Paro masivo de funcionarios en Canadá: piden aumentos salariales y que se respete el teletrabajo

Más de 100.000 empleados federales canadienses están en huelga desde el pasado miércoles tras meses de negociaciones infructuosas entre la Alianza de la Función Pública de Canadá, el Sindicato de Empleados Fiscales y el Gobierno de Justin Trudeau. En su pliego petitorio, los huelguistas exigen principalmente un mayor aumento salarial del que ofrece Ottawa y el respeto del teletrabajo. Las actividades de algunos puertos y edificios federales han sido perturbadas por los inconformes. A su vez, ciertos servicios están siendo afectados por la reducción de personal. Tal es el caso de la obtención de pasaportes, las declaraciones fiscales y los trámites migratorios.

Mona Fortier, presidenta del Consejo del Tesoro, el órgano que regula la función pública federal, señaló este lunes que el Gobierno está trabajando “muy duro y sin descanso para lograr nuevos contratos colectivos justos, competitivos y razonables”. Fortier subrayó que las negociaciones representan “un gran esfuerzo para ambas partes”. Chris Aylward, presidente de la Alianza de la Función Pública de Canadá, dijo a la cadena CBC que “aún deben abordarse puntos fundamentales antes de llegar a un acuerdo con el Gobierno federal”. Por su parte, el Sindicato de Empleados Fiscales afirmó que Mona Fortier debería dimitir en caso de no alcanzar un compromiso con rapidez.

Los huelguistas piden un aumento salarial del 13,5% en tres años, mientras que los representantes gubernamentales ofrecen un incremento del 9%. La inflación alcanzó el 6,7% en el país norteamericano en 2022. También exigen que sea incluido en los contratos colectivos el derecho al teletrabajo. El Consejo del Tesoro anunció en diciembre que los empleados deberían laborar en sus oficinas dos o tres veces por semana, una medida que provocó reacciones negativas entre los sindicalizados. Los funcionarios en huelga reclaman de igual manera prohibir la subcontratación y mantener la antigüedad como un criterio de protección en caso de recortes.

Un tercio del total de funcionarios federales está en huelga. En un principio estaba contemplado que 155.000 suspendieran actividades, pero el Gobierno utilizó su poder de requisa para obligar a unos 48.000 a seguir laborando para asegurar servicios esenciales. La última huelga de un calibre parecido por parte de funcionarios federales tuvo lugar en 1991. En esa ocasión, el paro duró cerca de tres semanas. El conflicto laboral llegó a su fin por medio de una ley especial.

Al inicio de la huelga, el primer ministro Justin Trudeau señaló que los trabajadores estaban ejerciendo su derecho. Trudeau también comentó que es de suma importancia que los sindicatos se sienten a negociar, aunque advirtió: “Sé que los canadienses no van a ser muy pacientes si esto sigue así”. En caso de que los días pasen y las partes no lleguen a un acuerdo, el premier canadiense podría pedir un voto parlamentario para promulgar una ley especial. Sin embargo, tendría que buscar el apoyo de los conservadores, dado que gobierna en minoría. Jagmeet Singh, líder del Nuevo Partido Democrático (agrupación de izquierda con la que los liberales tienen un acuerdo gubernamental), ya ha señalado que no respaldaría esta ley especial. “Es inaceptable para nosotros. Somos el partido de los trabajadores. Jamás apoyaríamos un proyecto de este tipo”, apuntó Singh.

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