Decenas de miles de israelíes llegan a pie a Jerusalén por una autopista ante una votación clave de la reforma judicial

En la víspera de que el Parlamento israelí, ubicado en Jerusalén, comience a debatir una importante ley de la reforma judicial, una multitud ha llegado a pie este sábado a la ciudad por la carretera de Tel Aviv. El objetivo: mostrar que el movimiento de protesta contra el Gobierno de Benjamín Netanyahu encara muy vivo una votación clave, incluso tras 30 semanas consecutivas de manifestaciones. La marcha ha concluido con una manifestación multitudinaria ante el Parlamento y otras en distintos puntos del país que suman unas 200.000 personas. Mientras, la organización de reservistas militares contrarios a la reforma Hermanos de Armas ha anunciado que unos 10.000 de ellos se ausentarán de los entrenamientos si el controvertido texto sale adelante.

La marcha comenzó el pasado jueves en Tel Aviv, a unos 60 kilómetros, con cientos de personas, como una iniciativa más simbólica que masiva, pero fue sumando miles en el camino. En su último tramo se transformó en una marea de unos 35.000 que franqueó, bajo el sol y con banderas nacionales, el puente de Santiago Calatrava que da entrada a Jerusalén. Los participantes se concentraron luego frente al Parlamento. Una parte ha acampado en un parque cercano, a la espera de la votación, prevista para el lunes y que ha desplazado el foco de la protesta de Tel Aviv a Jerusalén. La Histadrut, la central sindical a la que todos miran por su capacidad de convocar una huelga general, como hizo el pasado marzo, mantendrá una reunión de emergencia.

El texto, que llegará el domingo a la Kneset ―el Parlamento nacional― es uno de los más importantes del paquete que conforma la reforma judicial que presentó en enero el ministro de Justicia, Yariv Levin, y tiene a Israel dividido social y políticamente. La propuesta consiste en despojar al Tribunal Supremo de la potestad de anular aquellas decisiones del Gobierno, ministros o cargos públicos electos ―como los alcaldes― que considere claramente irrazonables.

El Ejecutivo ―una coalición de conservadores, ultranacionalistas y ultraortodoxos― considera que la corte se arrogó injustamente esa herramienta y le concede un poder excesivo que utiliza con intencionalidad política. Sus defensores la ven, por el contrario, como un contrapeso jurídico necesario en un país sin Constitución y denuncian un intento de laminar las cortapisas al poder ejecutivo similar a los que han experimentado Turquía, Polonia o Hungría.

La Kneset aprobó el documento en primera lectura la pasada semana. Luego, su Comité de Constitución, Ley y Justicia dio luz verde al texto definitivo tras 19 horas de debate y un intento fallido de frenarla con filibusterismo político: la oposición presentó cerca de 28.000 enmiendas, que acabaron siendo votadas de madrugada de 20 en 20. El Pleno comenzará a debatir la ley el domingo y se prevé que vote las dos últimas lecturas un día más tarde.

En una de las manifestaciones, en la ciudad de Modiín, el líder de la oposición ―el ex primer ministro Yair Lapid (Yesh Atid)― ha asegurado que el Gobierno tiene que elegir en los próximos días entre “destruirse” o “destruir el ejército, la economía y las relaciones con Estados Unidos”. El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, ha asegurado recientemente que nunca había visto a Netanyahu tan “decidido” a pasar la norma.

La dinámica de choque de trenes ha vuelto a movilizar a los detractores de la reforma judicial. En las últimas semanas, han retomado acciones como bloquear el principal aeropuerto del país (Tel Aviv), carreteras y estaciones de tren, en paralelo a las multitudinarias manifestaciones de los sábados, que han seguido juntando a decenas de miles de personas, sobre todo en Tel Aviv.

Presiones

El panorama se asemeja al de marzo, cuando Netanyahu se vio forzado a paralizar temporalmente la reforma por una combinación de presiones: manifestaciones masivas, el desmarque público de su ministro de Defensa, Yoav Galant; las críticas del presidente de Estados Unidos, Joe Biden; la filtración de la crisis a la economía y las Fuerzas Armadas… Gobierno y oposición iniciaron entonces un diálogo, apadrinado por el presidente, Isaac Herzog, que apenas generó avances, en medio de la desconfianza y los reproches mutuos. El mes pasado, una polémica sesión parlamentaria dio la puntilla final a las negociaciones. El presidente subrayó el martes, antes de reunirse en la Casa Blanca con Biden, que la crisis por la reforma demuestra que Israel tiene una democracia “sólida y resistente”, pese a las “situaciones dolorosas, debates acalorados y momentos desafiantes”.

Al igual que en marzo, los reservistas del ejército ―institución sacrosanta en el país― están aumentando el pulso, que ha alcanzado su cenit este sábado, con el anuncio de que unos 10.000 reservistas de distintos cuerpos y unidades se negarán a ponerse el uniforme si los diputados convierten la propuesta en ley. En la víspera, más de 1.100 de la Fuerza Aérea se lo comunicaron a los jefes del Estado Mayor, Herzi Halevi, y de la aviación militar, Tomer Bar. El anuncio tiene más impacto que otros similares por tratarse de un cuerpo prestigioso, clave en la superioridad militar del país e imprescindible para un eventual ataque sorpresa a las instalaciones nucleares iraníes, con el que Israel amenaza desde hace años.

También como entonces, el ministro de Defensa está dividido entre su pertenencia al Ejecutivo (Netanyahu lo mantuvo en el cargo tras anunciar su destitución) y su mayor conocimiento de lo que se cuece en el Ejército. Por eso, el viernes hubo una filtración a medios locales de que ha pedido que se retrase la votación. Su oficina confirmó que Galant “está tomando medidas para alcanzar un amplio consenso y garantizar la seguridad del Estado de Israel, dejando a las Fuerzas de Defensa al margen del discurso político”. Netanyahu dio este jueves un discurso a la nación en el que no hizo anuncios, pero sí advirtió de que, “en una democracia, el Ejército está subordinado al Gobierno, no lo subordina” y calificó de “ilegítimo” el “intento de elementos militares” de “dictar políticas gubernamentales a través de amenazas”.

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