Decenas de arrestos y carreteras bloqueadas al reactivarse las protestas contra la reforma judicial en Israel

El pulso político y social en torno a la reforma judicial vuelve a subir de temperatura en Israel. Con el diálogo paralizado, cada vez más decibelios en las declaraciones de Gobierno y oposición y, sobre todo, la reanudación de la ofensiva legislativa en el Parlamento, decenas de miles de israelíes se han vuelto a movilizar contra la iniciativa, que consideran una amenaza a su democracia. El movimiento político y social en contra de la reforma ya mostró los dientes la semana pasada con una protesta multitudinaria en el aeropuerto de Tel Aviv y ha subido la apuesta este martes con una Jornada de la Disrupción. Ha consistido en decenas de acciones, desde primera hora de la mañana hasta la habitual manifestación en Tel Aviv, en las que ha importado menos el número de asistentes como cuánto se han hecho notar. Se han registrado más de 70 detenciones por alteración del orden público, según un comunicado policial publicado a media tarde.

Los manifestantes han logrado bloquear carreteras y se han juntado otra vez en el aeropuerto, que centraliza casi todo el tráfico aéreo internacional del país. También se han concentrado en la calle Kaplan ―epicentro de las protestas de los sábados― y en la sucursal de la Embajada de Estados Unidos, ambas en Tel Aviv; frente a la residencia presidencial en Jerusalén y en el Tribunal de Distrito de Haifa. La policía ha empleado cañones de agua para dispersar algunas protestas.

La Histadrut, la principal central sindical, ha amenazado con una segunda huelga general, como la que convocó en marzo y obligó a Netanyahu a paralizar temporalmente la reforma. “¿Adónde estás llevando al Estado de Israel? ¿Qué legado quieres dejar? Pon fin a este loco caos”, ha exhortado a Netanyahu su máximo responsable, Arnon Bar-David, en una rueda de prensa en Tel Aviv. “Cuando la situación llegue a un extremo y se hayan andado todos los demás caminos, intervendremos y usaremos nuestra fuerza”, ha agregado.

El debate interno sobre la reforma se ha ido agriando en las últimas semanas. No solo en la música, también en la letra. El ala más radical del Gobierno viene pidiendo “mano dura” frente a los cortes de carreteras, concentraciones y escraches ante los domicilios de ministros.

La semana pasada, de hecho, el jefe de la Policía de Tel Aviv, Amijai Eshed, dimitió por las presiones del ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, para que gestionase las protestas con más contundencia. “Fácilmente, podría haber empleado una fuerza irrazonable y haber llenado la sala de emergencias de [el hospital] Ichilov al final de cada manifestación en Tel Aviv. Habríamos podido desalojar [la carretera] Ayalón en minutos, al horrible precio de romper cabezas y huesos, y de destrozar el contrato que existe entre la policía y los ciudadanos de Israel. Estoy pagando un insoportable precio personal por mi decisión para impedir una guerra civil”, dijo al anunciar su marcha.

Unos días más tarde, en el 27º sábado consecutivo de manifestaciones, la asistencia a la concentración en Tel Aviv (unas 150.000 personas) ya superó la media de los tres últimos meses, en los que regía una relativa tregua porque Gobierno y oposición aún dialogaban bajo los auspicios del presidente, Isaac Herzog.

En este contexto, el pasado domingo, los distintos ministros fueron aireando sus agravios acumulados a la asesora jurídica del Gobierno y bestia negra de Netanyahu, Gali Baharav-Miara, y al jefe de la policía, Kobi Shabtai, en un encuentro que el diario Yediot Aharonot calificó de mezcla de “emboscada, caza de brujas y linchamiento verbal”. La titular de Transportes, Miri Regev, pidió cesar a Baharav-Miara por operar de manera ideológica y “permitir que se cree la anarquía”, mientras que Netanyahu consideró “impensable” que las fuerzas de seguridad estén actuando solo “contra una parte”. El jefe de la policía se vio obligado a matizar que los únicos agentes heridos en las protestas lo han sido de levedad. Ninguno, precisó, ha acabado en el hospital en medio año de manifestaciones.

Filtro jurídico

El foco está ahora mismo en una cláusula denominada de razonabilidad. En un país sin Constitución ni, por tanto, Tribunal Constitucional, sirve como filtro jurídico, al permitir al Supremo anular aquellas decisiones del Gobierno, ministros o cargos públicos electos ―como los alcaldes― que considere claramente irrazonables.

La supresión de la herramienta, uno de los puntos clave de la reforma, fue aprobada en primera lectura en la noche de este lunes. Votaron a favor en la Knesset, el Parlamento israelí, los 64 diputados de la coalición que conforma el partido de Netanyahu (Likud) con ultraortodoxos y ultranacionalistas, la más derechista de los 75 años de historia del país. El resto de la Cámara (56 escaños) se pronunció en contra.

El texto necesita otras dos lecturas (que generalmente se hacen el mismo día) para convertirse en ley. El ministro de Justicia, Yariv Levin, ya ha anunciado su intención de que la Knesset las vote en el presente periodo de sesiones parlamentario, que concluye a finales de mes, y con mínimas variaciones.

“La ley es equilibrada, responsable, significativamente diferente de lo quizás tendría que haber sido legislado. La base de razonabilidad es algo con lo que el Estado de Israel sobrevivió muchos años sin que existiese. Y lo crean o no, el sol seguía saliendo cada mañana, incluso en aquellos tiempos oscuros”, ha ironizado este martes, al inicio de la sesión del Comité de Constitución, Ley y Justicia de la Knesset, su presidente, Simja Rothman, uno de los principales arietes de la reforma.

El presidente Herzog insistió el pasado domingo en que un acuerdo es aún “alcanzable”, precisamente sobre la razonabilidad, y rogó a los políticos de todo el arco político “dejar los egos a un lado”. “Ahora mismo, nadie está dispuesto a sentarse y hablar sin condiciones previas. Es un error de proporciones históricas”, señaló.

Eliminar la cláusula de razonabilidad no solo acabaría con un contrapeso al poder ejecutivo. También abriría la puerta a que Arye Deri, el líder de uno de los partidos de la coalición, el ultraortodoxo sefardí Shas, retomase las carteras de Interior y Sanidad que el Supremo le quitó el pasado enero. El tribunal recurrió a dicha herramienta, al considerar irrazonable tanto que Netanyahu nombrase un condenado por un delito fiscal como la enmienda legal exprés que permitió el nombramiento tras la victoria electoral del pasado noviembre. Consistió en acotar la prohibición de asumir una cartera a quien hubiese pasado por prisión, a sabiendas de que Deri se había librado por un acuerdo extrajudicial.

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