Bruselas promueve un tribunal especial para juzgar a la cúpula de Putin por sus crímenes en Ucrania

La cúpula del régimen de Vladímir Putin debe pagar por los crímenes cometidos en la guerra de Ucrania. Con ese objetivo en el horizonte, la Comisión Europea promueve la creación de un tribunal especial, respaldado por Naciones Unidas, para juzgar las atrocidades cometidas por las fuerzas del Kremlin en su ofensiva. “La invasión de Rusia a Ucrania ha traído muerte, devastación y sufrimiento indescriptible”, ha declarado la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, en un mensaje grabado. “Rusia debe pagar por sus horribles crímenes, incluido su crimen de agresión contra un Estado soberano”, ha añadido. En la senda de buscar responsabilidades, Bruselas analiza también fórmulas para emplear los activos congelados de los sancionados por la UE, entre ellos el círculo del líder ruso y un buen número de oligarcas, en la reconstrucción de Ucrania. Un encaje difícil y complejo legalmente en ambos casos.

Las voces que reclaman un impulso para enjuiciar a los responsables políticos y militares rusos por la invasión aumentan mientras las presiones de Kiev para la creación de un organismo especializado al respecto se elevan. El martes, los ministros de Justicia del G-7 (Estados Unidos, Japón, Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido e Italia) acordaron establecer una red para coordinar las investigaciones sobre crímenes de guerra en Ucrania. Las autoridades de Kiev han denunciado un creciente número de crímenes de guerra desde que el presidente Putin lanzara la invasión hace nueve meses. La Unión Europea y algunos líderes ya han acusado al Kremlin de violación de las leyes de la guerra.

El Tribunal Penal Internacional de La Haya abrió ya una investigación en abril por la matanza de decenas de civiles en Bucha, a las afueras de la capital. Organizaciones internacionales sobre el terreno, en Ucrania, han informado también de otros casos, como el bombardeo del Teatro Dramático Regional de Mariupol, la ciudad portuaria del mar de Azov asediada por las tropas rusas. Sin embargo, este tribunal, que puede investigar y procesar crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio, no tiene jurisdicción para perseguir los crímenes de agresión si el Estado agresor, en este caso Rusia, no es un Estado miembro.

Fórmula contra la inmunidad

Ahora, la Comisión Europea promueve un tribunal especializado como la mejor fórmula para resolver la inmunidad de los altos funcionarios rusos implicados en la invasión: desde un alto cargo hasta el propio jefe de Estado. Esta inmunidad no se aplicaría en los procesos llevados a cabo por los tribunales internacionales. Rusia ha dirigido bombardeos indiscriminados contra infraestructuras civiles. Y en las últimas semanas ha incrementado los ataques contra la red eléctrica y de gas y contra las vías de suministro de agua de Ucrania, sumiendo a millones de personas en el frío y la oscuridad. Pese a todo esto, el Kremlin niega que tenga como objetivo a civiles y que haya cometido crímenes de guerra. Rusia, que continúa siendo miembro de Naciones Unidas, podría tratar de vetar, no obstante, la creación de un tribunal especializado respaldado por la ONU.

Bruselas está analizando distintas opciones para promover la vía más adecuada y todavía no ha decidido si apoyará e impulsará la creación de un tribunal internacional o una corte penal híbrida, que opere bajo la ley ucrania con el apoyo de la comunidad internacional, según fuentes comunitarias. Todas las opciones tienen mucha complejidad jurídica. Que Rusia y Ucrania no sean firmantes de los tratados de la Corte Penal Internacional de La Haya dificulta mucho todos los movimientos. Añade más trabas aún que Moscú sea uno de los cinco Estados con derecho a veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ya que cierra esta vía para crear un tribunal ad hoc, según los análisis jurídicos entregados a los embajadores de los Veintisiete este mismo miércoles. Pero ese bloqueo da paso a que sean dos tercios de la Asamblea General de la ONU los que apostaran por esta vía.

Ambas vías se antojan complejas, de ahí que Bruselas apueste por ese “tribunal híbrido” o “especializado”, como apuntaba Von der Leyen en su vídeo, en el que se conjugan leyes, procedimientos y componentes de tribunales nacionales e internacionales. Hay precedentes en este sentido en Sierra Leona y Camboya, ambas a iniciativa de la ONU, y en Kosovo, con el impulso de la UE.

Junto al castigo penal por los crímenes de la invasión, la Comisión también ha analizado la posibilidad de que parte de la reconstrucción de Ucrania se financie con los fondos congelados a oligarcas rusos (unos 20.000 millones de euros) y los activos en el extranjero bloqueados al Banco de Rusia (algo más de 290.000 millones de euros). La cantidad se acerca a la que calcula el Banco Mundial que hace falta para reconstruir el país invadido (350.000 millones de euros). Aunque esta cifra aumentará a medida que se alargue la guerra.

Como en el caso de la persecución penal, tampoco jurídicamente resulta fácil este camino. Después de analizar varias vías, la opción por la que se decanta la Comisión pasa por utilizar de forma temporal los activos congelados, ya que no pueden ser confiscados definitivamente, las sanciones son temporales y, por tanto, la expropiación definitiva no es posible. Este es solo uno de los obstáculos legales. Hay otros, como el hecho de que estos fondos no están vinculados al blanqueo de capitales, el terrorismo o el narcotráfico.

A pesar de que el uso de los fondos para reconstruir Ucrania sería temporal, Bruselas aspira a que sea definitivo a través de las negociaciones de paz. Su propuesta pasa por que se incluyan como compensación a Ucrania en las conversaciones para poner fin a la guerra.

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