Una sala de apelaciones de Guatemala anula la condena contra el periodista José Rubén Zamora y ordena repetir el juicio

Una sala de apelaciones de Guatemala resolvió el jueves anular la condena dictada en junio contra el periodista José Rubén Zamora Marroquín y ordenó repetir el proceso judicial que el pasado mes de junio le condenó a seis años de cárcel por un supuesto delito de lavado de dinero. La decisión del tribunal contra el fundador de elPeriódico se produjo, antes de las elecciones presidenciales, en un contexto de persecución de los informadores y de los operadores judiciales que investigan la corrupción. Esa arremetida, según varios organismos dedicados a la defensa de los derechos humanos y los propios acusados, está alentada por el el oficialismo y, en última instancia, por el mandatario saliente, Alejandro Giammattei.

El hijo de Zamora Marroquín, Ramón Zamora, confirmó este viernes la revocación de la condena. “Tenemos la esperanza de que ahora podremos tener un juicio justo donde se respete su derecho a la defensa”, afirmó el hijo del periodista. El Ministerio Público, dirigido por la fiscal general general María Consuelo Porras, había pedido una condena de 40 años de prisión en un proceso considerado por Zamora como una persecución política en su contra. Los familiares del periodista apelaron la condena y manifestaron su intención de agotar todas las vías judiciales en Guatemala antes de recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Al veterano periodista, que siempre ha negado los cargos y se ha declarado inocente, fue acusado de lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias. El caso echó andar a partir de una denuncia del exbanquero Ronald Giovanni García Navarijo. El señalamiento hacía referencia a un supuesto intento de Zamora de obligarlo a lavar 300.000 quetzales, cerca de 38.000 dólares. El fundador de elPeriódico admitió la existencia de esa suma de dinero, pero defendió su legalidad y aseguró que su origen fue la venta de una pintura para financiar el medio de comunicación que fundó en 1996 y que en mayo se vio forzado a anunciar el cierre de operación ante el acoso del Gobierno.

El hartazgo de la sociedad frente la corrupción y la deriva autoritaria del Ejecutivo es precisamente la espita de las protestas, los bloqueos y los paros que desde hace casi dos semanas paralizan el país centroamericano. La demanda central de los manifestantes es la renuncia de la fiscal general Porras, cercana a Giammattei e incluida por Estados Unidos en la Lista Engel del Departamento de Estado “debido a su participación en hechos significativos de corrupción”. En agosto ganó las elecciones el Movimiento Semilla, una formación progresista que propugna una regeneración democrática profunda, y el presidente electo, Bernardo Arévalo, ha denunciado en múltiples ocasiones del llamado “pacto de corruptos” de torpedear su toma de posesión el próximo enero.

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