El discurso que Pedro Castillo nunca llegó a pronunciar

Debía subir al atril a las tres en punto de la tarde y pronunciar un discurso que su grupo de asesores había preparado el día anterior. Era la manera que tenía Pedro Castillo de defenderse el miércoles de lo que consideraba una forma de acoso del Congreso, que desde que accedió a la presidencia de Perú le había puesto toda clase de obstáculos. “Me ratifico que somos un Gobierno democrático, respetuoso del Estado Constitucional de derecho, de la institucionalidad y del equilibrio de poderes”, iba a expresar Castillo ante los congresistas. El texto lo habían escrito entre varios de sus colaboradores. Luis Alberto Mendieta, jefe de gabinete del despacho presidencial, le dio el último repaso y se lo envió al presidente.

Sin embargo, unas horas antes, dejando a un lado el tono de esta alocución, anunció que disolvía el Congreso y gobernaba por decreto. Un autogolpe de Estado que devolvió a los peruanos a 1992, cuando hizo lo mismo Alberto Fujimori. Solo que al presidente de origen japonés la jugada le salió bien y se mantuvo la siguiente década en el poder, dando forma a una autocracia. Castillo, sin el respaldo de los militares, fracasó en una intentona que los más benévolos tachan de imprudente. Si no lo hubiera hecho, habría pronunciado unas palabras de conciliación y disculpas con algunas dosis de autoexculpación que seguramente lo hubieran mantenido en el poder —los analistas calculan que la oposición no tenía el apoyo suficiente para destituirlo—. En cambio, ahora mismo se encuentra preso por rebelión.

Este es el discurso íntegro al que ha tenido acceso EL PAÍS, transcrito tal cual iba a leer Castillo:

SEÑOR PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

SEÑORES CONGRESISTAS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA

SEÑORES CONGRESISTAS DE LOS 13 GRUPOS PARLAMENTARIOS Y CONGRESISTAS NO AGRUPADOS

ESTIMADOS COMPATRIOTAS MUY BUENAS TARDES

Hoy, exactamente un año después de mi primera presentación por un pedido similar, acudo, una vez más ante la representación nacional, para ejercer mi derecho de defensa material ante una pretendida tercera moción de vacancia, pues como se conoce, se han intentado dos anteriores, las cuales resultaron fallidas por carecer de razón y fundamento.

Fui elegido por la voluntad del pueblo peruano en un proceso electoral democrático por un periodo de 5 años, como también lo fueron ustedes señores congresistas y esa expresión democrática se debe respetar en un Estado que se precia de ser Constitucional de Derecho, Democrático y en el que, el equilibrio de poderes, es la razón de ser, entre el poder Legislativo y el poder Ejecutivo.

Desde este recinto parlamentario, ante ustedes y el país, afirmo y ratifico mi inocencia frente a todas las imputaciones sin fundamento que hasta ahora se han levantado contra mi persona, que lo único que han buscado, es desacreditar mi condición de presidente constitucional, y con ello burlar la voluntad y la decisión del voto popular.

Recientemente, fui objeto de una acusación constitucional por el presunto delito de traición a la patria, y a pesar de la carencia de fundamentos se siguió adelante con dicha pretensión, a sabiendas que era inconstitucional y vulneraba de manera flagrante mis derechos fundamentales. Pues a pesar de mi inocencia, se pretendió señalarme, como culpable. Tal situación motivó, que el Tribunal Constitucional emita sentencia, que tiene autoridad de cosa juzgada, declarando FUNDADA la demanda de Habeas Corpus a mi favor y, declarando NULOS el informe de calificación y el informe final emitidos por la subcomisión de acusaciones constitucionales.

En los fundamentos relevantes de dicha sentencia emitida por el máximo intérprete de la Constitución, se ha precisado con claridad meridiana, que en nuestro régimen político al Presidente de la República le asisten determinadas prerrogativas e inmunidades, precisamente porque se trata del jefe de Estado. En ese sentido, en tanto la posible decisión del Congreso de la República pueda tener un mayor impacto en el esquema de división y equilibrio de poderes y en nuestro régimen político; mayor será la necesidad de la intervención de la justicia constitucional.

En dicho contexto, la exigencia de la imputación de hechos tanto en un antejuicio o juicio político sea por las causales del Artículo 117º de la Constitución o por infracción constitucional, exige el deber de brindar a la sociedad una justificación pormenorizada de las infracciones o delitos que se le atribuyen al presidente. Por tanto, existe la obligación constitucional de efectuar un control posterior de las actuaciones parlamentarias (Puede verse el fundamento 31º de la sentencia).

Ello implica, agrega el Tribunal Constitucional, que los hechos que configuran la infracción constitucional, la calificación de la infracción y la sanción a imponer, debe estar debidamente fundamentada y motivada. Por tanto, concluir que se ha cometido una infracción constitucional por más política que sea la naturaleza del órgano que tenga la competencia para arribar a tal conclusión, es una actividad que no puede estar reñida con elementales criterios de razonabilidad y proporcionalidad (Pueden ver el fundamento 48º).

Así las cosas, una moción de vacancia, que sin lugar a dudas contiene implícita una sanción como separar al presidente del ejercicio constitucional del cargo confiado por el pueblo peruano, no se puede instrumentalizar con argumentos vagos, recurrentes y sin una racional corroboración objetiva.

En esta tercera moción de vacancia, sin perjuicio de advertir que se recurre una vez más a hechos que han sido objeto de archivo, tanto en la primera, como en la segunda moción, hoy se fusionan en un relato genérico, difuso y carente de sustento, como argumentar el copamiento del aparato estatal, investigaciones por presunta corrupción y el supuesto plagio de mi tesis.

No existe en nuestro país el principio de presunción de inocencia, como no lo hay en esta tercera moción de vacancia en apenas 1 año y 5 meses de gobierno. El sector que hoy pretende vacarme, desde antes que asuma el cargo, mostró su rechazo a mi persona. Hoy, con contundencia también pido y exijo, que aquellos que tuvieron mi confianza y que ahora la justicia los busca para que aclaren los hechos que se les imputa, se entreguen y dejen de hacerle daño al gobierno y al país. Que las instituciones judiciales lleven en ellos un proceso imparcial y, si se les encuentra culpables, paguen por sus delitos.

Señores congresistas, con hechos que son objeto de investigación preliminar por el Ministerio Público, se pretende vacar al presidente por la causal de Incapacidad moral permanente. Por ello debo afirmar que hoy se pretende quebrar la democracia por los dichos de quienes presuntamente han cometido delito y se les da réditos para señalarme y encubrir sus irregularidades sacando ventajas procesales en una investigación

La moción de vacancia es endeble e incongruente, basta con revisar su pagina 1, cuarto párrafo, cuando señala que: “POR FUERA DE LAS CAUSALES MENCIONADAS (REFIRIENDOSE A LAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 117º DE LA CONSTITUCIÓN), NO ES POSIBLE SOMETER AL PRESIDENTE A UN JUICIO O ANTEJUICIO POLITICO, DURANTE SU MANDATO. ES DECIR, INCLUSO CUANDO EL PRESIDENTE HAYA INCURRIDO EN ACTOS GRAVES QUE PONGAN EN CUESTIÓN SU LEGITIMIDAD EN EL EJERCICIO DEL CARGO O QUE AFECTEN LA VIDA O INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS, ASI COMO BIENES JURIDICOS RELEVANTES, NO PUEDE SER DESTITUIDO POR EL PROCEDIMIENTO DE JUICIO POLÍTICO REGULADO EN LOS ARTÍCULOS 99º Y 100º DE LA CONSTITUCIÓN”.

Entre ayer y hoy vemos aparecer en los medios de comunicación a varios de los investigados y aspirantes a colaboradores eficaces que se contradicen entre ellos, afirmando que no tienen pruebas de los dichos porque “se les perdió” o “les dijeron”. Sin embargo, igual, no se ha encontrado ninguna evidencia coherente que pueda afectar a mi persona. Como se ve, solo son afirmaciones desprovistas de sustento.

Fui elegido para servir a mi patria, para atender las demandas sociales de los peruanos y peruanas postergados por muchos años. Me ratifico que somos un gobierno democrático, respetuoso del Estado Constitucional de derecho, de la institucionalidad y del equilibrio de poderes, YO, NO HE PARTICIPADO DE ACTOS DE CORRUPCIÓN como lo demostraré en su oportunidad y ante los órganos competentes. Si en mi gobierno han participado funcionarios que traicionando mi confianza han incurrido en actos de corrupción será la justicia peruana quien determinará su responsabilidad mediante un debido proceso.

Como ya lo he manifestado una vez más ofrezco disculpas al país si me equivoqué con algunas designaciones, pero ello no debe involucrar al gobierno en su conjunto. Como nunca involucró a gobiernos anteriores ni se permitió que la democracia sea socavada, demandando una vacancia presidencial. Coloco un solo ejemplo, el recordado caso de los llamados Petroaudios. En ese caso, la justicia actúo sobre los involucrados, pero no contra el presidente como recordará la entonces fiscal de la nación y actual congresista de la república, Gladys Echaíz.

Debo decirle al país, a los 9 millones de peruanos pobres, al 55% de las mujeres afectadas por la violencia familiar, a aquellos, poco más de 40% de niños aún con anemia, al 12% de niños aún con desnutrición crónica, a los 8 millones y medio de jóvenes peruanos, a los 2 millones 200 mil compatriotas de la agricultura familiar, a nuestra clase trabajadora, a los tercerizados aún en condiciones precarias de derechos laborales, a nuestras comunidades campesinas y ronderos, pescadores, a nuestros maestros y profesionales en general, a los emprendedores de nuestra patria, choferes, moto taxistas, a nuestros habitantes hermanos de los asentamientos humanos de todo el país que aún no cuentan con un título de propiedad, a todos los ambulantes y a todos los ciudadanos de todas las sangres que creyeron en este gobierno y confiaron en mí, que mi compromiso sigue firme y estoy de pie frente a todas estas adversidades que hoy me hacen comparecer ante el Congreso de la República para defender lo que ustedes eligieron en las urnas.

Invoco a los señores congresistas a actuar con serenidad y prudencia, a buscar espacios de diálogo y consenso, atendiendo a las recomendaciones de la misión de alto nivel de la OEA. Los llamo ahora, pues es tiempo de evitar mayores confrontaciones y tensiones que truncan y postergan el objetivo principal de todo actor político: servir y atender las demandas sociales y respetar la voluntad popular.

De nosotros depende no repetir el capítulo aciago de noviembre de 2020 que, por ambiciones de unos cuantos, se cegó la vida de dos valientes jóvenes que buscaban se respete la voz del pueblo que sigue reclamando unidad en sus autoridades.

Pensemos en el país, nuestro pueblo y en su estabilidad. El Perú y los peruanos no pueden parar.

Finalmente, en lo que respecta a mi defensa técnica, ésta, estará a cargo de mis abogados debidamente acreditados.

Muchas gracias.

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