Israel condena a un cooperante palestino con pruebas secretas tras seis años de detención

El ingeniero palestino Mohamed Halabi, de 45 años, director de la ONG internacional World Vision en Gaza, fue detenido en 2016 por las fuerzas de seguridad israelíes en el paso fronterizo de Erez cuando regresaba a la Franja tras asistir a una reunión de trabajo en Jerusalén. El Shin Bet, servicio de inteligencia interior, le acusó de haber desviado fondos de la organización humanitaria por un monto superior a los 50 millones de euros para las milicias de Hamás, el movimiento islamista que gobierna de facto el enclave costero desde 2007. Tras seis años de detención sin juicio, un tribunal de Beersheva (sur de Israel) le ha declarado este miércoles culpable de colaboración con grupo terrorista, sin fijar aún una condena —que será anunciada el mes que viene—, que puede acarrearle hasta 20 años de cárcel. Organizaciones como Human Rights Watch han cuestionado la validez del largo proceso contra Halabi, “basado sobre todo en pruebas secretas” presentadas al tribunal por los servicios de inteligencia y que no se han hecho públicas “por razones de seguridad nacional”.

Jalil Halabi, de 67 años, padre del cooperante gazatí encarcelado en Israel, ha encabezado una campaña por la liberación de su hijo en la que ha llamado a intervenir en su favor a dirigentes y diplomáticos de todo el mundo para frenar un “proceso kafkiano”. “Mohamed es inocente y no acepta las acusaciones, por eso ha rechazado todos los acuerdos con la Fiscalía que podrían ponerle en libertad a cambio de reconocer su culpabilidad”, declaraba el mes pasado a EL PAÍS en su casa de la capital de Gaza, convertida en una especie de santuario, con fotografías, carteles y mensajes de quien durante una década fue el responsable de una de las principales ONG internacionales que operan en Palestina.

El temor a sufrir la interminable detención del ingeniero Halabi llevó a la trabajadora humanitaria española Juana Ruiz, de 63 años, que permaneció 10 meses en prisión antes de salir en libertad el pasado febrero, a aceptar declararse culpable de “colaboración con una organización ilegal” y “tráfico de divisas en Cisjordania”, a pesar de considerarse “completamente inocente”. Después de pasar los tres meses restantes de condena pactada en arresto domiciliario en su casa familiar cercana a Belén, Juana Ruiz se encuentra ya desde este mes en España.

La ONG World Vision, especializada en ayuda humanitaria a los niños y presente en un centenar de países, llevó a cabo en 2017 una auditoria externa de las cuentas de su delegación en Gaza sin haber echado en falta fondos en ninguna de las partidas manejadas por Halabi. Durante 10 años, el ingeniero palestino administró 22,5 millones de dólares (21,6 millones de euros). Los auditores subrayaron que era “difícil de reconciliar” esa suma con el monto de dinero desviado descrito en la acusación de Shin Bet. La investigación que ordenó el Gobierno de Australia, uno de los principales donantes de World Vision, tampoco detectó irregularidades.

Después de haber sido reprendido formalmente por el Tribunal Supremo de Israel por la lentitud del proceso de Halabi, el tribunal de Beersheva le ha condenado por los cargos de pertenencia a organización terrorista, con la que colaboró y a la que facilitó información; por participación en ejercicios militares prohibidos y por portar armas ilegalmente. Maher Hanna, abogado de Halabi, confirmó que su cliente había recibido varias ofertas de acuerdo con la fiscalía para salir en libertad, pero rechazó todas ellas porque no reconocían su inocencia.

“World Vision se muestra disconforme con el fallo de Beersheva contra el señor Halabi, y por ello va a apoyar el recurso que piensa presentar ante el Supremo”, declaró a la puerta de la sede del tribunal Sharon Marshall, directora de relaciones públicas de la ONG, citada por Reuters. “A la vista de las pruebas que tenemos, creemos en su inocencia”, apostilló.

El Gobierno israelí, encabezado entonces por el conservador Benjamín Netanyahu, aprovechó la detención del cooperante palestino en 2016 para cuestionar las actividades de las ONG internacionales en los territorios palestinos ocupados por Israel desde 1967. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores citado por Efe ha asegurado ahora que “cualquier desvío de fondos humanitarios con fines terroristas es un acto reprobable a expensas del bienestar de los habitantes de Gaza”. “Israel continuará utilizando las herramientas a su disposición para prevenir tales crímenes”, agregó la misma fuente diplomática,

Organizaciones humanitarias que operan en Palestina han cuestionado el uso abusivo que hace Israel de confidentes e informantes anónimos para presentar cargos contra ONG internacionales y palestinas. Estas críticas concuerdan con los datos contenidos en la información que el propio Ministerio de Exteriores israelí facilitó a varios países europeos, y a la que tuvo acceso EL PAÍS, cuando fueron ilegalizadas en 2021 varias organizaciones de la sociedad civil palestina, entre ellas Comités de Trabajo para la Salud, a la que pertenecía Juana Ruiz.

La ONG Human Rights Watch, con sede en Nueva York, ha calificado el veredicto de culpabilidad dictado contra Halabi como “un error judicial, tras seis años de detención, basados sobre todo en pruebas declaradas secretas y presentadas a puerta cerrada, lo que supone una burla al debido proceso legal”. James Heenan, director de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU para Palestina, ha expresado también dudas sobre si el proceso contra el exdirector de World Vision en Gaza se ha desarrollado conforme a estándares internacionales procesales penales.

El fallo de culpabilidad se basa ampliamente en una confesión del detenido, presuntamente obtenida en un interrogatorio por agentes del Shin Bet sin asistencia letrada, bajo presión y mediante malos tratos, según la defensa de Halabi, que ya ha anunciado que recurrirá la decisión judicial ante el Tribunal Supremo. El tribunal de Beersheva considera que la confesión de Halabi “es coherente, específica y ofrece detalles únicos no conocidos antes”, según informa The Jerusalem Post. El mismo diario, que da detallada cuenta de los cargos presentados por la acusación y admitidos por el tribunal, informa también de que el abogado del procesado cuestiona que la resolución no incluya ni el origen de los fondos desviados hacia Hamás ni sus movimientos. El mismo tribunal ha dictado una orden que declara secreto el contenido de gran parte del fallo “por razones de seguridad nacional”, lo que impide que pueda hacerse público su contenido.

“A mi hijo le han sometido a 170 vistas en seis años, y han presentado 25 cargos en su contra”, explicaba con desesperación Jalil Halabi, empleado jubilado de la Unrwa, la agencia para los refugiados palestinos de la ONU, en Gaza, las tribulaciones del detenido desde 2016, casado y con cinco hijos. Mostraba a EL PAÍS pocas semanas antes del juicio miles de correos electrónicos a ONG, cartas a embajadores europeos o a congresistas de EE UU en favor de su hijo. “Estuvo 52 días incomunicado, sometido a torturas”, denunciaba. “En la enfermería de la cárcel solo le dieron un calmante tras sufrir dolores insoportables durante semanas”, abundaba. “Le acusaron de colaborar con Hamás, pero en esta familia todos somos de Fatah (partido nacionalista que controla la Autoridad Palestina), y fueron ellos (los islamistas) los que nos echaron del poder en Gaza hace ahora 15 años”, protestaba con voz quebrada el padre de Mohamed Halabi.

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