La condena a dos jefes del espionaje serbio cierra los grandes juicios por las guerras de los Balcanes

Los grandes juicios por las guerras de los Balcanes han llegado a su fin 30 años después de que Naciones Unidas ordenase la creación, en 1993, del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY). El tribunal cerró formalmente sus puertas en 2017, pero aún quedaban apelaciones y algunos casos menores, y este jueves la apelación del caso contra Jovica Stanisic y Franko Simatovic, jefes del espionaje serbio con el fallecido expresidente del país Slobodan Milosevic, ha marcado un hito. Es la primera vez que los jueces concluyen que responsables serbios formaron directamente parte de una empresa criminal ligada al poder político y militar de Belgrado y que actuaron a sus órdenes en las regiones que buscaban independizarse en el proceso de descomposición de Yugoslavia. En otros casos juzgados por el tribunal, los jueces concluyeron que los procesados estaban ligados a dirigentes serbobosnios o serbocroatas.

Los dos acusados han sido declarados culpables de crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en Bosnia-Herzegovina y Croacia. El fallo no solo impone una pena de 15 años de cárcel para cada uno, también confirma que el objetivo de sus delitos era la limpieza étnica de los que no fuesen serbios.

Lo ocurrido con Stanisic y Simatovic muestra las dificultades de probar, sin asomo de duda, la connivencia política y militar de Serbia en los crímenes perpetrados en Bosnia y Croacia. Ambos fueron absueltos en primera instancia en 2013 porque se consideró que no habían planificado y ordenado los asesinatos, deportación, palizas, detenciones ilegales, abusos sexuales y trabajos forzados cometidos entre 1991 y 1995 por las unidades armadas en esas regiones que, sin embargo, ellos mismos organizaron y dirigieron con fondos estatales serbios. En 2015, los jueces de apelación ordenaron que se repitiera el juicio aduciendo que no se había interpretado bien el concepto de complicidad en un delito. En 2021, se dictó una condena de 12 años de cárcel para cada uno. La apelación actual aumenta a 15 años la pena y cierra el recorrido legal de este caso.

Según Nevenka Tromp Vrkic, de origen croata e investigadora del equipo de la Fiscalía durante el proceso contra Milosevic ―hallado muerto en su celda de La Haya durante el juicio, en 2006―, ni siquiera las sentencias por el genocidio de Srebrenica, que supusieron la cadena perpetua para el exgeneral serbobosnio Ratko Mladic, y su jefe político, Radovan Karadzic, “consiguieron establecer el lazo con Belgrado”. En conversación telefónica desde Croacia, explica además que el fallo de otra corte, el Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas (TIJ), “consideró en 2007 que, si bien hubo un genocidio en Srebrenica (Bosnia, 1995) Serbia no fue directamente responsable o cómplice del mismo, aunque erró al no prevenirlo”. “En otras palabras, sin la sentencia condenatoria de Stanisic y Simatovic, el TPIY habría terminado su recorrido sin una sola condena que implicase directamente a la administración estatal serbia. La fascinación del mal que generan Mladic, Karadzic y el propio Milosevic oscurece la compleja maquinaria de los que trabajaron en la comisión del plan criminal por el que han sido condenados Stanisic y Simatovic”.

Para Serge Brammertz, fiscal de los tribunales para la antigua Yugoslavia y Ruanda, esta era también “la última oportunidad de condenar a unos sujetos por su participación en una empresa criminal conjunta donde estaba implicada Belgrado, cuyo objetivo más amplio era la limpieza étnica en territorios de Bosnia-Herzegovina y Croacia”, asegura en conversación telefónica. Añade que “siempre ha habido un enfoque político, tanto desde Belgrado como por parte de Zagreb, la capital croata, tendente a decir que no tenían nada que ver. Que era un conflicto armado interno entre serbios, croatas y bosnios en Bosnia-Herzegovina”. Y subraya que el nexo directo entre el liderazgo de Belgrado y los crímenes investigados ya fue señalado por la Fiscalía desde el principio en la causa contra Milosevic.

Jovica Stanisic dirigía la seguridad estatal serbia, y la acusación lo ha presentado como uno de los colaboradores más leales de Milosevic. Franko Simatovic, alias Franki, negó la existencia de tropas especiales en el seno de la seguridad del Estado, pero durante el juicio se mostró el vínculo entre los servicios secretos y grupos paramilitares activos en zonas controladas por Serbia en Croacia y Bosnia.

La apelación definitiva ha estado en manos del denominado Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales, encargado de concluir los procesos menores aún pendientes y las apelaciones, que centra ahora su labor en apoyar a las jurisdicciones nacionales de Bosnia y Croacia. Allí, hay cientos de casos de presuntos criminales del mismo conflicto, y sus tribunales pueden aprovechar los diez millones de documentos acumulados por el TPIY. Es el mayor reto en estos momentos, y Brammertz admite que le gustaría decir que van bien. “Pero no es así. Hay todavía centenares de autores de delitos cometidos en Bosnia-Herzegovina que se han refugiado en Croacia o en Serbia, y como tienen esas dos nacionalidades no son extraditados a territorio bosnio. Se apoyan parcialmente estos juicios, pero hay un bache de impunidad y una dimensión política en todo esto”.

Antes de que Croacia se sumara a la Unión Europea era muy activa en la cooperación regional. Actualmente, Bosnia-Herzegovina y Serbia ambicionan entrar en la UE, y eso favorece, según el fiscal, que pongan de su parte para que los culpables respondan de sus actos. Añade, sin embargo, un dato inquietante: “Esperábamos que la reconciliación fuese el principal objetivo tantos años después, pero vemos que prima la glorificación de los criminales de guerra en cada una de sus comunidades. Por otro lado, en algunos lugares de la antigua Yugoslavia también es frecuente la negación del genocidio de Srebrenica [perpetrado en 1995 por las fuerzas serbobosnias, que aniquilaron a unos 8.000 varones musulmanes bosnios]”.

Tromp Vrkic reconoce que el TPIY ha hecho justicia, “pero si se analiza quién empezó la guerra y la responsabilidad, no creo que las sentencias dictadas lo reflejen del todo”. En su opinión, “Serbia perdió las guerras que declaró, pero no ha sido tratada como perdedora. A pesar de ello, la opinión pública parece tener la idea de que el tribunal se centró en juzgar a los serbios”. Para ilustrar el problema de la reconciliación, recuerda que Kosovo y Bosnia han acabado divididas territorialmente y son Estados con dificultades debido a ello. “En la primera, existe Kosovo del Norte [una zona habitada sobre todo por serbios que intenta ganar autonomía frente al resto, de origen albanés]. En Bosnia, tenemos la República Srpska [de población mayoritariamente serbia], una de las dos entidades políticas que forman el país, creada por los Acuerdos de Paz de Dayton, de 1995. De modo que las principales víctimas sostienen que la reconciliación es difícil en estas condiciones”.

En sus 30 años de andadura, por el TPIY han pasado 161 acusados, se han dictado 90 sentencias (con 19 absoluciones) y han declarado 4.650 testigos. Brammertz recuerda que pese a los años transcurridos, quedan algunos casos de desacato y de intimidación de testigos, a resolver por el mismo Mecanismo Residual Judicial, pero considera que el mensaje del TPIY es claro: “La justicia internacional lleva tiempo, pero prevalece. Mire, si no, la detención de Fulgence Kayishema, uno de los hombres más buscados por el genocidio en Ruanda”. Fugado durante 22 años, fue arrestado el 24 de mayo en Sudáfrica. Está acusado de haber participado directamente en la masacre de la iglesia de Nyange, incendiada y luego derribada, matando a unas 2.000 personas refugiadas en su interior.

Para expertos como Tromp Vrkic, el TPIY deja también un legado de cara al futuro relacionado con el caso de Ucrania. La Fiscalía siempre ha destacado el vínculo de los crímenes cometidos en las guerras de los Balcanes con las aspiraciones territoriales de los serbios. “Hay una analogía clara entre lo que Serbia hizo en Croacia y en Bosnia-Herzegovina, y la invasión de sus vecinos ucranios por parte del presidente ruso, Vladímir Putin. En lugar de decir que se proponía modificar las fronteras de Rusia, ha aludido al rescate de ‘su población’ de origen ruso. Lo mismo que hizo en su día Milosevic con los serbios de la antigua Yugoslavia”, explica.

Para ello, añade, Putin impulsó las entidades de Lugansk y Donetsk, ahora anexionadas ilegalmente, “que repiten la formación de la República Srpska (Bosnia) y la República de Krajina (Croacia, reintegrada en 1998)”. En su opinión, si el presidente ruso acaba respondiendo ante la justicia por el delito de agresión al invadir Ucrania, “el trabajo del TPIY mostrará que se puede procesar a los líderes políticos, aunque un caso así no debería prolongarse tanto”.

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