Lula se topa con la dificultad para hablar de lucha contra la violencia

Eran casi las 11.00 del miércoles cuando un locutor anunció a gritos: “¡El papá llegó!” y desató la euforia en el Complexo do Alemão. Luiz Inácio Lula da Silva llegó en volandas a lo alto de un vehículo que le pasearía durante la mañana por la principal avenida que corta este conjunto de favelas de la periferia norte de Río de Janeiro, uno de los barrios más pobres y violentos de la ciudad. Desde que arrancó la campaña en agosto, Lula sobrevive a una agenda frenética que le lleva a tomar varios aviones en un día para visitar todos los rincones del país. Pero en todo este tiempo no había visitado una favela. La expectación era máxima.

Tras los empujones y codazos para poder tocar la mano al favorito para convertirse en próximo presidente de Brasil, llegó el momento de los discursos. Lula habló poco más de 20 minutos y repasó los temas habituales: si gana, los pobres volverán a comer tres veces al día, las universidades serán para todos, habrá un Ministerio de los pueblos indígenas y otro para la igualdad racial. Habló incluso de acabar con la plantación de soja en la Amazonia y del precio del barril de petróleo. Ni una palabra sobre la violencia endémica que azota a las favelas de Río y de buena parte del país. La única referencia fue para decir rápidamente que “no será la policía la que resuelva los problemas de la comunidad”, sino el Estado haciendo lo que tiene que hacer: invertir en educación, salud, ocio y cultura para sus habitantes.

El desfile de Lula en el Complexo do Alemão arrancó en los alrededores del colegio Tim Lopes, que lleva el nombre de un periodista brutalmente asesinado por narcotraficantes hace 20 años. Tras ser secuestrado y torturado, fue quemado vivo dentro de un cilindro de neumáticos, un método tristemente conocido como ‘el microondas’. Desde la conmoción que ese crimen generó en el país pocas cosas han cambiado en el Alemão en materia de seguridad pública. El narcotráfico sigue imponiendo su ley y la policía sigue con sus incursiones marcadas por la fuerza bruta. El pasado mes de julio, una operación de la Policía Militar acabó con la vida de 22 personas. La guerra entre facciones rivales y de estas con la policía, deja en el cielo un rastro de balas perdidas que aterroriza a los vecinos y obliga a interrumpir las clases en los colegios de estos barrios día sí, día también.

Entre los seguidores del expresidente, sus propuestas para luchar contra la violencia son una incógnita. María Rosa Balman, farmacéutica residente en otra favela, el Morro de São Carlos, es una entusiasta de Lula. Recita de carrerilla todas las mejoras que su familia vivió durante sus años de Gobierno: fue la primera de su familia en estudiar en la universidad, financió su apartamento con las ayudas estatales y su hija hoy es abogada gracias a las cuotas para estudiantes negros, pero para en seco al ser preguntada por las propuestas del PT para reducir los índices de violencia: “Eso puede que sea su punto débil, puede que haya que mejorar eso. No sé decirte qué propuestas son, pero lo que Bolsonaro propone no resuelve nada. Su solución es entrar disparando, matando pobres. Eso no es una solución, el crimen continúa”, critica.

La campaña de Bolsonaro basa su discurso en la mano dura contra la delincuencia y las facilidades para que el ciudadano de a pie se compre un arma. Atribuye a ello la caída en el número de homicidios. Brasil registró en 2021 el menor número de muertes violentas desde 2007, con 41.000 víctimas mortales, según el Fórum Brasileño de Seguridad Pública. Los especialistas lo atribuyen a múltiples factores, pero Bolsonaro ya usa ese dato a su favor. A pesar de la mejora, Brasil está entre los más peligrosos del mundo: ocupa la octava posición en un ránking de 102 países, pero la lucha contra la violencia suele quedar en un segundo plano en los discursos de Lula, que suele vincularla a la falta de oportunidades, una relación causa-efecto que no siempre se cumple. En los años del Partido de los Trabajadores (PT) en el poder, la desigualdad y la pobreza tocaron mínimos históricos, pero las muertes violentas experimentaron una curva ascendente. La mayoría de esos muertos eran jóvenes negros de la periferia de las grandes ciudades y morían víctimas de la guerra policial contra el narcotráfico o en las batallas internas entre facciones.

“Honestamente, es una de las pocas críticas que tengo a Lula y Dilma [Rousseff, expresidenta]”, dice Thiago Paes, un joven, negro y “favelado” que trabaja como profesor de educación física en el Alemão. Dice que la izquierda “revolucionó” el barrio ayudando a construir centros deportivos y escuelas técnicas, pero se equivocó al apoyar proyectos como el de las UPPs (Unidades de Policía Pacificadora). “Salió el tiro por la culata. Muchos vecinos, incluso niños, murieron por ese proyecto”. La “pacificación” de las favelas de Río, anunciada a bombo y platillo en vísperas del Mundial de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016, acabó siendo un rotundo fracaso.

Fue en aquellos años preolímpicos en que los Gobiernos del PT mandaron incluso al Ejército para “limpiar” de narcotraficantes el Alemão o la Maré, en controvertidas operaciones muy criticadas por los activistas de los derechos humanos. En 2007, cuando era presidente, Lula minimizó las críticas después de que una operación policial dejara 13 muertos en el mismo Alemão que este miércoles visitó, diciendo que no se podía combatir a los delincuentes “con pétalos de rosa”. Lopes, igual que muchos otros jóvenes, está convencido de que nada cambiará mientras siga en marcha esta “guerra idiota” contra las drogas que no da ningún tipo de resultado. Aboga por la despenalización, algo que en el Brasil de hoy suena a ciencia ficción. Hasta los políticos a la izquierda del PT dejaron de hablar de legalizar las drogas por miedo a perder votos.

Normalmente, en su defensa, Lula o el presidente de turno alegan que la seguridad pública es una competencia transferida a los Gobiernos de los Estados, y que desde Brasilia hay poco margen de maniobra, más allá de mejorar la coordinación. La policía de Río de Janeiro, Estado gobernado en los últimos años por fuerzas bolsonaristas, es la más letal de Brasil desde hace tiempo, aunque en proporción al número de habitantes la policía que más mata es la del Estado de Bahía. En menos de dos años, los agentes mataron a 461 personas, según datos de la Red de Observatorios de Seguridad. Prácticamente todas eran negras. Bahía está gobernado por el PT de Lula desde hace 16 años.

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