Los diputados brasileños frenan en seco los planes de Lula para los indígenas
La Cámara de Diputados, de mayoría conservadora, aprueba un proyecto de ley que limita el reconocimiento de nuevos territorios indígenas, impide su ampliación y permite actividades económicas en su interior
La pesadilla que los indígenas brasileños más temían en los últimos años se hizo realidad la noche del pasado martes, cuando la Cámara de Diputados, de mayoría conservadora, aprobó por amplia mayoría un proyecto de ley que en la práctica hace muy difícil que el Estado siga reconociendo a los indígenas como legítimos propietarios de las tierras que reivindican. Se trata de un golpe sin precedentes para la causa indígena y de un revés considerable para el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, que llegó al poder prometiendo retomar la demarcación de tierras que Jair Bolsonaro paralizó e incluso creó un inédito Ministerio de los Pueblos Indígenas, que está cada vez más cerca de convertirse en algo meramente simbólico.
La ley se conoce en Brasil como del “marco temporal” porque establece que los indígenas sólo pueden reivindicar las tierras en las que se encontraban el 5 de octubre de 1988, fecha en que se aprobó la actual Constitución. En la práctica, esto supone que los indígenas que no puedan probar que estaban en un área determinada antes de 1988 no conseguirán la demarcación. Los indígenas alegan que de esta forma se ignora que muchas comunidades fueron expulsadas de sus territorios originarios, algo muy común, de hecho, durante la dictadura militar (1964-1985).
Los partidarios, ligados al poderoso sector agrícola y ganadero, defienden que la ley acabará con la inseguridad jurídica y las disputas territoriales y llevará paz al campo. Para indígenas y ecologistas es una sentencia de muerte. Y es que además de establecer ese límite temporal, la ley también impide que las tierras protegidas ya reconocidas puedan ampliar su extensión, autoriza la minería y el cultivo de transgénicos en su interior y que se realicen obras de infraestructura sin consultar a los pueblos afectados. Además, se flexibiliza la política de no contacto con los indígenas que permanecen en aislamiento voluntario.
Las 427 reservas indígenas que hay ahora mismo en Brasil equivalen a casi el 14% de su territorio y son las zonas donde la naturaleza está mejor preservada, donde los índices de deforestación son más bajos. Normalmente son islas verdes en medio de un mar de latifundios, por eso la demarcación legal de esas tierras es clave también para luchar por la preservación de la Amazonía y contra el cambio climático. Son decenas las tierras indígenas cuyos procesos esperan en un cajón hasta que el Estado las reconozca definitivamente. Las organizaciones indígenas tenían muchas esperanzas puestas en Lula y esperaban que ya en los primeros meses firmara los primeros documentos. No lo hizo hasta abril, cuando reconoció seis pequeños territorios. En ese momento prometió que al acabar su mandato en 2026 no habrá ninguna reserva sin demarcar, algo que difícilmente podrá cumplir.
La ley del “marco temporal” estaba tramitándose desde hace 16 años, y ni siquiera durante los cuatro años de Bolsonaro, con un presidente afín, consiguió salir adelante. La fortaleza de la derecha y del lobby ruralista en el Parlamento (que es más conservador si cabe que en la pasada legislatura) lo hizo posible. Tres partidos de centro que apoyan a Lula y tienen ministerios también votaron a favor, contrariando las directrices del Gobierno. La ley aún tiene que pasar por el Senado, aunque los indígenas confían más en el Tribunal Supremo, que juzgará la constitucionalidad del ‘marco temporal’ el próximo 7 de junio. No obstante, los jueces han abierto y cerrado el debate en numerosas ocasiones, no está claro que ese día haya una decisión definitiva.
El avance de este proyecto de ley es la segunda gran derrota que los diputados imponen a Lula en muy poco tiempo. La semana pasada, cuestionaron el diseño de los ministerios organizado por el presidente y retiraron competencias de los ministerios de Medio Ambiente y Pueblos Indígenas. El primero, en manos de Marina Silva, se quedó sin poder manejar el registro ambiental rural, un documento que es clave para luchar contra la deforestación. La Cámara trasladó esa competencia al Ministerio de Gestión, donde se espera encontrar un terreno menos hostil. El recién creado Ministerio de los Pueblos Indígenas se quedó sin su principal atribución, precisamente cuidar de la demarcación de las tierras que ahora está en cuestión, que pasará al Ministerio de Justicia. El Gobierno no hizo mucho por impedir esos cambios para evitar enemistarse aún más con la Cámara.
La ministra de los Pueblos Indígenas, Sonia Guajajara, no ocultó su descontento y expresó “cierta frustración” con Lula, sobre todo porque cree que podría haberse implicado más. Es un reproche que algunos aliados empiezan a hacer en privado. Las dificultades del Gobierno en el Congreso son palpables, pero hasta ahora Lula ha preferido dar prioridad a su agenda internacional en vez de afrontar los desafíos internos. Según un recuento del diario O Globo, desde enero hasta ahora se ha reunido con 30 líderes extranjeros (sin contar a todos los presidentes sudamericanos que recibió en Brasilia esta semana), y en cambio solo mantuvo reuniones con nueve parlamentarios aliados.
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