Publicar no es un delito

Hace 12 años, el 28 de noviembre de 2010, nuestros cinco medios de comunicación internacionales —The New York Times, The Guardian, Le Monde, EL PAÍS y Der SpiegeL— publicaron una serie de revelaciones en colaboración con WikiLeaks que fueron noticia en todo el planeta.

El Cablegate, un conjunto de 251.000 documentos confidenciales del Departamento de Estado de Estados Unidos, destapó casos de corrupción, escándalos diplomáticos y enredos de espionaje a escala internacional.

En palabras de The New York Times, los documentos contaban “la historia sin tapujos de cómo los gobiernos toman sus decisiones más importantes, las que tienen un coste más alto para el país en vidas y dinero”. Incluso ahora, en 2022, periodistas e historiadores siguen publicando nuevas revelaciones a partir de ese fondo documental único.

Para Julian Assange, editor de WikiLeaks, la publicación del Cablegate y de otras filtraciones relacionadas ha tenido las consecuencias más graves. El 12 de abril de 2019, Assange fue detenido en Londres en cumplimiento de una orden de detención de Estados Unidos, y lleva ya tres años y medio recluido en una prisión británica de alta seguridad utilizada normalmente para terroristas y miembros de grupos del crimen organizado. Se enfrenta a la extradición a Estados Unidos y a una sentencia de hasta 175 años en una cárcel estadounidense de máxima seguridad.

Este grupo de directores y editores, todos los cuales hemos trabajado con Assange, sintió la necesidad de criticar públicamente su conducta en 2011, cuando se divulgaron copias no editadas de los documentos, y a algunos de nosotros nos preocupan las acusaciones que aparecen en el sumario, según las cuales intentó ayudar en la intrusión informática de una base de datos secreta. Pero ahora nos unimos para expresar nuestra profunda preocupación por la persecución continuada a Julian Assange por obtener y publicar materiales clasificados.

El Gobierno de Obama-Biden, en funciones durante la publicación de WikiLeaks en 2010, se abstuvo de denunciar a Assange con el argumento de que habría tenido que denunciar también a periodistas de los principales medios de comunicación. Su postura otorgaba una gran importancia a la libertad de prensa a pesar de las desagradables consecuencias. Sin embargo, con Donald Trump la postura cambió. El Departamento de Justicia se basó en una vieja ley, la Ley de Espionaje de 1917 (pensada para enjuiciar a posibles espías durante la I Guerra Mundial), que nunca se había utilizado para procesar a un editor o a una cadena.

Esta inculpación sienta un peligroso precedente y amenaza con socavar la Primera Enmienda de Estados Unidos y la libertad de prensa.

Exigir responsabilidades a los gobiernos forma parte de la misión principal de la prensa libre en una democracia.

Obtener y revelar información delicada es una parte fundamental del trabajo diario de los periodistas. Si este trabajo se criminaliza, nuestro discurso público y nuestras democracias se debilitan considerablemente.

Transcurridos 12 años desde la publicación del Cablegate, ha llegado el momento de que el Gobierno de Estados Unidos ponga fin a su persecución a Julian Assange por publicar secretos.

Publicar no es un delito.

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