PiS nombró a tres jueces llamados peyorativamente “dobles” o “falsos jueces” que son fáciles de cesar, pero no así al resto de magistrados.
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