Instigador y negligente: las dos vías que acercan a Bolsonaro a una condena tras el intento golpista
Los analistas creen que el expresidente podría ser inhabilitado para presentarse a nuevas elecciones. La Fiscalía del Tribunal de Cuentas solicita el bloqueo de sus bienes como castigo a la toma de los tres poderes protagonizada por sus seguidores
La alargada sombra del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, que continúa de vacaciones en Florida, llega hasta los cristales rotos de Brasilia. Su nivel de participación en el movimiento golpista que el domingo asaltó la sede de los tres poderes definirá su futuro y el de Brasil. La Fiscalía del Tribunal de Cuentas pidió el martes que se bloqueen sus bienes para pagar la reparación de los daños provocados en el asalto al Congreso, el Supremo y el palacio presidencial por parte de sus seguidores. Si la medida cautelar es aceptada, impediría la salida al extranjero del dinero de Bolsonaro. Otros políticos locales ya han sido destituidos cautelarmente.
Mientras las autoridades van cribando los 1.500 detenidos en la insurrección y encarcelan a los que protagonizaron los momentos más violentos, las investigaciones policiales y judiciales siguen básicamente dos líneas: averiguar quién estimuló, financió y organizó el desembarco en la capital de miles de personas llegadas de todo Brasil, y quién no hizo nada ante la evidencia de que pretendían invadir las instituciones. Análisis jurídicos y especialistas consultados indican que Bolsonaro podría ser acusado en ambos frentes.
El castigo que, en este momento, se da por más probable es la inhabilitación para volver a presentarse a unas elecciones. Sería posible porque está, por primera vez en mucho tiempo, expuesto a la justicia. Cuando el líder ultraderechista dejó la presidencia el pasado 1 de enero puso fin a casi tres décadas de inmunidad. Primero como diputado y después como presidente, Bolsonaro estuvo protegido por un foro que le mantuvo lejos del banquillo. Eso se acabó, y en opinión de diversos juristas, el expresidente acabará vinculado al asalto de Brasilia de una u otra forma.
De todos modos, la ausencia de plazos da a los jueces un enorme margen de maniobra para jugar con los tiempos políticos. Y experiencias recientes invitan a la cautela.
Thiago Bottini, profesor de Derecho Penal en la Fundación Getúlio Vargas, cree que contra Bolsonaro pesa que el derecho brasileño tenga un concepto muy amplio de la comisión de un delito. “Cualquiera que colabore para que el delito suceda puede ser acusado. Todos son autores”, explica al teléfono. El exmandatario de extrema derecha podría no ser condenado a la misma pena que quien subió la rampa del Congreso a las bravas y rompió el cordón policial, pero sí acusado del mismo delito: abolición violenta del Estado democrático de derecho, por ejemplo, que prevé de cuatro a ocho años de cárcel.
Las constantes declaraciones poniendo en duda sin ninguna prueba la fiabilidad del sistema de voto electrónico, las arengas a sus seguidores en discursos inflamados y los cientos de comentarios en sus redes sociales ya constituyen un voluminoso conjunto de pruebas, considera la jurista Jaqueline Valles. “Bolsonaro no fue a Brasilia, no rompió nada, pero fue un participante moral. Las pruebas son sus propios posts, con eso será muy fácil iniciar la acción penal. Por más que él diga que no tiene nada que ver y que estaba fuera del país, es cómplice, basta que lo haya incentivado”, comenta desde São Paulo.
Además de instigar a sus seguidores, Bolsonaro también podría ser acusado de omisión, igual que el gobernador del Distrito Federal, que incluye Brasilia, y su secretario de Seguridad Pública, apartados ambos del cargo por no haber frenado la marcha de extremistas rumbo a la toma del Congreso. Aunque ahora Bolsonaro no es presidente, sí lo era cuando sus seguidores cortaron carreteras en protesta por la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva y acamparon tranquilamente durante dos meses frente a los cuarteles. Su Gobierno hizo la vista gorda y ahora podría ser responsabilizado por ello.
Pero experiencias recientes invitan a tener cierta cautela antes de imaginar a Bolsonaro entre rejas. Tras su desastrosa gestión de la pandemia del covid-19, el Senado abrió una comisión de investigación que le acusó de 11 delitos, entre ellos el de genocidio. Sirvió para desgastarle políticamente, pero no hubo ninguna consecuencia penal. En aquel momento, Bolsonaro estaba protegido por el escudo legal de la presidencia y sobre todo por el fiscal general, Augusto Aras, al que él eligió. Y las decenas de peticiones de impeachment quedaron guardadas en el cajón del presidente de la Cámara de Diputados. Ahora, Bolsonaro, ciudadano de a pie, deja de contar con estos valiosos aliados.
Para la jurista Valls, puede que no acabe en prisión, pero sí ve factible que sea inhabilitado. Sería la respuesta intermedia para no inflamar a la mitad del país (Lula ganó con un 51% frente al 49% de Bolsonaro) y al mismo tiempo evitar que salga impune. “Es la vía más próxima, por toda su trayectoria, porque incluso hoy ha vuelto a incitar a las personas contra el resultado electoral (colgó un video en que volvía a dudar de la victoria de Lula). Desgraciadamente, va por el camino del crimen”. Si un tribunal le condenara en segunda instancia, sea cual sea el delito, no podría presentarse a unas elecciones en un plazo de ocho años.
Los tres primeros en caer
Los tres primeros cargos en caer fueron apartados de forma fulminante por el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, que entendió que claramente hubo omisión y negligencia al no frenar a la turba violenta. Ibaneis Rocha, gobernador del DF y aliado de Bolsonaro, llamó “terroristas” a los invasores y pidió perdón a Lula por no haber frenado la invasión, pero no convenció a casi nadie. Estará fuera del cargo durante al menos 90 días.
Anderson Torres, secretario de Seguridad del DF y exministro de Justicia de Bolsonaro, fue su mano derecha durante su paso por el Gobierno. Torres se estrenó en el cargo el 1 de enero y su primera decisión como secretario fue despedir a la cúpula de seguridad del DF e irse de vacaciones de Año Nuevo a EE UU. Fue destituido y arrestado por la policía. Del registro de su casa, realizado el martes, y del interrogatorio cuando regrese a Brasil, podrían surgir informaciones comprometedoras para el expresidente.
Fábio Augusto Vieira, comandante general de la Policía Militar del DF, también fue destituido y arrestado el martes. Se le acusa de la tibia actuación de los agentes el día del asalto. Los policías incluso escoltaron a los radicales para que llegaran sin problemas a las puertas del Congreso.
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