Cerco en Israel a quienes expresen su solidaridad con Gaza: es una “cacería” contra los palestinos

Israel trata de poner coto a los ciudadanos que expresan su solidaridad o su simpatía con Gaza al entender que supone un apoyo al terrorismo. Desde el pasado 7 de octubre, día de la matanza de Hamás en territorio israelí, se han producido cientos de detenidos en manifestaciones, expulsiones de puestos de trabajo o suspensión de estudiantes en sus centros educativos. La mayoría son palestinos con ciudadanía israelí. El Parlamento aprobó este miércoles en primera instancia una enmienda a la ley antiterrorista para incluir un nuevo delito y castigar con hasta un año de cárcel el consumo de material relacionado con Hamás o Estado Islámico (ISIS, según sus siglas en inglés).

“Tolerancia cero”, ha asegurado el jefe de la policía de Israel, Yaacob Shabtai, y ha amenazado además con deportar a la Franja a los que no respeten la orden. Lo hizo la semana pasada a través de los perfiles en árabe de redes sociales del cuerpo como TikTok o X (la antigua Twitter). Activistas, organizaciones de derechos humanos y abogados consultados sostienen que con medidas como estas, que ven ilegales, las autoridades de Israel tratan de frenar la libertad de expresión de los palestinos del país —y, en algunos casos, también judíos— e impedir la denuncia de posibles crímenes de guerra en Gaza. Algunos, como la activista Fidaa Shehade denuncian una nueva “cacería” contra la población árabe-israelí, que representa el 20% de los 9,2 millones de ciudadanos del país.

Las redes sociales se han convertido en el caladero perfecto para desatar esa persecución. Basta un simple me gusta, un estado de WhatsApp con versos coránicos o los colores de la bandera palestina para poner en marcha la maquinaria acusatoria, según los testimonios recogidos. Una de las últimas en ser arrestada ha sido la actriz Maisa Abd Elhadi, a la que la policía acusa de “elogiar una organización terrorista”, según anunció el cuerpo en X este martes.

Los casos están siendo denunciados por organizaciones árabe-israelíes y algunos están ya en los tribunales. EL PAÍS ha podido hablar con tres afectadas por teléfono: Khetam, profesora de 22 años; Maha, estudiante de Derecho de 29, y Sirin, periodista de 27 (por seguridad, prefieren no dar apellidos y el de Maha es nombre supuesto). Las dos primeras han sido despedidas de sus lugares de trabajo; la tercera fue detenida durante una manifestación. A veces, incluso, la celebración de una boda el mismo 7 de octubre sirvió de argumento para que los responsables de un colegio interpelaran a la hermana de la novia por sus publicaciones con fuegos artificiales.

“Desde que comenzó la guerra, el Gobierno racista de extrema derecha de Israel está capitalizando la ira y la ansiedad de los israelíes, en medio de la nebulosa de la guerra, para promover políticas opresivas y afianzar la visión de que los ciudadanos palestinos de Israel son enemigos”, comenta Hassan Jabareen, director de Adalah, una ONG que defiende los derechos de la minoría árabe de Israel. “Cuando el primer ministro (Benjamín) Netanyahu menciona la necesidad de reforzar la llamada frontera interna en sus discursos, está transmitiendo claramente este mensaje a la opinión pública israelí”, añade. La iniciativa de la Kneset (Parlamento) representa un “atroz” intento de controlar la libertad de expresión y de pensamiento de los ciudadanos, denuncia Adalah.

La ONG feminista Kayan, que defiende a palestinos en Israel, ha recibido 270 llamadas alertando de abusos desde el pasado 7 de octubre, cuando, normalmente, el flujo es de 600 al año. Califican en un comunicado de “racismo y discriminación extremos” la situación actual.

La abogada Sawsan Zaher, asesora en derechos humanos de la comunidad árabe, lleva unos 60 casos. Entre ella y otros colegas, cientos. Se refiere a suspensiones o directamente expulsiones de la universidad de alumnos y profesores o personas despedidas de su trabajo. Muchos por publicaciones en Facebook u otras redes sociales. El sábado, Zaher afrontó una sesión de apelación por tres expulsiones de un centro universitario cercano a Nahariya, en el noroeste. En muchos casos, añade esta abogada, el proceso se abre sin posibilidad de reclamar por parte de los acusados ni ofrecer detalles acerca de qué es lo que han publicado, como ocurre con varios estudiantes suspendidos en la Universidad de Ben Gurion, en el sur del país, con unos 60 integrantes de su comunidad víctimas —muertos, desaparecidos o secuestrados— en el ataque de Hamás.

La propuesta de deportación efectuada por el jefe policial Yaacob Shabtai en medio de “comentarios racistas e incendiarios” es “ilegal”, denuncia en un comunicado la ONG Adalah. El texto considera que la iniciativa forma parte de un cerco a la libertad de expresión en el ambiente de represión creado bajo la actual guerra. Ese clima se viven también en el Ayuntamiento de Rehovot, cerca de Lod, que pretende obligar a los constructores a que firmen que no emplearán en sus obras a trabajadores palestinos, algo que ha denunciado Adalah.

Maha, la estudiante de Derecho, que reside en Jaffa, puso en su estado de WhatsApp unos versos coránicos. Poco después recibió un correo en el que le anunciaban que había sido expulsada de su centro de estudios, explica. Su abogado trata de hacer frente a lo que consideran un acto ilegal. Sirin, la reportera, pasó la noche del miércoles al jueves de la semana pasada detenida en Haifa tras acudir a una manifestación y ser acusada de levantar una pancarta a favor de Gaza, algo que ella niega.

Khetam, profesora de infantil, también ha puesto en manos de un letrado su expulsión del centro en el que daba clases, al que le han reclamado su vuelta por carta. El motivo fue publicar en su estado de WhatsApp la fecha del 7 de octubre con un corazón con los colores de la bandera de Palestina. Tras presiones de sus superiores, que primero acudieron a la policía, la joven lo borró, pero eso no impidió que le anunciaran el despido. Reconoce que todos sus alumnos son judíos, pero que algunos de los padres, asegura, la han apoyado mediante mensajes. No cree que sea el momento de regresar a clase, aunque su padre no está de acuerdo con ella. “Tienes que luchar por volver”, cuenta ella que le dice. “Una vez lo consigas, renuncias de manera voluntaria y te vas con la cabeza bien alta”.

“La actual represión ha dado lugar a un número sin precedentes de detenciones basadas únicamente en publicaciones en las redes sociales, alegando apoyo al terrorismo o simpatía con organizaciones terroristas. Sin embargo, la gran mayoría de estas publicaciones eran expresiones de solidaridad con el pueblo palestino en Gaza y, en algunos casos, simplemente compartían versículos del sagrado Corán”, sostiene Hassan Jabareen.

El número de detenidos desde el día de la matanza cometida por miembros de la milicia fundamentalista islámica superaba el centenar la semana pasada y, desde entonces, se han producido decenas de casos más, según detallan fuentes de su organización. La unidad para combatir los ciberdelitos establecida por el ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, ha abierto 180 casos por supuesto apoyo a Hamás o defender el terrorismo, añaden desde la ONG. En 93 casos se abrió una investigación y en 63 se mantuvo bajo custodia a los acusados. Conocen, además, los casos de 83 estudiantes a los que se les ha abierto un procedimiento disciplinario y cuentan con más de 40 informes de personas que han sido despedidas o suspendidas de empleo.

“Es una cacería”, opina Fidaa Shehade, activista árabe-israelí de 40 años, durante una entrevista en su casa de la ciudad de Lod, donde fue concejal durante la pasada legislatura. Lamenta que en los medios israelíes falten voces de su comunidad y no puedan expresar en redes sociales sus condolencias por lo que ocurre en Gaza. “No nos dejan explicar qué pensamos o sentimos”, se queja ahondando en la idea de que ese muro de silencio es otra forma de discriminación. El Gobierno que lidera Netanhayu “busca la segregación” y para sus integrantes “en Gaza todos son Hamás”, afirma la activista.

Lod se ubica cerca del aeropuerto de Tel Aviv, que Hamás trata de alcanzar con sus cohetes estos días. En casa de Shehade se escuchan algunas explosiones sobre el cielo procedentes de los sistemas de defensa antiaéreos israelíes. La vivienda está rodeada de cámaras, ocho en total, conectadas de manera permanente a la gran pantalla de la televisión ante la que conversa con EL PAÍS. Estas medidas de seguridad son recuerdo de los días de máxima violencia vividos en Lod y otras ciudades en 2021 con graves disturbios protagonizados por personas de las dos comunidades. La casa fue atacada entonces varias veces —acusan a colonos israelíes— y el padre de la activista decidió poner las cámaras. “No impiden que nos puedan atacar de nuevo, pero, al menos, podremos denunciar con pruebas”, comenta ella con una media sonrisa. En 2018, la comunidad árabe no pudo impedir que se aprobara la polémica ley del Estado nación judío que reserva solo al pueblo judío el derecho de autodeterminación y deja el hebreo como única lengua oficial en detrimento del árabe.

Fidaa Shehade recuerda su infancia entre Israel y Gaza, desde donde llegó en 1980 su madre, Hanan Shehada, de 62 años. “Además de las vacaciones, los jueves, al salir del colegio, nos íbamos a Gaza, de donde es mi madre. Era una hora de coche. El domingo por la mañana [el fin de semana allí es el viernes y sábado] volvíamos directamente para ir de nuevo a clase”, explica mientras hace el gesto de llevar la mochila escolar sobre los hombros. Hoy en día, eso es impensable. Los muros, el bloqueo, la violencia… mantienen ese enclave palestino aislado y cerrado. Shehade hace 16 años que no pasa por allí, desde 2007. La activista prepara estos días su boda, que tendrá lugar en diciembre, pero afirma que no tiene pensado ser madre. “No quiero tener niños en este ambiente”, comenta torciendo el rostro en un gesto triste.

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