Netanyahu trata de rentabilizar en las urnas su rechazo al acuerdo del gas con Líbano

A tres semanas de las elecciones, el ex primer ministro israelí y líder de la oposición derechista, Benjamín Netanyahu, ha encontrado en el acuerdo con Líbano sobre la frontera para la explotación de gas en el Mediterráneo la bala en la recámara que buscaba para arañar el diputado que le faltaría para formar Gobierno, según los sondeos.

El pacto con Líbano, anunciado este martes por el jefe de Gobierno israelí, Yair Lapid, tras dos años de negociaciones, cuenta con la bendición del aliado estadounidense, que ejerció como mediador (Joe Biden lo ha calificado de “histórico”). También de la cúpula militar, que considera que evita un potencial conflicto con Hezbolá (con quien Israel libró una guerra en 2006), salvaguarda los intereses de seguridad del país y promueve una fuente de ingresos que reducirá la influencia de Irán en el vecino en crisis. Además, no supone ceder territorio, va acompañado de una carta de garantías de Washington e incluye el pago a Israel del 17% de los beneficios que genere un yacimiento a ambos lados de la línea acordada, según precisó este martes Lapid en una rueda de prensa en Jerusalén.

Netanyahu, sin embargo, ha apostado por cargar contra el pacto proyectando una imagen de fortaleza que suele granjear votos en el país. “Este no es un acuerdo histórico, es una rendición histórica”, escribió en redes sociales este martes el dirigente israelí que más años (15) ha estado en el poder, del que fue apeado en 2021 por una variopinta coalición que se desintegró. “Durante más de una década, los gobiernos que lideré nunca se plegaron a las amenazas de [Hasan] Nasrala [líder de Hezbolá]. Nunca hubo guerra. Hasta que llegó Lapid. En tres semanas, se rindió completamente a las peticiones de Hezbolá. El día que entró en la oficina del primer ministro, Nasrala mandó drones contra la plataforma de gas [Karish] en nuestro territorio, algo que nunca se atrevió a hacer cuando yo lideraba el Gobierno. Le amenazó, y Lapid se asustó y se rindió”.

En un mensaje de tono electoralista, Netanyahu apuntó asimismo que el Estado judío “no puede permitirse un primer ministro débil y sin experiencia” en un momento de incertidumbre global y se comprometió a traer de vuelta “un liderazgo fuerte, con experiencia y responsable”.

Días antes, Bibi [como se conoce a Netanyahu] había acusado a Lapid en un mitin de “correr a extraer gas […] para dárselo a Nasrala y Hezbolá”. “Y, ¿qué hará Nasrala con ese dinero?”, preguntó a los asistentes. “¿Construir barrios? ¿Asentamientos? ¡No! Comprará misiles y se armará con cohetes […]. ¡Es vuestro dinero! ¡Es vuestro gas!”. Su partido, el conservador Likud, ha difundido este martes en Twitter una viñeta en la misma línea, acompañada de la frase “Lapid nos vende a Hezbolá”. Muestra un coche con el dirigente israelí al volante mientras Nasrala le apunta con una pistola desde el asiento trasero y le ordena que acelere hacia un precipicio.

No obstante, Netanyahu dio marcha atrás este martes en lo más importante: su intención de denunciar el acuerdo si regresa al poder, de mano de formaciones ultranacionalistas y del judaísmo ultraortodoxo. Dijo que lo gestionará de forma “responsable y decidida”, como hizo con “otros terribles acuerdos” que heredó de “anteriores gobiernos izquierdistas”. Cuando aún se estaba negociando, había advertido de que no se sentiría “comprometido” a mantenerlo.

Itamar Ben Gvir, número dos de la lista que aglutina a la ultraderecha religiosa más radical y que las encuestas sitúan como tercera fuerza, ha anunciado que pedirá de urgencia al Tribunal Supremo el bloqueo del pacto. Una ley aprobada en 2014 exige un referéndum o el apoyo de dos tercios de la Knesset ―una quimera para Lapid― para cualquier acuerdo que implique la entrega de territorio soberano israelí. No es el caso, pero Ben Gvir lo tacha de “robo” e “ilegal” porque sí la considera una cesión de tierras.

Por el contrario, socios de la coalición de Gobierno como el Partido Laborista o el izquierdista Meretz han salido en defensa del acuerdo. La líder del primero, Merav Mijaeli, ha pedido a Netanyahu “responsabilidad por el bien de la seguridad de Israel” y la del segundo, Zehava Gal-On, ha aplaudido a Lapid por “no ceder ante los belicistas” y dar “un primer paso hacia la paz”.

Parte de la polémica tiene que ver con la cuestión de si un Gobierno interino tiene legitimidad para aprobar un texto así en sus últimos días. Y con su decisión de no someterlo a sufragio parlamentario. No estaba legalmente obligado a ello, pero habría sido lo preferible, en opinión de la fiscal general, Gali Baharav-Miara. Tampoco en Líbano el texto se someterá al Parlamento.

Una carrera contra el reloj

Puede que el Gobierno haya lanzado las campanas al vuelo demasiado pronto. Los plazos para la aprobación del acuerdo son tan ajustados que pueden hundirlo, incluso en un país acostumbrado a maniobras y negociaciones políticas de último minuto. Este mediodía lo ha aprobado en Consejo de Ministros, con el único voto en contra de la titular de Interior, la derechista Ayelet Shaked, en plena lucha por llegar al 3,25% de votos necesarios para mantener la representación, cambiar de bando y apoyar a Netanyahu.

Luego ha sido enviado a la Knesset para que todos los diputados lo estudien, sin votarlo. Es muy inusual convocar un pleno en medio de la sucesión de fiestas judías que concluye el próximo martes. Pero como el texto tiene que permanecer dos semanas en el Parlamento antes de que el Gobierno pueda ratificarlo, haber esperado al fin de las fiestas habría retrasado la ratificación hasta al menos el día 31, es decir, justo la víspera de los comicios y el día que concluye el mandato del presidente libanés, Michel Aoun. El Supremo ha rechazado la petición de una ONG de derechas para paralizar el acuerdo temporalmente, pero cualquier otro retraso legal podría ser clave.

Someter a voto el pacto evitaría esta carrera contra el reloj, pero el Ejecutivo, en minoría, no quiere arriesgarse. Menos en un momento en el que los partidos piensan más en las urnas que en la estabilidad del país. 

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