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La policía investiga de nuevo a Boris Johnson por saltarse presuntamente las reglas del confinamiento

El entonces primer ministro y su esposa recibieron a familiares y amigos en Downing Street y en Chequers, la residencia oficial de descanso, durante la pandemia

Boris Johnson visita este martes el Senado de Texas (EEUU), en la capital del estado, Austin
Boris Johnson visita este martes el Senado de Texas (EEUU), en la capital del estado, AustinJay Janner (AP)
Rafa de Miguel

La Policía Metropolitana de Londres, conocida en todo el mundo como Scotland Yard, debe confirmar de nuevo si Boris Johnson quebró las reglas de confinamiento impuestas durante la pandemia. El ex primer ministro se halla actualmente bajo investigación en la comisión de Ética y Privilegios del Parlamento británico por supuesto perjurio: por haber mentido u ocultado la verdad, en sus comparecencias ante la Cámara de los Comunes, sobre su conocimiento de las fiestas prohibidas en Downing Street durante el confinamiento.

Paradójicamente, han sido los propios abogados que defienden a Johnson en la comisión —financiados por el actual Gobierno de Rishi Sunak— los que han levantado la voz de alerta. Al preparar la defensa del ex primer ministo revisaron los diarios oficiales de su mandato y se encontraron con que habían quedado registradas visitas de familiares y amigos de Johnson y su esposa, Carrie, tanto a Downing Street como a Chequers, la residencia de descanso a dispsosición del jefe de Gobierno británico. Obligados por ley a alertar de una posible infracción penal, los abogados pasaron la información a la Oficina del Gabinete, algo similar al Ministerio de la Presidencia español, en tanto coordinador central de la actividad del primer ministro y de todo el Gobierno. Los altos funcionarios de la oficina trasladaron a su vez la información a la Policía Metropolitana y a la Policía del Valle del Támesis, los dos departamentos de seguridad bajo cuya jurisdicción estarían las presuntas infracciones cometidas por Johnson.

“Durante el proceso de preparación de pruebas que debían ser sometidas a la consideración de la investigación de la covid [realizada por la comisión parlamentaria] surgió nueva información”, ha explicado un portavoz de la oficina. “De acuerdo con las obligaciones que establece el código del servicio civil [altos funcionarios], dicho material ha sido enviado a las autoridades relevantes y el asunto les compete a ellas en exclusiva”.

Los abogados de Johnson, a la vez que transmitieron la información a los altos funcionarios —revelada en primicia por el diario The Times— quisieron dejar claro por escrito su consideración de que “los eventos referidos se habían ajustado a la ley y no suponían quiebra alguna de la normativa impuesta a raíz de la covid-19″, según ha explicado un portavoz del ex primer ministro. Ni Downing Street ni ninguno de los actuales ministros del Gobierno fueron informados antes de que el asunto pasara a manos de la policía. Scotland Yard ha asegurado en un comunicado que se hallaba “actualmente valorando” la información recibida el pasado 19 de mayo, que “hace referencia a potenciales incumplimientos de las normas de protección de la salud entre junio de 2020 y mayo de 2021 en Downing Street. A su vez, la Policía del Valle del Támesis ha asegurado a The Times que había “recibido informaciones de potenciales quiebras de la normativa”, también en las mismas fechas, pero en la residencia de Chequers.

Los aliados de Johnson, desde el anonimato, han denunciado esta nueva investigación como una maniobra para finiquitar la carrera del popular político. Si la comisión parlamentaria impusiera al ex primer ministro una suspensión como diputado superior a los 10 días, provocaría automáticamente la convocatoria de elecciones locales por la circunscripción de Uxbridge, la que representa actualmente Johnson. Con toda probabilidad, la agrupación local conservadora no volvería a elegirle como candidato y daría un golpe mortal y definitivo a una carrera que Johnson aún no ha renunciado a resucitar en el medio plazo.

El llamado partygate —el escándalos de las fiestas con alcohol en Downing Street durante el confinamiento— fue un factor fundamental en la dimisión y caída en desgracia de Johnson, que se convirtió en el primer ministro condenado por quebrantar la ley durante su mandato. Tanto él como su esposa Carrie, y el entonces minstro de Economia, Rishi Sunak, fueron multados por participar en junio de 2020 en la fiesta de cumpleaños en honor del propio Johnson. Más de ochenta miembros del equipo del entonces primer ministro corrieron la misma suerte. La Policía Metropolitana llegó a imponer 126 multas.

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Sobre la firma

Rafa de Miguel
Es el corresponsal de EL PAÍS para el Reino Unido e Irlanda. Fue el primer corresponsal de CNN+ en EE UU, donde cubrió el 11-S. Ha dirigido los Servicios Informativos de la SER, fue redactor Jefe de España y Director Adjunto de EL PAÍS. Licenciado en Derecho y Máster en Periodismo por la Escuela de EL PAÍS/UNAM.

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