La comisión que investiga la gestión de la pandemia exige a Sunak los mensajes de WhatsApp y diarios de Johnson

Rishi Sunak corre el riesgo de no contentar a nadie por intentar contentar a todos. La presidenta de la comisión independiente que investiga la gestión de la pandemia llevada a cabo por el Gobierno británico ha reclamado al Ejecutivo conservador los mensajes de WhatsApp enviados por el entonces primer ministro, Boris Johnson, y por su antiguo asesor, Henry Cook, durante aquella crisis sanitaria. Heather Hallett, exjueza del Tribunal de Apelaciones, exige también la entrega de hasta 24 de los diarios oficiales en los que Johnson escribió entradas personales durante su época en Downing Street.

Ante la negativa de la Oficina del Gabinete (similar al Ministerio de la Presidencia español, en tanto coordinadora central de la actividad del primer ministro y de todo el Gobierno) a entregar los documentos, la también baronesa Hallett les ha advertido de que corren el riesgo de incurrir en “una infracción penal susceptible de ser sancionada con multa de hasta 1.000 libras esterlinas [unos 1.150 euros] y pena de cárcel de hasta 51 semanas”.

Mientras la Oficina del Gabinete, con el respaldo de Sunak, considera que las pruebas solicitadas son irrelevantes, Hallett cree que la comisión debe poder acceder a ellas, incluso si fuera tan solo para determinar el grado de atención que el primer ministro y los miembros de su Gobierno estaban prestando a la pandemia.

“La cuestión que se está debatiendo tiene que ver con la revelación de documentos que son claramente irrelevantes para la materia de investigación de la comisión independiente”, ha explicado un portavoz de Sunak. “Por ejemplo, mensajes de WhatsApp de naturaleza personal que no aportan nada a la investigación o se refieren a asuntos diferentes. (...) Nuestra posición defiende que la comisión no tiene capacidad ni poder para obligar al Gobierno a entregar material que sea claramente irrelevante, por el precedente adverso que podría suponer en la futura formulación de políticas”, ha añadido el portavoz.

La exjueza Hallett quiere conocer los mensajes intercambiados entre Johnson y sus dos principales asesores científicos durante la pandemia, Patrick Vallance y Chris Whitty, así como con otros miembros de su equipo como el malogrado brujo del Brexit, Dominic Cummings —en su puesto de asesor del primer ministro—, o los entonces ministros Dominic Raab, Matt Hancock o el propio Sunak.

Johnson defiende también que la entrega de todo ese material supondría un precedente “altamente perjudicial”, pero juega a dos bandas, y del mismo modo que intenta defenderse de la investigación de la comisión, muestra su recelo hacia la Oficina del Gabinete. Considera que el actual equipo de Sunak está maniobrando en su contra. De hecho, ha decidido prescindir de los abogados aportados por el Gobierno para su defensa, y ha exigido la contratación de un bufete privado que acabará pagando también Downing Street.

Nuevo combate entre Johnson y Sunak

Los aliados del ex primer ministro Johnson son cada vez menos, pero siguen teniendo capacidad de hacer ruido. Todos ellos están convencidos de que Sunak —que con su dimisión forzó en su momento la caída de quien había sido su jefe— está propiciando lo que consideran una cacería de brujas contra el popular político. Este mismo martes se hizo público que la Oficina del Gabinete había puesto en manos de la policía nuevas pruebas presuntamente incriminatorias contra Johnson. Paradójicamente, fueron sus propios abogados los que desataron la alarma.

Al preparar la defensa del ex primer ministro, los letrados revisaron los diarios oficiales de su mandato y se encontraron con que habían quedado registradas visitas de familiares y amigos de Johnson y su esposa, Carrie, tanto a Downing Street como a Chequers, la residencia de descanso a disposición del jefe del Gobierno británico. Obligados por ley a alertar de una posible infracción penal, los abogados pasaron la información a la Oficina del Gabinete, que lo trasladó a su vez a la Policía Metropolitana y a la Policía del Valle del Támesis, los dos departamentos de seguridad bajo cuya jurisdicción estarían las presuntas infracciones cometidas por Johnson.

En un breve plazo —aún por determinar—, la comisión parlamentaria de Ética y Privilegios, que investiga si Johnson faltó a la verdad en la Cámara de los Comunes sobre su conocimiento de las fiestas prohibidas en Downing Street durante el confinamiento, debe emitir un veredicto. Si impusiera al ex primer ministro una suspensión como diputado superior a los 10 días, provocaría automáticamente la convocatoria de elecciones locales por la circunscripción de Uxbridge, la que representa actualmente Johnson. Con toda probabilidad, la agrupación local conservadora no volvería a elegirle como candidato y daría un golpe mortal y definitivo a una carrera que Johnson aún no ha renunciado a resucitar en el medio plazo.

Johnson aún considera posible evitar una sanción de esa gravedad, y confía en ser capaz de salvaguardar su deteriorada carrera política. Sin embargo, una nueva investigación a fondo de su actuación durante la pandemia —sobre todo, si se derivaran de ella consecuencias penales— podría ser la losa definitiva en el futuro del político conservador.

Más allá de la refriega política que las consecuencias de la pandemia han vuelto a generar, los familiares de las víctimas del coronavirus han mostrado su estupor por el juego de tira y afloja desplegado entre las instituciones: “Es escandaloso que [el Gobierno] crea que puede imponer a una comisión independiente los mensajes de WhatsApp de Johnson que puede o no puede ver. Con las revelaciones que se han conocido ya sobre el modo en que quebró las normas de distanciamiento social, no te queda más remedio que temer lo peor ante lo que pueden estar ocultando”, ha dicho Rivka Gottlieb, la portavoz de la asociación Justicia para los Familiares de la Covid-19.

Los distintos frentes de Downing Street

Sunak es plenamente consciente del número de batallas que puede librar, especialmente contra el ala dura de su propio partido. Por eso, el mismo día en que hace frente a las andanadas de Johnson, ha decido exculpar de una posible condena a su ministra del Interior, Suella Braverman. Favorita entre los euroescépticos y la derecha más extrema de los tories, por su discurso de mano dura con los inmigrantes irregulares, Braverman tiende con frecuencia a interpretar la ley y las normas de un modo laxo. Después de ser pillada el pasado verano al volante mientras traspasaba el límite de velocidad, las autoridades policiales le dieron a elegir entre perder tres puntos de su carné de conducir o asistir a un curso de formación vial junto con otras personas. La ministra intentó que el curso fuera de modo privado, sin testigos, y así pidió que lo gestionaran primero, los altos funcionarios de su departamento y luego, sus asesores políticos. Ante la negativa de la autoridad competente, Braverman optó por la reducción de puntos.

El diario The Times reveló lo sucedido y se incrementaron la presiones sobre Sunak para que ordenara una investigación sobre la ministra, ante la posibilidad de que hubiera infringido el Código Ministerial. Sunak ha decidido finalmente, tras consultar a sus asesores, que no había motivos para iniciar esa investigación, aunque ha optado por una pequeña reprimenda a Braverman a través de una carta que Downing Street ha hecho pública.

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