La frustración por el bloqueo a regular las armas marca el primer aniversario de la matanza escolar de Uvalde

El cementerio Hillcrest, a las afueras de Uvalde, tiene mucha actividad el día de las madres. Adalynn Ruiz llega sobre el mediodía del domingo 14 de mayo. Viste una camiseta con la leyenda Eva strong, una frase que se convirtió en homenaje a su madre, Eva Mireles, una maestra de cuarto grado aficionada al montañismo y el crossfit. Ella fue una de las 21 víctimas del tiroteo en la escuela primaria Robb, ocurrido el 24 de mayo de 2022 en este poblado del sur de Texas. Con el paso de las horas, amigos y familiares cobijan a Ruiz frente a la tumba de su madre, decorada con fotografías en blanco y negro, globos y coronas de flores de plástico. La jornada se convierte en algo parecido a una fiesta. Hay pizzas y cerveza fría que sale de una hielera para aplacar el calor. Hay incluso risas en una comunidad que lleva un año sumergida en el dolor más profundo.

Sobre la superficie, todo ha cambiado. El pueblo, donde ocho de cada diez personas tienen origen hispano, se ha convertido en un homenaje a las vidas perdidas tras la irrupción de un joven de 18 años armado con un AR-15 el último día de clases. Los niños y maestras fallecidos han sido plasmados en grandes murales. Jackie Cazares, de 9 años, aparece junto a la torre Eiffel, pues siempre quiso conocer París. Rojélio Torres fue retratado rodeado de Pokemones. Junto a él posa Elihana García con un jersey del equipo de baloncesto y sus alimentos chatarra favoritos, las sopas Maruchan y los Takis fuego.

En realidad muy poco ha cambiado. La rabia y la desilusión corroe a las familias de las víctimas, que ante la pérdida se han convertido en activistas en favor de la regulación de las armas. Nació un movimiento que propone subir en Texas la edad mínima (de 18 a los 21 años) para comprar rifles de uso militar como el empleado. La iniciativa ha chocado con la resistencia de los republicanos, quienes controlan el Congreso local, y se oponen porque consideran la medida inconstitucional.

Verónica, originaria de México, pero con tres décadas en Texas, asegura que la matanza cambió todo para los educadores. Su escuela de Houston tiene ahora una única puerta de entrada, monitoreada durante toda la jornada por un guarda. Los padres tienen prohibido volver una vez que han dejado a sus hijos. “Ya nadie va al baño solo. Tenemos una hora programada donde toda la clase va junta”, cuenta, en un ejemplo de cómo lo ocurrido en Uvalde ha afectado a las escuelas de todo el Estado. Además, las docentes realizan dos simulacros mensuales donde fingen que un tirador ha entrado en el centro. Una clave se comunica mediante el sistema de bocinas. Se cierran las cortinas de puertas y ventanas. Las maestras reúnen a sus alumnos en el sitio más lejano a la puerta y guardan silencio. “No hemos tenido cursos para aprender a disparar ni lo hemos hablado. No lo queremos”, dice antes de que se lo pregunten.

Los familiares que reclamaban una mayor regulación en las armas encajaron un nuevo golpe a principios de este mes. La iniciativa avanzó en una comisión legislativa con el voto de los congresistas demócratas y el apoyo de dos conservadores, pero quedó fuera del calendario legislativo porque llegó minutos después de finalizado el plazo. Este domingo, el Congreso de Texas aprobó una ley que hace más estricta la vigilancia de los distritos escolares para que estos tengan planes de respuesta a situaciones de tiradores activos. Un organismo de seguridad escolar tendrá que revisar al menos una vez cada cinco años los protocolos de seguridad y la infraestructura de los centros.

“Le pusieron un freno… han jugado con nuestros sentimientos”, asegura Jesse Rizo, pariente de Jacklyn Cazares, una de las menores fallecidas. “Para ser franco, los políticos nos consideran solo una cifra. Somos una estadística para ellos. Se venden tantas armas, los controla la Asociación Nacional del Rifle y otros intereses. Así que hacen algunos cálculos, entre los que esperan algunas muertes. Es todo un juego de números para ellos”, dice Rizo. “El sentido común dice que no puedes tener a niños e inocentes muriendo en centros comerciales, escuelas, en el Walmart. No es normal, ¿verdad? Uno pensaría que la gente en el poder haría algunos cambios” añade. Frente a él, sobre una mesa, hay una imagen de su sobrina política en su primera comunión, celebrada el año pasado. Diez días después, Jacklyn fue enterrada con el mismo vestido blanco que usó en su fiesta.

Los afectados han encontrado pocos apoyos clave en el Capitolio de Austin, la capital tejana. Uno de estos es el senador demócrata Roland Gutiérrez. Las madres y padres de Uvalde creen que se sumó a su causa porque ha sido de los pocos parlamentarios que ha visto completos los vídeos en manos del Departamento de Seguridad Pública. El pasado jueves, en un emotivo discurso, Gutiérrez admitía el fracaso de los políticos para mejorar la seguridad en las escuelas. “Me dieron un disco duro de este tamaño con dos terabytes”, dijo sosteniendo un móvil. “Lo que vi eran niños pequeños sin rostro. Sangre por todas partes. Vi tres pilas de cuerpos pequeños… Dos en un aula y una en otra… Para eso los entrenamos, para que se reúnan. Yo sé que ustedes piensan que hemos hecho algo para mejorar las escuelas, pero es apenas suficiente”, declaró con la voz quebrada.

La de Uvalde está lejos de ser la última tragedia que ha sufrido Estados Unidos. El año pasado fue el segundo año más violento, con 647 tiroteos masivos, solo superado por 2021. En 2022 unos 1.683 menores murieron por la violencia armada. En lo que va de 2023 han fallecido 675 niños y adolescentes. El más reciente episodio en Texas sucedió el 10 de mayo de este mes. Bastaron cuatro minutos a un hombre de ideología neonazi para matar a ocho personas y herir a siete en un centro comercial a las afueras de Dallas.

A la espera de la demolición

La primaria Robb se ha convertido en un deprimente punto turístico de Uvalde. El edificio está abandonado a la espera de una demolición que borre el día negro que vivió una escuela que acogió en los años de la segregación a estudiantes mexico-americanos desde los años cincuenta. Las ventanas están cubiertas con tablas y el complejo está rodeado por una malla negra. Sobre la acera hay 21 cruces blancas decoradas con girasoles y los nombres de quienes fallecieron. Cientos de rosarios cuelgan de otro gran crucifijo. El sitio, donde será levantado un memorial, está custodiado por dos patrullas estatales. En el resto de escuelas del distrito se han instalado rejas de casi dos metros de altura.

“Se siente la tristeza”, afirmaba hace algunos días Joel Mata. Él y su familia manejaron 330 kilómetros desde Houston, donde viven, para acudir a una graduación a San Antonio. Después hicieron dos horas más de camino hasta Uvalde. Deseaban entender lo sucedido. Su esposa, Verónica, es maestra de segundo grado. “Quería ver dónde estaban las rejas y comprender cuáles pudieron ser las fallas”, cuenta la profesora. La matanza fue desencadenada por una puerta trasera que no tenía seguro.

Daniel García, un jubilado que vive en el barrio donde está la escuela, asegura que muchos llegan en busca de respuestas. La matanza, dice, ha unido más a la comunidad. A excepción de un par de familias de las víctimas, la gran mayoría sigue en Uvalde. Es tabú hablar de Salvador Ramos, el asesino, quien fue abatido por la Patrulla Fronteriza después de más de una hora de inacción de cientos de uniformados. “Nadie dice su nombre, es como si jamás hubiera existido”, afirma. Las madres de los menores de la Robb expulsaron del pueblo a Adriana Martínez, la madre del tirador. Lo último que se supo de ella es que se había mudado a Oklahoma. En enero fue detenida por amenazar de muerte al hombre con el que vivía.

Ramos compró su AR-15 en cuanto cumplió su mayoría de edad en Oasis Outback, una tienda y restaurante de la ciudad. El negocio ha dejado de vender “por el momento” el polémico modelo, según un dependiente. El rifle de guerra disparó 142 balas aquella mañana. El diario digital Texas Tribune elaboró una investigación con los audios de las cámaras corporales de algunos de los casi 300 policías que respondieron a la emergencia. Algunos uniformados mostraron reticencias a actuar porque temían al AR-15 en manos del asesino. “Es un rifle de combate”, comenzaba a escucharse en los radios. “¿Cuál es la forma más segura de hacer esto? No quiero palmarla”, dijo uno de los primeros en llegar a la escuela.

El AR-15 se colocó después de Uvalde al centro del debate de regulación de armas en Estados Unidos. El presidente Joe Biden ha insistido en prohibir su venta en todo el país, algo que rechaza la oposición conservadora. La matanza, no obstante, mandó ondas por todo el país. El Estado de Washington, una progresista región del oeste, se convirtió en abril en el décimo que declaró ilegales las ventas de armas de asalto.

La matanza provocó el despido de varios policías, el cese de comisionados municipales y la jubilación anticipada de funcionarios del distrito escolar. Las familias de los niños aún piden remover a un par de funcionarios que fueron omisos el día del tiroteo y hoy siguen en sus cargos. Saben que nada de esto les devolverá a sus hijos, pero intentan encontrar algún sentido tras la perdida. “La justicia puede definirse de varias formas”, dice Jesse Rizo. “Es lograr que alguien renuncie o que enfrente cargos en un tribunal. Pero justicia es también que se nos diga la verdad. El tirador fue el único responsable, ¿no? Pero para mí lo peor que pasó es cómo todo esto fue manejado. Ese es el gran problema”, puntualiza.

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