Grecia impone el silencio en torno al naufragio del mar Jónico

El silencio impuesto en torno al naufragio el pasado 13 de junio del Adriana, un pesquero cargado con más de 700 migrantes, alimenta las dudas sobre el papel de las autoridades griegas en el terrible suceso ocurrido en el mar Jónico, en las aguas del sur de Grecia. Desde que se conoció la tragedia, uno de los peores naufragios de los que hay constancia en el Mediterráneo, la Guardia Costera y el Ministerio para las Migraciones tratan de impedir que el centenar de supervivientes que han sido identificados cuenten lo sucedido.

Tras el hundimiento del barco, apenas 104 personas —47 sirios, 43 egipcios, 12 paquistaníes y dos palestinos, todos ellos varones— han sido rescatadas. Los equipos de búsqueda encontraron el lunes dos cuerpos en avanzado estado de descomposición, lo que eleva el número de cadáveres recuperados a 80. Del resto, entre los que se encuentra un centenar de mujeres y niños, se ha perdido cualquier rastro. Muy posiblemente para siempre.

Durante su estancia en el puerto de Kalamata, el centenar de rescatados tuvieron limitada tanto su movilidad como sus comunicaciones. La Guardia Costera los recluyó en un recinto vallado del que no podían salir. Más tarde, se instalaron biombos junto a los baños portátiles situados en un lateral del recinto para evitar que los periodistas hicieran preguntas a los supervivientes a través de las cercas. Algunos familiares lograron saludar y abrazar a sus allegados a través del doble vallado. Pero los agentes de la Guardia Costera, así como la unidad policial especial OPKE (equivalente a los GEO en España), rodeaban el perímetro y mantenían alejada a la prensa.

El comandante de la Guardia Costera Sotiris Tsoulos no aclaró, ante las preguntas de EL PAÍS, por qué en el puerto se les impusieron a los rescatados unas limitaciones más propias de un régimen carcelario que de un puesto de socorro para las víctimas de un naufragio. La restricción de movimientos a migrantes económicos y a solicitantes de asilo durante días o semanas es habitual en Grecia. Las quejas de las organizaciones humanitarias, que denuncian que no existe base legal para ello, caen en saco roto.

Desde el viernes, los supervivientes están en Malakasa, un campo de refugiados cercano a Atenas. Ya no están bajo la custodia de la Guardia Costera, sino del Ministerio para las Migraciones y Asilo. Su titular interino, en el puesto hasta las elecciones que se celebrarán el domingo, es Daniel Esdras, ex enviado especial a Grecia de la Organización Internacional para las Migraciones. Bajo el mando de Esdras han continuado las restricciones a periodistas y migrantes.

Ahmed es un sirio residente en el Reino Unido que, tras enterarse del naufragio, viajó primero a Kalamata y después a Malakasa para reencontrarse con su primo. Desde este centro cercano a Atenas, explica por teléfono a este periódico las limitaciones impuestas a su pariente. “En el campo está bien, está en buenas condiciones. Pero no les permiten salir y los vigilan todo el día”, asegura. “Pueden usar teléfonos para comunicarse con las familias, la dirección del campo lo permite”, añade.

Las autoridades griegas sostienen que los ocupantes del pesquero rechazaron en todo momento que se los auxiliase. Según esta versión, solo pidieron víveres, porque su objetivo era llegar a Italia. Los guardacostas aseguran que dos petroleros, dos fragatas y dos patrulleras se acercaron para observar el barco a una distancia prudencial, pero los pocos testimonios que han trascendido cuestionan la manera en la que las embarcaciones de los guardacostas se aproximaron al Adriana.

“Los guardacostas griegos nos lanzaron un cabo y fue entonces cuando la embarcación empezó a hundirse”, contó un superviviente al medio alemán Syria Direct desde el campo de refugiados de Malakasa, a 50 kilómetros de Atenas. El jueves, varios migrantes aprovecharon las visitas a los náufragos de Alexis Tsipras, ex primer ministro y líder del partido izquierdista Syriza, y de Krypton Arsenis, exeurodiputado del partido Mera25, para mencionar ante la prensa, por primera vez, que los guardacostas lanzaron un cabo al pesquero antes de que este se fuera a pique.

El investigador BrirmI Jihed, dedicado a documentar la violencia ejercida en las fronteras griegas, viajó desde la ciudad francesa de Marsella a Grecia tras enterarse del naufragio. Jihed publicó el lunes en su Twitter una entrevista con un superviviente. Según su traducción, el entrevistado aseguró: “La Guardia Costera griega llegó y dijo que nos llevarían a aguas italianas. Pero el motor del barco se rompió”. Esto es lo que, según Jihed, describió el superviviente: “Iban vestidos de negro y estaban enmascarados. Ataron nuestro bote con un cabo azul. Después, se fueron rápidamente. Mientras estábamos en la nave, sentimos que algo no andaba bien […]. Estábamos frente a ellos y nos empujaban desde la derecha y la izquierda. Nuestro barco volcó. Hablé con otros supervivientes y estamos 100% convencidos de que la Guardia Costera nos hundió, pero no sabemos si fue intencionado o un error”.

Aunque en una primera versión los guardacostas no hablaron de ningún amarre en su aproximación al Adriana, más tarde reconocieron el lanzamiento de “una baliza”. El portavoz de la Guardia Costera, Nikos Alexiou, en declaraciones a la televisión pública ERT afirmó: “Esta maniobra duró apenas unos minutos y después de que el cabo fuera desatado por los propios migrantes, la patrullera se alejó y observó la embarcación desde cerca”. Alexiou añadió: “No hubo ningún intento de remolcar la embarcación”.

El superviviente aseguró a Jihed que vio hombres encapuchados y vestidos de negro a bordo de las naves griegas. La indumentaria que describe ya ha sido documentada por víctimas de expulsiones en caliente practicadas por Grecia. El Gobierno conservador de Nueva Democracia niega oficialmente la existencia de este tipo de devoluciones en el mar, pero durante la campaña electoral ha lanzado constantes guiños a la Guardia Costera, convencido de que su electorado aplaude la mano dura contra los inmigrantes.

A pesar de llegar con cuentagotas, las declaraciones de los supervivientes despiertan aún más preguntas acerca de un incidente que deja en evidencia la falta de transparencia de las autoridades griegas. ¿Qué pretendían con esa maniobra? ¿Estaban tratando de alejar el pesquero de la zona de responsabilidad de búsqueda y salvamento marítimo (zona SAR) asignada a Grecia? ¿Pretendían llevarlo hacia la costa? ¿Qué ocurrió para que el viejo barco volcara y se hundiera en apenas 15 minutos?

Según la versión de la Guardia Costera, el pesquero rechazó su ayuda y se dirigía hacia Italia. ¿Por qué necesitaban amarrarlo si realmente estaba navegando hacia su rumbo? Y hay más. Tras el naufragio, fue la tripulación de un yate de lujo la que acabó subiendo a los supervivientes a bordo, ¿por qué esa labor no la hicieron los guardacostas griegos presentes en el lugar?

Mientras, en Kalamata, los nueve migrantes egipcios acusados de tráfico ilegal de personas han defendido este lunes su inocencia en una audiencia ante un tribunal, informa el diario Kathimerini. Fuentes cercanas a la defensa han revelado que uno de sus argumentos es que pagaron por viajar en el Adriana. Uno de ellos tenía previsto sostener ante el juez que fue identificado tras una pelea que surgió en el viejo pesquero cuando, desde uno de los petroleros cercanos, les lanzaron botellines de agua, sobre los que se abalanzaron decenas de personas sedientas y desesperadas.

Las autoridades griegas aún no han hecho pública la lista con los 104 nombres de los supervivientes ni han identificado los 80 cuerpos recuperados del agua. Cientos de familias, casi una semana después, aún no saben si los suyos están vivos o muertos.

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