Israel pone en marcha el desplazamiento forzoso de un millar de palestinos

La yerma desolación de la aldea de Fajit se halla a apenas 50 kilómetros al sur de Jerusalén, pero parece el fin del mundo. Las desérticas colinas del sur de Hebrón arden ya a las nueve de la mañana del primer día de junio mientras las excavadoras arrasan la vivienda de Wadja Abu Shahar. “Mi madre me trajo al mundo en esta tierra, y este polvo es lo primero que respiré. Nunca me marcharé de aquí”, gime esta palestina de 60 años rodeada de su familia. Las palas del buldócer acaban de reventar los tubos que sostenían las tiendas que les servían de alojamiento y almacén de aperos. Sustituían a las construcciones que 20 días atrás habían sido derribadas por la llamada Administración Civil del Ejército, órgano que gestiona la ocupación de los territorios palestinos desde 1967.

En la comarca de Masafer Yata, soldados y policías de fronteras han dejado sin vivienda a punta de fusil a 68 palestinos, la mitad de ellos menores de edad, desde que el Tribunal Supremo reconoció el mes pasado la declaración como campo de tiro de 3.300 hectáreas de tierras dictada por las Fuerzas Armadas en 1981. Las fuerzas de seguridad han intensificado las demoliciones desde que los jueces rechazaron el último recurso presentado por más de un millar de habitantes del sur de Cisjordania, amenazados ahora de expulsión después de haber batallado desde hace más de dos décadas en los tribunales contra su desahucio. En 1999, más de 700 beduinos fueron desplazados por la fuerza de sus hogares de las rocosas colinas del sur de Hebrón, pero el Supremo israelí suspendió la orden castrense de desalojo y ordenó que regresaran a sus tierras. Ahora ha dado luz verde a la expulsión.

“Ya nada es igual. Ya no tenemos protección legal. Los militares pueden presentarse sin previo aviso cuando quieran para volver a derribar las construcciones que consideren ilegales”, reconoce Nidal Abu Yunis, alcalde de la mancomunidad de Masafer Yata, ante los restos de la vivienda de la campesina Wadja Abu Shahar. Otros 12 habitantes de la aldea se encontraban en su misma situación, pensando dónde iban a dormir esa noche.

El aplastamiento de las estructuras con maquinaria pesada impide que puedan ser reutilizadas. En un improvisado consejo municipal, el alcalde Abu Yunis se reunió de urgencia con las familias de la aldea para organizar la reconstrucción tras las demoliciones. “Nos quedamos para seguir resistiendo”, propuso el regidor a los vecinos.

Ovejas y cabras pastaban entre los escombros. Operarios contratados por la Administración Civil del Ejército habían retirado poco antes los escasos muebles y utensilios de los beduinos. Camastros, cocinas y sillas permanecían al sol mientras las excavadoras iban arrasando uno tras otro tres cobertizos y dos viviendas. Desde la valla de la escuela comarcal, construida gracias a donaciones de Italia, Francia y Reino Unido, decenas de alumnos observaban cómo se derrumbaba el paisaje de la aldea.

“Ayub, Nahgan, Fadi y Shadin dormirán esta noche al raso”

“Ayub, de nueve años; Nahgan, de 12; Fadi, de 12, y Shadin, de 14, van a dormir esta noche al raso”, pasaba lista, circunspecto, Haitam Abu Sabah, de 43 años, director del centro educativo donde estudian un centenar de escolares de primaria y secundaria de Masafer Yata. “Ya no sabemos cómo ayudar a estos niños en estado de choque; las demoliciones se están convirtiendo en una rutina”, detallaba el director junto a otros dos profesores. “Hace ya tiempo que dejaron de tener una vida normal”, sentenciaba bajo las fotografías de Yasir Arafat, líder histórico palestino, y Mahmud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina. “Israel se jacta de ser un Estado de derecho, pero a nosotros solo nos aplican hechos consumados”, protestaba Abu Sabah, antes de argumentar: “Y Europa, que nos ayudó al construir esta escuela, ahora mira para otro lado y solo tiene ojos para Ucrania”.

La Delegación (Embajada) de la UE para Palestina ha advertido a través de Twitter de que la decisión del Tribunal Supremo supone una quiebra de la legislación internacional, ya que, como poder ocupante, Israel tiene la obligación de proteger a la población civil. En Estados Unidos, 83 senadores y congresistas demócratas se han dirigido al Departamento de Estado para que evite la expulsión de los palestinos de Masafer Yata, informa el diario israelí Haaretz.

Activistas palestinos, israelíes y extranjeros se juegan el tipo a diario campo a través para documentar las expulsiones. Se ven obligados a recorrer pistas impracticables con todoterrenos para evitar que los soldados les confisquen los vehículos por haber irrumpido en el campo de tiro militar. Documentan el reiterado drama que viven a pleno sol familias beduinas que ven arrasadas sus viviendas y viven bajo permanente amenaza de expulsión. La pacifista israelí Yasmin Eran Baradi, de 22 años; el fotógrafo palestino de Masafer Yata Nasser Nawayeh, de 34, o el voluntario argentino Bruno (declina facilitar su apellido), de 38, miembro de la ONG cristiana Programa Ecuménico de Acompañamiento en Palestina e Israel, son algunos de los que graban vídeos y toman imágenes que llegan hasta el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

“Nuestra principal misión es evitar el sufrimiento de la población civil”, resume Nawayeh, que colabora con la ONG israelí B’Tselem. “Nuestra gente está empezando a tomarse en serio que después de la decisión del Supremo las cosas van a ir a peor”, advierte. Desde Ginebra, la relatora especial para los derechos humanos en los territorios ocupados palestinos, Francesca Albanase, ha advertido junto con otros expertos de la ONU de que “situar en riesgo de desplazamiento forzoso y expulsión arbitraria a los residentes en Masafer Yata supone una violación del derecho humanitario internacional”. “El Tribunal Supremo ha dado carta blanca al Gobierno israelí para perpetuar la opresión de los palestinos”, remacha la relatora Albanese, quien resalta que la vulneración de la Cuarta Convención de Ginebra, que prohíbe el desplazamiento forzoso de población en territorio ocupado, puede constituir un crimen de guerra.

Para Israel, que controla en exclusiva el 60% de Cisjordania comprendido en la llamada Área C de los Acuerdos de Oslo (1993), los beduinos de Masafer Yata son nómadas que no han residido permanente en esa comarca, incluida en el Área C, cuya gestión escapa a la Autoridad Palestina. El Supremo ha acabado reconociendo las alegaciones de las Fuerzas Armadas de que las tierras de las colinas del sur de Hebrón estaban deshabitadas al declararse la zona como campo de tiro y maniobras, y que los actuales ocupantes deben ser desalojados por razones de seguridad. Las autoridades israelíes, sin embargo, han autorizado o tolerado la construcción de colonias judías en las inmediaciones de la zona militar, como el asentamiento de Maon o la colonia salvaje (no reconocida por el Gobierno) de Havat Maon.

La cercana aldea palestina de Um al Jair, con un centenar de vecinos, está separada por una valla de seguridad del colindante asentamiento de Carmel (450 habitantes). Los pastores palestinos alegan que compraron sus tierras en 1948, recién llegados desde la desértica zona de Adar, al noreste del Negev, tras ser expulsados del recién creado Estado de Israel. Los colonos judíos fundaron el moshav (granja cooperativa) de Carmen en 1982 sobre terrenos expropiados a los beduinos de Um al Jair, donde la Administración Civil del Ejército deniega sistemáticamente la licencia de construcción por razones de seguridad.

Una quinta parte del Área C ha sido declarada zona militar para campos de tiro y maniobras desde el inicio de la ocupación. “Delimitar un sector como zona de maniobras es un paso previo habitual para expulsar a la población palestina de una parte de Cisjordania”, sostiene la ONG pacifista israelí B’Tselem. “El paso siguiente es ceder más adelante parte del territorio a organizaciones de colonos para que levanten asentamientos”.

Escenario de guerra entre los escombros

La aldea de Markaz de Masafer Yata es ahora un escenario de guerra. Las demoliciones de mayo se entremezclan con los derribos acometidos el primer día de junio. “Quieren que nos vayamos de aquí desesperados”, sentencia Mohamed al Nayar, de 67 años, quien acaba de asistir a la destrucción de sus tiendas de campaña y cobertizos agrícolas provisionales, al igual que otros siete vecinos de la aldea. Su esposa rehúsa hablar con los visitantes mientras contempla con mirada perdida su sofá en un solar sembrado de cascotes. Al Nayar, entretanto, trata de asearse bajo el grifo en un lavadero de cocina que aún sigue en pie.

—¿Dónde van a dormir esta noche?

—En una cueva, como si fuera una tumba, replica Al Nayar, quien señala la oquedad excavada en un desmonte.

Su familia se afana en volver a conectar la bomba del pozo para que el agua vuelva a fluir por el lavadero, milagrosamente intacto entre los escombros de Markaz como un improbable símbolo de permanencia. Sobre los más de 1.000 beduinos de esta tierra yerma pesa la amenaza de uno de los mayores desplazamientos forzosos de población desde el inicio de la ocupación israelí de los territorios palestinos, de la que ahora se cumplen 55 años.

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