Condenados a entre 10 y 20 años de cárcel los tres hombres que violaron durante meses a una niña en Marruecos

La justicia de Marruecos ha endurecido las penas impuestas a los tres hombres que violaron en una aldea durante meses a una niña de 11 años, a la que dejaron embarazada y tuvo un hijo. En un primer juicio fueron condenados el mes pasado a solo dos años de cárcel, pero, tras la indignación social desatada en la sociedad marroquí, el Tribunal de Apelación de Rabat ha dictado en la madrugada de este viernes una sentencia que ha impuesto 20 años de prisión a uno de los reos y 10 años a los otros dos.

Sanaa, la menor víctima de agresión sexual, que estuvo bajo amenazas de muerte si revelaba los hechos a su familia, tiene hoy 13 años y está a cargo de un bebé de 13 meses, nacido de la violación colectiva y continuada. Tras conocer el fallo, los abogados de la menor han mostrado sentimientos enfrentados de satisfacción y desacuerdo. “El veredicto ha ofrecido justicia a la víctima, estamos de acuerdo con las bases de la condena“, aseguró Abdelfatá Zahrach, uno de los letrados, “pero seguimos sin entender cómo dos de los condenados van a cumplir solo 10 años de cárcel [por la gravedad del delito]”, según ha recogido la prensa marroquí. El equipo de defensa de la niña va a plantear a la familia la presentación de un recurso en casación.

Al término de una vista que se prolongó durante 11 horas en una sala abarrotada de público, con decenas de abogados asistiendo gratuitamente a la pequeña Sanaa y en presencia de la prensa local e internacional, el Tribunal de Apelación condenó a Abdelwahed B., de 29 años, a 20 años de cárcel por los delitos de “sustracción de un menor” y “atentado con violencia contra el pudor”. Durante el proceso en primera instancia, una prueba de ADN estableció su paternidad sobre el hijo de la niña, aunque no está legalmente obligado a reconocer al bebé ni a contribuir a su manutención.

Karin A., de 36 años, y su sobrino Yusef Z., de 22, también vecinos de la aldea de los alrededores de Tiflet (65 kilómetros al este de Rabat) donde se cometió la violación múltiple, fueron sentenciados a 10 años de prisión. En total, los tres deberán abonar a la niña una indemnización de 140.000 dirhams (12.500 euros). El tipo de violación, recogido en el Código Penal marroquí, no figura en el fallo.

Cinco años de prisión es la pena mínima por violación en Marruecos, que puede llegar a los 30 años si se ejerce violencia y se trata de una menor y virgen. Los jueces que examinaron el caso por primera vez aplicaron a los agresores circunstancias atenuantes, tales como “condiciones sociales” de extrema pobreza, “ausencia de antecedentes” o “la excesiva severidad de la pena prevista a la vista de los cargos”. La Fiscalía solicitó el jueves la pena máxima ante el Tribunal de Apelación. “Si lo permitiese la ley, habría pedido la pena capital”, advirtió uno de los fiscales en la vista, “ya que le han privado de su infancia”, informa la agencia Efe.

Sanaa llegó al mediodía del jueves atemorizada y en silencio junto con su familia a la Sala Segunda del Tribunal de Apelaciones de Rabat. Los magistrados aceptaron que testificara esta vez a puerta cerrada para proteger su intimidad. En el primer juicio, tuvo que mostrar la cara ante el público con su bebé en brazos.

Uno de los condenados se sirvió de una sobrina, de la misma edad que Sanaa, para averiguar cuándo se encontraba sola la menor para violarla en grupo bajo graves amenazas para ella y los suyos si denunciaba lo ocurrido. Los padres no se percataron del embarazo de su hija hasta que se encontraba en el octavo mes de gestación. La otra niña citada en el caso, que presenció algunas de las agresiones sexuales, testificó también a puerta cerrada en el juicio de revisión. Un abogado de la familia informó de que se había retractado de su declaración en primera instancia, en la que ratificó la versión de Sanaa, y dijo no haber observado nada.

Sanaa permanecía a menudo sola en su casa, una chabola en los alrededores de Tiflet, mientras su padre pastoreaba ganado o acudía al mercado y su madre trabajaba en el campo. Nunca fue a la escuela: su familia tenía miedo de que fuera violada de camino al colegio, a más de siete kilómetros de distancia. Su caso habría quedado en el olvido de no haber sido por la enconada protesta surgida desde algunos medios de comunicación y ONG. Desde la sociedad civil de Marruecos, la asociación Insaf ―de ayuda a mujeres en situación de vulnerabilidad, como las madres solteras― amparó a Sanaa. “Desde hace un año hemos intervenido para ayudar y apoyar a la menor y a su bebé. Nos hemos hecho cargo de los gastos médicos, de alimentación infantil y de tratamiento psicológico, así como de la integración de la niña por primera vez en un centro educativo”, explica Amina Jalid, secretaria general de Insaf, presente el jueves en el Tribunal de Apelación.

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