Caos, impagos y críticas en la movilización rusa para ir al frente en Ucrania

Un mismo ejército, pero con diferentes pagos. La caótica movilización decretada por Vladímir Putin con el fin de engrosar el colectivo de personas listas para ir al frente de Ucrania ha agrandado aún más las diferencias sociales en Rusia. El portavoz del Kremlin admite que algunas regiones carecen absolutamente de medios para apoyar a las familias de los nuevos reclutas, y los nuevos soldados se dirigen públicamente a las autoridades “angustiados, por decirlo de alguna forma”, porque no han tenido tiempo ni para arreglar los papeles del banco. Por su parte, el mandatario ruso intenta controlar el daño que ha provocado en su imagen la movilización, que ha reclutado ya a unas 200.000 personas, según datos del Kremlin, y que ha impulsado a miles de rusos a abandonar el país. Para tratar de suavizar ese malestar, Putin ha anunciado una nueva exención que afecta a los estudiantes, uno de los colectivos más sensibles.

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Putin firma un decreto en el que incluye "correcciones" en la campaña de movilización

El líder de un grupo de más de medio centenar de movilizados de Omsk, todos ellos ya vestidos con uniformes de camuflaje, declaró el martes ante las cámaras: “Dejamos a nuestras familias en casa. Algunos tienen hijos, esposas con baja de maternidad. Nos hacemos la siguiente pregunta: ¿Movilizarán los pagos? ¿Nos pagarán? Nuestros hogares los necesitan, el sostén de la familia se ha ido”. “No sabemos qué pasará allí [en Ucrania], pero sabemos que otras regiones rusas pagarán a sus hombres de manera constante” a través de ayudas locales o regionales, denuncia el recluta, civil hasta hace pocas semanas.

Esta situación y el pago de las hipotecas les provoca esa angustia. El Gobierno anunció una moratoria en los préstamos para los movilizados, pero la realidad ha chocado con la burocracia rusa porque los bancos exigen que presenten ellos los papeles o den un poder a sus familias. “No tuve tiempo. La citación me llegó por la tarde y a la mañana siguiente tenía que estar en el punto de reclutamiento”, añade.

Una vez movilizados, los contratos de trabajo son suspendidos y los ciudadanos llamados a filas pasan a cobrar como los soldados profesionales que participan en la guerra de Ucrania, 195.000 rublos mensuales (unos 3.300 euros), casi tres veces el salario medio ruso, según el portal estatal Obyasniáyem. Un sueldo considerable, pero a costa de un enorme riesgo, por lo que cada región ha intentado ofrecer más ayudas para reducir el enfado de sus ciudadanos.

“En Kémerovo pagan 200.000 rublos de apoyo. En Krasnoyarsk, 100.000. En Novosibirsk, Altái y Omsk no hemos decidido nada por tener ciertos problemas de presupuesto. Está claro que Moscú puede pagarle a un combatiente 50.000 rublos más al mes, pero otras regiones no tienen esa oportunidad”, ha admitido el gobernador de Omsk, Alexánder Búrkov, en una entrevista concedida a un medio local.

En la lejana provincia de Sajalín, bañada por el mar de Japón, los padres de los movilizados han recibido una caja de pescado, mientras que el alcalde de Moscú ha firmado una nueva orden para facilitar empleos y guarderías a los hijos de estos nuevos soldados. El portavoz de Putin, Dmitri Peskov, admitió el miércoles que no todas las regiones pueden permitirse ayudar a sus ciudadanos. “Existen muchos programas con una gran carga en los presupuestos regionales. Ahora hay otro peso adicional. Algunas tienen un margen [presupuestario] de seguridad, mientras que en otras es mínimo o no existe ninguno. Todo se resolverá con la cooperación federal”, afirmó Peskov.

Además, muchos moscovitas se encontraron el miércoles con una sorpresa en sus puertas. Los reclutadores dejaron las citaciones de reclutamiento pegadas con celo en las entradas de los hogares, incluso cuando ahí no residía su objetivo, sino su inquilino, según ha confirmado a este periódico uno de los afectados. Los canales Baza y Moskvá Live también informaron de más casos en la capital. Según Obyasniáyem, esta práctica es ilegal y los reclutadores deben ser denunciados ante la policía.

La movilización no ha concluido aún. Cada día se escucha una nueva anécdota de conocidos, como la carta llegada a casa de los padres de un joven que vive en Francia desde hace más de una década. Según el ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, ya han reclutado a 200.000 de los 300.000 civiles que querían llamar a las armas, y los centros de alistamiento han pospuesto hasta noviembre el inicio de la campaña de otoño de la mili porque ahora están ocupados con la movilización. El servicio militar es obligatorio en Rusia hasta los 27 años y por ley está prohibido enviar al frente a los cadetes, aunque el Kremlin ha reconocido que esto ha sucedido a lo largo de estos meses “por error”.

Cientos de miles de hombres han huido de Rusia en las últimas dos semanas para evitar la movilización, aunque el vicepresidente Dmitri Chernishenko ha asegurado que más de 70.000 ciudadanos se han presentado como voluntarios. En cualquier caso, quienes no quieren ir a la guerra se enfrentan a la cárcel ―hasta 10 años― y apenas tienen escapatoria. La plataforma periodística Astra ha revelado una decena de casos en los que los hombres fueron localizados por el sistema de cámaras inteligentes de Moscú, incluido un policía que fue detenido por sus compañeros. Además, también se ha conocido el primer proceso penal contra un objetor. El abogado y activista de Ágora Pável Chikov contó en sus redes sociales que un hombre de 32 años de Penza se negó a firmar su citación y fue llevado a comisaría, donde se interpuso denuncia en su contra.

Cada sindicato barre para casa

Cuando anunció su polémica movilización, Putin especificó que solo serían llamados a filas los reservistas con experiencia militar previa, algo que no ha sucedido ni ha amparado su propio decreto, vacío de especificación alguna. Sindicatos y patronales, silenciosos durante décadas ante los abusos de las autoridades y la guerra, han pedido ahora que sus trabajadores no sean reclutados. El último ha sido el Sindicato Ruso del Libro, que se ha dirigido por carta al Ministerio de Industria y Comercio para pedir que no llamen a su personal gráfico porque el sector de la impresión “ha llegado a su punto máximo” ante la falta de personal, el material obsoleto y la falta de repuestos por las sanciones. Anteriormente, otros sectores, como la Asociación de Farmacias Independientes, también apelaron a la exención.

El Ministerio de Defensa elaboró una orden al inicio de la movilización donde especificaba algunas categorías de ciudadanos que no serían llamados a filas, como los trabajadores de telecomunicaciones, los empleados de los medios estatales o los estudiantes de universidades públicas. Sin embargo, el texto era ambiguo y los reclutadores siguieron llamando a gente de estos colectivos. El Ministerio de Información Digital publicó otra lista con 195 puestos de telecomunicaciones que pueden evitar la guerra, entre ellos los periodistas y diseñadores de medios estatales.

En un encuentro con estudiantes celebrado el miércoles, Putin quiso zanjar una de estas polémicas que han dañado notablemente su popularidad. El mandatario decretó que tampoco serán llamados al frente los alumnos de universidades privadas con acreditación estatal, los estudiantes de posgrado y los estudiantes de instituciones religiosas.

Como curiosidad, los sacerdotes de la iglesia ortodoxa, uno de los grandes pilares de Putin para defender su guerra contra Ucrania, sí pueden ser llamados a las armas, según el servicio de información del Gobierno. El Patriarca de Moscú, Kirill, ha afirmado recientemente que morir en el frente “limpia todos los pecados” y ha glorificado “la verdadera hazaña” del soldado ruso que va a esta guerra “por amor a su patria”. Sin embargo, su servicio de prensa ha aclarado esta semana que los monjes no pueden luchar por sus votos.

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