El ministro principal de Escocia inicia su mandato con una pugna legal con Londres por la ‘ley trans’ escocesa

La batalla judicial iniciada por el Gobierno escocés contra la decisión del Ejecutivo británico de vetar la Ley Escocesa de Reforma de Reconocimiento de Género supone una arriesgada apuesta para el nuevo ministro principal de Escocia, Humza Yousaf. Apenas dos semanas después de sustituir a Nicola Sturgeon al frente del Ejecutivo, el nuevo mandatario se ha lanzado a una pugna constitucional de calado: el Gobierno de Yousaf recurrirá el bloqueo de Londres ante el Tribunal de Sesiones de Edimburgo, la más alta corte civil de Escocia, según informó este miércoles la Administración escocesa mediante un comunicado.

El Gobierno británico, con el conservador Rishi Sunak al frente, paralizó el pasado enero la norma aprobada por el Parlamento escocés. Para ello, Sunak recurrió al poder que le otorga la Ley de Escocia de 1998, el texto que instauró el autogobierno en este territorio. Desde entonces, es la primera vez que Londres emplea ese mecanismo y lo ha ejercido contra la ley trans escocesa, ratificada en diciembre; una legislación que dividió profundamente a la formación de Yousaf, el Partido Nacional Escocés (SNP, en sus siglas en inglés), además de implicar un alto coste político para su predecesora.

Londres argumenta su decisión de bloquear la reforma escocesa en su potencial impacto en el conjunto del Reino Unido, ya que considera “altamente problemático” tener dos sistemas diferentes dentro de un mismo país. Con la impugnación al bloqueo, el ministro principal de Escocia aprovecha para enfatizar la injerencia estatal sobre lo que considera sus competencias, aunque en la práctica esta decisión lo expone a una comprometida contienda que podría complicar todavía más su aterrizaje en el poder. Yousaf fue el único de los tres candidatos en las recientes primarias del SNP que había apoyado adoptar acciones legales para revertir el veto del Gobierno británico.

En enero, el bloqueo de Londres a la norma dio alas a la por entonces administración de Nicola Sturgeon, antecesora de Yousaf, que, además de describirlo como una intromisión, lo vinculó con la ambicionada independencia, una de las bases fundacionales del SNP. Yousaf había aclarado durante la campaña de las primarias que solo se lanzaría a un desafío judicial si tuviese posibilidad de éxito. Y aunque antiguos miembros del Tribunal Supremo, como el juez David Hope, han declarado públicamente que las opciones de victoria son muy bajas, Yousaf finalmente ha optado por el recurso. De ahí que la decisión suponga un osado envite para un líder que aún trata de definir su sello personal, tras la marcha de Nicola Sturgeon, que ha dominado la escena política escocesa durante una década.

El margen para Yousaf era limitado, ya que el plazo para promover acciones contra la decisión de Londres expiraba el pasado lunes y, pese a la división que la reforma generó ―y genera― en el SNP, Yousaf era consciente de que la alianza con Los Verdes, claves para la gobernación, podría colapsar en caso de que no mantuviese la férrea defensa de la normativa de género. Además, el ministro principal ya había marcado su posición antes de llegar al poder con una campaña en las primarias del SNP muy centrada en reivindicar las políticas sociales promovidas por Sturgeon. Por otro lado, Yousaf asume que una batalla constitucional con Londres nunca hace daño entre el electorado nacionalista.

El problema, sin embargo, va más allá de la política, en una materia compleja y delicada, que ya irritó a un sector considerable de las bases del SNP cuando se promovió la norma. La Ley de Reconocimiento de Género busca facilitar en Escocia el cambio de sexo. Para ello suprime la exigencia de un diagnóstico médico de disforia para que las personas trans puedan obtener el reconocimiento legal de su género. Además, la edad legal para solicitar un cambio de sexo pasaría de 18 a 16 años y para obtener el cambio legal solo haría falta haber pasado tres meses viviendo bajo el género autodeterminado.

Poco después de su aprobación, en diciembre, el caso de Isla Bryson, quien había cambiado de género tras su arresto por violar a dos mujeres, provocó una profunda controversia en Escocia al trascender que estaba en una prisión de mujeres, una decisión que se acabaría revirtiendo. Además, una encuesta publicada recientemente en el Sunday Times revela que solo un 18% de escoceses consideraba que Yousaf debería lanzarse a una pugna en los tribunales, frente a un 44% que creía más conveniente abandonar la reforma.

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