La cementera francesa Lafarge pagará 778 millones de multa tras admitir que financió al Estado Islámico

El grupo cementero francés Lafarge se ha declarado culpable este martes en un juzgado de Manhattan (Nueva York) de las acusaciones de que brindó apoyo material y recursos al Estado Islámico de Irak y al-Sham (ISIS) y al Frente al-Nusrah (ANF). Como un alto directivo del grupo dijo a los directivos de su filial siria, estaban “dispuestos a compartir el pastel, si hay un pastel”. Es decir, la compañía llegó a acuerdos con el ISIS y el ANF para pagar un impuesto revolucionario y compartir con los grupos terroristas parte de sus beneficios en plena guerra civil siria a cambio de seguir operando en el país. El juez de distrito ha condenado a la compañía y su filial en Siria al pago de un total de 777,78 millones de dólares de multa, según ha informado el Departamento de Justicia de Estados Unidos en un comunicado.

El fiscal encargado del caso, Breon Peace, ha señalado lo excepcional de la sentencia: “Hoy, Lafarge ha admitido y asumido la responsabilidad de su asombroso crimen. Nunca antes se había acusado a una empresa de proporcionar apoyo material y recursos a organizaciones terroristas extranjeras. Esta acusación y esta resolución sin precedentes reflejan los extraordinarios delitos cometidos y demuestran que las corporaciones que emprenden acciones en contra de nuestros intereses de seguridad nacional, violando la ley, tendrán que rendir cuentas”, ha dicho a través de un comunicado.

Lafarge, que posteriormente fue comprada por la suiza Holcim, operó una planta de cemento en la región de Jalabiyeh, en el norte de Siria, a través de Lafarge Cement Syria (LCS), su filial en el país, de mayo de 2010 a septiembre de 2014. Tras el inicio de la guerra civil siria en 2011, Lafarge, que había invertido unos 680 millones de dólares en esa planta, negoció acuerdos para pagar a las facciones armadas en la guerra para proteger a los empleados de LCS, para asegurar la continuidad de la operación de la cementera de Jalabiyeh y para lograr una ventaja económica sobre sus competidores en el mercado sirio, según el Departamento de Justicia.

Correos electrónicos de esa época han revelado que los ejecutivos de Lafarge actuaban por razones económicas. Los directivos usaron sus cuentas personales en lugar de las de la empresa para intentar no dejar rastro de su conspiración, pero muchos de ellos han sido utilizados ahora como prueba, incluido el de 23 de julio de 2014, que hablaba de “repartirse el pastel”.

Lafarge compró las materias primas necesarias para fabricar cemento a proveedores controlados por el ISIS y pagó una especie de impuesto revolucionario mensual a grupos armados, incluidos el ISIS y el ANF, para que los empleados, clientes y proveedores pudieran atravesar los puestos de control de los grupos armados en las carreteras que rodean la planta de Jalabiyeh. El ISIS facilitó a los trabajadores de Lafarge salvoconductos que han sido usados como prueba en el caso. También acordaron realizar pagos al ISIS en función del volumen de cemento que la compañía vendía a sus clientes, lo que los directivos comparaban con el pago de “impuestos”.

Neutralizar a la competencia

Lafarge no solo trató de garantizar la seguridad, sino que también pagó al ISIS para que neutralizase a la competencia. Como condición para el acuerdo de reparto de ingresos, los ejecutivos buscaron la ayuda del grupo terrorista para imponer costes a los competidores que vendían cemento turco importado en el norte de Siria, que a menudo se vendía más barato que el cemento producido en la planta de cemento de Jalabiyeh.

Los ejecutivos dejaron claro a los intermediarios que negociaban con el ISIS que esperaban que el grupo terrorista tomara medidas contra los competidores de Lafarge, bien deteniendo la venta de cemento turco importado, bien imponiendo impuestos al cemento de la competencia para así Lafarge poder vender a mayor precio.

Desde agosto de 2013 hasta octubre de 2014, Lafarge pagó al ISIS y ANF, a través de intermediarios, el equivalente a 5,92 millones de dólares, tanto en pagos fijos mensuales a modo de “donaciones”, como en pagos a proveedores controlados por ISIS para la compra de materias primas y en pagos variables por la cantidad de cemento vendida. Lafarge y su filial también pagaron 1,11 millones de dólares a terceros intermediarios.

Cuando Lafarge finalmente evacuó la planta de cemento de Jalabiyeh en septiembre de 2014, el ISIS tomó posesión del cemento producido y lo vendió por unos 3,2 millones de dólares. Según el Departamento de Justicia, como resultado del esquema, Lafarge logró 70,3 millones de dólares en ingresos totales por ventas desde agosto de 2013 hasta 2014. “Las ganancias de todos los participantes en la conspiración, incluyendo a LCS, los intermediarios y los grupos terroristas, ascendieron a aproximadamente 80,54 millones de dólares”, añade.

Investigación interna

Holcim y Lafarge han admitido los hechos y han llegado a un acuerdo para que la sanción fuera esa. El grupo suizo dueño de Lafarge ha señalado en un comunicado que “ninguna de las conductas implicó a Holcim, que nunca ha operado en Siria, ni a ninguna operación o empleado de Lafarge en Estados Unidos, y contrasta fuertemente con todo lo que Holcim representa”. También destaca que los antiguos ejecutivos de Lafarge y de su filial siria implicados le ocultaron esos hechos antes y después de que comprase la empresa.

El grupo suizo explica que cuando se enteró de las acusaciones a través de los medios de comunicación en 2016, llevó a cabo “de forma proactiva y voluntaria” una amplia investigación, dirigida por un bufete de abogados de Estados Unidos y supervisada por el Consejo de Administración, que divulgó públicamente las principales conclusiones de la investigación en 2017 y destituyó a los antiguos ejecutivos de Lafarge y su filial siria que estaban involucrados en estos hechos.

“En medio de una guerra civil, Lafarge tomó la impensable decisión de poner dinero en manos del ISIS, una de las organizaciones terroristas más bárbaras del mundo, para poder seguir vendiendo cemento”, ha señalado el fiscal Peace en su comunicado. “Lafarge hizo esto no solo a cambio de permiso para operar su planta de cemento —lo que habría sido bastante malo— sino también para aprovechar su relación con ISIS para obtener ventajas económicas, buscando la ayuda de ISIS para perjudicar a la competencia de Lafarge a cambio de una parte de las ventas”, ha añadido.

La fiscal general adjunta Lisa O. Monaco, ha añadido: “En el mundo actual, la delincuencia empresarial se cruza regularmente con la seguridad nacional en ámbitos como la financiación del terrorismo, la evasión de sanciones y la ciberdelincuencia. Hoy, vemos esa intersección en su forma más cruda. Muchos de nuestros casos ponen de manifiesto la codicia y la corrupción de las empresas. Pero esta vez, los delincuentes empresariales se han unido a los terroristas en lugar de a los funcionarios corruptos del Gobierno”.

Lafarge también se enfrenta a cargos de complicidad en crímenes contra la humanidad en París por mantener esa fábrica en funcionamiento en Siria tras el estallido de la guerra civil en 2011.