La ONU y expertos ucranios alertan de condenas arbitrarias y excesivas por colaborar con Rusia

Más de 7.600 personas han sido acusadas en Ucrania de colaborar con Rusia. Algunas han sido culpadas de aportar información sobre objetivos militares al invasor, de participar en acciones represivas, pero también de enaltecimiento del enemigo por un mensaje publicado en una red social, por ser el bedel de un colegio en los territorios ocupados o por vender alimentos a las tropas rusas. De las 691 sentencias declaradas hasta el pasado septiembre, solos dos fueron de absolución. Naciones Unidas y organizaciones ucranias de derechos humanos advierten de que cientos de personas pueden ser víctimas de unas leyes poco concretas que permiten un margen de arbitrariedad impropio de un Estado de derecho.

Zmina, uno de los centros de referencia de defensa de los derechos humanos en Ucrania, presentó el 30 de octubre en Kiev el estudio más completo hasta la fecha sobre el enjuiciamiento de presuntos colaboradores de Rusia en Ucrania. El documento ha sido elaborado junto al Instituto para la Investigación Social de Járkov (KhISR). El resultado es demoledor porque expone la pobre articulación del Código Penal para condenar la cooperación con el invasor, lo que permite una interpretación laxa de la ley, evidencia que dos personas pueden ser condenadas con penas muy diferentes por el mismo hecho y también demuestra que un tribunal puede sentenciar a una persona con pruebas débiles.

Alena Lunova, experta del centro Zmina, avisó: “Hay personas que llevan nueve años en territorios ocupados y no saben qué les espera, y la propaganda rusa les dice que acabarán en prisión si Ucrania recupera el control”. Los autores del informe incidieron en que si no se soluciona ahora esta disfunción legal, la futura cohesión de la sociedad ucrania queda en entredicho. “Es una cuestión de unidad del país en el futuro. Porque la prisión para 6.000 personas no soluciona nada”, afirmó en la presentación del informe Andrii Chernousov, jefe de investigación del KhISR.

Entre el abrumador número de crímenes cometidos por Rusia contra civiles ucranios, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OHCHR) también advierte sobre la situación de los acusados de colaboracionismo en sus informes sobre la guerra en Ucrania. En un documento presentado el 19 de octubre ante la Asamblea General de la ONU, la Comisión Internacional Independiente sobre Ucrania incidía en que la ley “necesita ser modificada para clarificar la definición de ‘actividades de colaboración’ para evitar incertidumbre legal y que se dañe la cohesión social”.

El centro Zmina detalla que hay tres artículos del Código Penal que pueden condenar los mismos delitos de colaboración y enaltecimiento del enemigo, pero con castigos muy diferentes. Dos de estos artículos fueron aprobados por el poder legislativo en marzo y abril de 2022, pocas semanas después de iniciarse la invasión, prácticamente sin debate parlamentario ni con la participación de expertos. La OHCHR, en un informe del 4 de octubre, señala que un 28% de las sentencias son contra individuos “que han trabajado para las autoridades ocupantes en un papel civil, como jefes de aldeas, empleados del sistema de educación, funcionarios responsables de distribuir ayuda humanitaria, contables, guardas, secretarios, voluntarios humanitarios sin una posición oficial e incluso trabajadores temporales de vigilancia de calles o manzanas”.

La OHCHR advierte de que, en muchos de estos casos, los condenados aseguran que fueron obligados a desempeñar estas funciones. “La OHCHR está preocupada porque muchos de los arrestados están siendo procesados por conductas que en principio podrían haber sido obligadas por la fuerza ocupante en virtud del derecho internacional humanitario”, afirmó el 10 de octubre Nada al Nashif, vice alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

El informe del KhISR y Zmina aporta un ejemplo paradigmático de esto. Un hombre fue condenado el pasado agosto a cuatro años de prisión, 10 años sin poder ocupar cargos públicos, además del embargo de todos sus bienes, por haber servido como guardia del almacén público de medicamentos de Balaklia, municipio en la provincia de Járkov liberado en septiembre de 2022. Se le acusó de “proteger medicinas de origen ruso con el fin de ser distribuidas entre la población de territorios ocupados”. El hombre realizó este trabajo a cambio de alimentos y ayuda de primera necesidad.

“¿Qué haremos con los 30.000 profesores de Crimea?”

Zmina apunta que la mayor arbitrariedad se produce con las acusaciones de aportar “recursos materiales” al invasor y mantener “actividades económicas” con este. La normativa tampoco contempla que “cuando la ocupación en un lugar dura un año o más, la gente debe tomar una decisión para poder vivir”, afirmó Lunova. Onisiia Siniuk, experta legal de Zmina, añadió que en el ámbito escolar también el Código Penal es poco concreto sobre los delitos de colaboración o de difusión de propaganda rusa. “La ley no tiene en cuenta las particularidades de los que llevan nueve años bajo ocupación rusa. ¿Qué haremos con los 30.000 profesores de Crimea? ¿Mandarlos a todos a prisión?”, se preguntó Lunova.

Siniuk señala que otro ámbito en el que han detectado casos “flagrantes” de excesos punitivos es en las condenas por enaltecimiento del invasor a partir de mensajes en redes sociales, con penas de prisión de hasta cinco años. La OHCHR también lo destacaba en su informe de octubre: “La severidad de los castigos por crímenes no violentos parece en algunos casos desproporcionada respecto a su gravedad. La OHCHR tiene documentado el caso de una mujer de 60 años que fue acusada de justificar la agresión armada y el derrocamiento violento del Estado por haber compartido mensajes en redes sociales sobre la guerra en Ucrania. Fue condenada a cinco años de cárcel”.

En el informe de Zmina se ilustra la arbitrariedad de las sentencias con dos condenas diferentes sobre un mismo delito y en el mismo lugar: en la aldea de Boromlia, una persona fue condenada a un año y tres meses de prisión por sacrificar dos corderos para ofrecerlos gratis a las tropas rusas. En la misma localidad, otra persona que sacrificó corderos, preparó alimentos y lavó ropa de soldados invasores, fue condenada a una multa de 17.850 grivnas —460 euros—.

Otro problema es “la falta de recursos” en el sistema judicial y en los cuerpos de seguridad, según representantes de la Fiscalía entrevistados por Zmina y el KhISR, “que, entre otras cosas, supone una reducción en la calidad de las investigaciones”. “Los investigadores, desbordados de trabajo, llevan a cabo una investigación mínima y no estudian con detalles las pruebas”, destacan. Chernousov recordó que el sistema está saturado por las causas sobre crímenes cometidos por el ejército ruso en Ucrania, por lo que los procesos contra colaboradores deberían centrarse en personas que han asumido altas responsabilidades en los territorios ocupados o en personas que han participado militarmente contra el Estado o colaborado en acciones violentas.

Chernousov finalizó su intervención admitiendo que hay un tabú que nadie ha querido mencionar, entre la veintena de policías y miembros de la Fiscalía entrevistados para el estudio: las evidencias sobre posibles abusos físicos y psicológicos contra acusados de colaboración. En su informe del 19 de octubre, la Comisión independiente de investigación en Ucrania de la ONU aseguraba tener por lo menos la certeza de tres detenciones ilegales y una que terminó en torturas.

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