La comisión británica que investiga el ‘partygate’ concluye que Boris Johnson engañó de forma deliberada

La comisión de Privilegios del Parlamento británico, compuesta por siete diputados ―cuatro conservadores, dos laboristas y un nacionalista escocés― ha llegado a la conclusión definitiva, que ya había adelantado provisionalmente en marzo, de que el ex primer ministro Boris Johnson faltó a la verdad en la Cámara de los Comunes cuando aseguró, en repetidas ocasiones, que las fiestas celebradas en Downing Street durante el confinamiento a causa de la covid-19 se ajustaban a las normas de distanciamiento social vigentes en ese momento. El comité acusa a Johnson no solamente de haber engañado, sino también de “haber sido cómplice en una campaña de abuso e intento de intimidación contra la propia comisión y sus trabajos”.

El demoledor informe, de 100 páginas, al que tuvo acceso el ex primer ministro el viernes para que pudiera presentar su alegato final, llevó a Johnson a renunciar ese mismo día al escaño de diputado y lanzar un agresivo ataque contra la comisión ―”una farsa de tribunal”―; contra el actual primer ministro, Rishi Sunak, y contra todos aquellos que en su día combatieron el Brexit y que, según la surrealista visión de Johnson, pretendían cobrarse ahora su venganza.

El comité afirma en sus conclusiones que si el exlíder tory hubiera sido aún diputado, habría recomendado su suspensión de la Cámara por un periodo de 90 días. Los siete parlamentarios aseguran que el primer ministro “ha atacado de un modo muy duro y con términos vitriólicos la integridad, honestidad y honor de los miembros de la comisión”, dice el texto. Dos de ellos, el nacionalista escocés y la representante laborista, han llegado a solicitar que la expulsión del ex primer ministro fuera definitiva. Las recomendaciones de la comisión van tan lejos como para indicar que la Cámara de los Comunes debe retirar el pase permanente del que goza el ex primer ministro, y que ya no tenga acceso libre a las instalaciones del Parlamento.

La respuesta de Johnson, a través de un comunicado, no se ha hecho esperar: “Asegura la comisión que falté a la verdad deliberadamente ante la Cámara, y que en el momento en que intervine ya estaba ocultando de manera consciente mi conocimiento de hechos ilícitos”, ha escrito. “Eso es basura. Es una mentira. Para poder llegar a estas alocadas conclusiones, la comisión ha tenido que afirmar una serie de cosas que son manifiestamente absurdas y que contradicen a los hechos”.

Johnson ha decidido morir matando. Define el informe como una “farsa” que “ha retorcido la verdad”, acusa a la comisión de actuar de “un modo antidemocrático” y recurre a su habitual tono épico-trágico para presentarse prácticamente como Julio César: “Esta es la última puñalada de un asesinato político despreciable”.

El Gobierno británico ha señalado el próximo lunes como la fecha para debatir y votar el informe. Es previsible que una mayoría de los parlamentarios lo respalde, pero la clave reside en ver si los aliados de Johnson deciden plantar cara y rebelarse, o si una vez más queda demostrado que la fuerza del antiguo primer ministro ha quedado reducida a escombros. Downing Street ha dado libertad de voto al grupo parlamentario conservador. “Estamos hablando de un amigo y colega, y será un proceso doloroso y triste para todos nosotros”, ha dicho Penny Mordaunt, la líder de la Cámara de los Comunes (con rango ministerial, y funciones similares a las del secretario de Relaciones con las Cortes de España). “Todos debemos hacer lo que creamos justo, y el resto debe dejarnos tranquilos”, ha dicho la antigua compañera de Gobierno de Johnson.

Uno de los principales argumentos con los que el político intentó defenderse de la acusación de perjurio al Parlamento (mentir u ocultar deliberadamente la verdad) fue señalando a sus asesores y ayudantes en el Gobierno. Fueron ellos, dijo Johnson, los que le habían asegurado que las reglas se estaban cumpliendo en cada una de las fiestas de fin de jornada o de despedida de compañeros a las que asistió esos días, y en las que el alcohol corría alegremente.

La comisión, sin embargo, señala en su texto que no hay prueba de que ningún alto cargo tranquilizara al entonces primer ministro de ese modo. Al contrario, dice el informe. Martin Reynolds, que era el secretario privado de Johnson, le sugirió que no incluyera ese argumento en la declaración que preparaba para presentar ante los siete diputados porque “no era realista”. Fiel a su tradicional ímpetu, cuando tuvo que hablar ante la comisión, volvió a asegurar que su equipo le había asegurado en todo momento que las reglas se estaban cumpliendo.

En un intento desesperado por seguir enfangando la situación y desviar la atención de la gravísima condena emitida por el Parlamento, Johnson arremetió a última hora contra Bernard Jenkin, el diputado conservador más veterano de los que integran la comisión de Privilegios. La página web Guido Fawkes, una publicación de extrema derecha que controla el bloguero Paul Staines, había asegurado poco antes que Jenkin también participó en una reunión con alcohol durante el confinamiento. El diputado, según su propia versión explicada a los medios, negó su participación en ninguna fiesta durante esas semanas. Se limitó, dijo, a acudir a recoger a su mujer, que participaba en una sesión de trabajo con otras mujeres en el despacho de la vicepresidenta de la Cámara de los Comunes, Eleanor Laing. El rumor bastó a Johnson y a sus aliados para arremeter contra Jenkin ―por “su desprecio absoluto al Parlamento”― y exigir que el diputado se recusara a sí mismo. La acusación tuvo poco vuelo.

En las horas posteriores a la renuncia al escaño por parte del ex primer ministro, tan solo dos de sus más incondicionales, la exministra de Cultura Nadine Dorris y el diputado Nigel Adams siguieron sus pasos. El resto de los conservadores que en su día apoyaron a Johnson permanecieron callados, e incluso sugirieron desde el anonimato que ya era hora de poner punto final al asunto. El primer ministro Sunak, al que Johnson culpa de haber contribuido notablemente a su caída, se sintió incluso lo suficientemente fuerte como para asegurar en público, esta misma semana, que su predecesor le había pedido algo “que no estaba dispuesto a hacer porque no lo consideraba correcto”. Y que, si no le gustaba, “peor para él (tough, en la expresión inglesa)”.

Se refería Sunak a la “lista de honores”, las personas que Johnson, en su calidad de ex primer ministro, había propuesto para entrar a la Cámara de los Lores, y adquirir así el título de sir o dame. La comisión de Nombramientos de la Cámara descartó por inapropiados tanto a Dorris como a Adams, los dos fieles que habían seguido a Johnson con sus dimisiones. El ex jefe de Gobierno llegó a enzarzarse en una refriega pública con Sunak, y calificó de “basura” sus explicaciones.

¿Fin de la carrera política?

El verdadero motivo por el que Johnson aceleró su renuncia al escaño, en representación de la circunscripción de Uxbridge, tiene que ver con algo mucho más prosaico que su honor o dignidad. Con su maniobra defensiva al renunciar a su asiento, lo único que ha hecho Johnson es evitarse una humillación extra. Queda por ver si el político que alcanzó la mayor popularidad de las últimas décadas a lomos del Brexit intenta volver a primera línea y conseguir un escaño en las próximas elecciones generales, previstas para finales de 2024, si se reserva para un momento posterior o si, como celebran sus principales críticos, ha llegado a la estación de término en su fulgurante carrera política.

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